El Congreso argentino acaba de aprobar una transformación profunda del mercado de trabajo que amplía la jornada diaria hasta 12 horas, reduce las indemnizaciones por despido, limita el derecho de huelga y flexibiliza el pago de salarios. La medida, impulsada por La Libertad Avanza, supone el cambio más radical a la legislación laboral del país desde 1974 y ha desatado una huelga general y protestas en todo el territorio.
El presidente argentino Javier Milei logró el pasado 20 de febrero uno de sus mayores triunfos legislativos desde que llegó al poder en diciembre de 2023: la aprobación en la Cámara de Diputados de una reforma laboral de amplio alcance que el Senado ha refrendado pese a la convocatoria de una huelga general. La nueva normativa desmonta buena parte de la legislación laboral vigente desde 1974 y recoge demandas históricas del empresariado argentino. La prensa local destaca que se trata de un logro que no consiguieron gobiernos de derecha anteriores.
El contexto en que se aprueba la reforma no es menor. Argentina registra una inflación del 32,9% anual, una tasa de informalidad laboral del 43,3% y ha perdido cerca de 294.000 empleos registrados entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025. El empleo asalariado formal ha caído casi un 3% en ese período, afectando especialmente a la industria, la construcción y el comercio. Con los sindicatos debilitados y la economía estancada, el Gobierno de La Libertad Avanza ha encontrado el terreno despejado para avanzar en una reforma que divide a economistas, empleadores y trabajadores.
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Jornadas de hasta 12 horas y el fin del pago de horas extraordinarias
La nueva ley modifica de forma sustancial la organización del tiempo de trabajo. Hasta ahora, la jornada laboral ordinaria máxima en Argentina era de nueve horas diarias, igual que en España. Con la reforma, esa jornada puede extenderse hasta 12 horas, siempre que el total semanal no supere las 48 horas. La medida otorga al empleador la facultad de distribuir libremente las horas a lo largo de la semana mediante un sistema de banco de horas.
La consecuencia práctica es que el pago de horas extraordinarias deja de ser obligatorio. Si un trabajador realiza 12 horas un día, el empresario puede compensar ese exceso con jornadas más cortas en otros días sin abonar ningún plus. Hasta la entrada en vigor de esta norma, cualquier hora que superase la jornada ordinaria debía retribuirse como hora extra. El economista Juan Torres, catedrático jubilado de la Universidad de Sevilla, considera que la medida «proporciona unas condiciones casi de esclavitud» al eliminar el concepto de derecho laboral como límite a la voluntad del empleador.
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El despido se abarata con la versión argentina de la «mochila austriaca»
La reforma introduce el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo de indemnización por despido que se financia con aportaciones de las empresas. El problema, según sus críticos, es que esas aportaciones proceden de las contribuciones que los empleadores realizaban hasta ahora a la seguridad social para financiar las pensiones de los trabajadores. El modelo se inspira en el sistema conocido como «mochila austriaca», implantado en varios países europeos, aunque con diferencias relevantes en su aplicación.
El Gobierno de Milei sostiene que se mantiene la indemnización de un mes de salario por año trabajado o fracción mayor de tres meses. Sin embargo, del cálculo de esa indemnización quedan excluidos los complementos salariales, las pagas extraordinarias, los días de vacaciones y otros pluses. Además, el pago podrá fraccionarse en hasta 12 mensualidades. El resultado, coinciden sindicatos y expertos críticos con la reforma, es una reducción notable del coste efectivo del despido para las empresas. El Gobierno argentino argumenta, por su parte, que la medida reducirá la conflictividad laboral en los tribunales.
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El derecho de huelga y la actividad sindical, bajo presión
La nueva legislación no suprime formalmente el derecho de huelga, pero introduce restricciones significativas. La norma fija servicios mínimos del 50% y del 75% en un amplio conjunto de sectores que pasan a catalogarse como esenciales, entre ellos la educación y los servicios aduaneros. Esa ampliación de la lista de sectores esenciales reduce considerablemente el número de trabajadores que pueden ejercer el derecho de huelga en condiciones plenas.
La reforma también introduce cambios en la ley de asociaciones sindicales que los propios sindicatos han calificado de regresivos. Las asambleas de trabajadores deberán contar con autorización previa del empleador, no podrán interferir en el funcionamiento ordinario de la empresa y el tiempo destinado a esas asambleas no será remunerado. Estas modificaciones han sido el principal detonante de la huelga general convocada por los sindicatos argentinos en los días previos a la aprobación parlamentaria de la reforma.
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Salarios variables y el peso creciente de la productividad
Otro de los cambios que incorpora la nueva ley afecta directamente a la estructura del salario. La reforma permite que una parte creciente de la retribución del trabajador quede vinculada a la productividad de la empresa, lo que reduce el peso de los componentes fijos del sueldo y amplía la capacidad del empleador para fijar los componentes variables. Los críticos advierten de que esto introduce una mayor arbitrariedad en la determinación del salario real.
La norma incluye además una disposición que ha generado especial controversia: permite que los salarios sean abonados total o parcialmente en moneda extranjera o incluso «en especie, habitación o alimentos». En una economía donde el dólar tiene un peso estructural en la vida cotidiana, la posibilidad de pagar en divisas puede interpretarse como una vía para eludir los mecanismos habituales de negociación colectiva. El salario medio bruto en Argentina se sitúa actualmente en torno a 1.150 dólares mensuales, insuficiente en muchos casos para cubrir el coste de vida.
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Vacaciones fraccionadas y período de prueba ampliado a seis meses
La reforma modifica también el régimen de vacaciones. Hasta ahora, los trabajadores tenían derecho a disfrutar de un bloque largo y continuo de descanso anual. Con la nueva legislación, las vacaciones podrán dividirse en varios tramos a lo largo del año, siempre que cada período tenga una duración mínima de siete días corridos. La ventana temporal para su disfrute se mantiene entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, con un preaviso mínimo de 30 días por parte del empleador.
El último punto controvertido es la ampliación del período de prueba. La nueva ley lo extiende de tres a seis meses para la mayoría de los trabajadores, y hasta ocho meses en el caso de empresas con cinco empleados o menos. Durante ese tiempo, la relación laboral puede extinguirse sin derecho a indemnización de ningún tipo. Para Torres, estas medidas en conjunto reflejan «el paradigma de lo que pretenden los anarcoliberales como Milei: volver al siglo XIX y recortar los derechos laborales y sociales conseguidos a lo largo de los últimos cien años». El economista advierte además de que reformas de este tipo, orientadas a reducir costes laborales en lugar de apostar por la innovación, «se van a convertir a medio plazo en un freno para el desarrollo tecnológico» del país.
