La Comisión de Asuntos Exteriores aprobó este miércoles por 19 votos a 18 una proposición no de ley que insta al Ejecutivo a rechazar las «medidas coercitivas unilaterales» de Estados Unidos contra la isla y a liderar una posición firme en la Unión Europea. La iniciativa, impulsada por Sumar y enmendada por el PSOE, salió adelante gracias al bloque de la coalición gobernante, pero la abstención de Junts y su voto final con la derecha deja en evidencia las fracturas del mapa parlamentario.
El Congreso de los Diputados aprobó este miércoles una proposición no de ley —una iniciativa parlamentaria de carácter no vinculante que expresa la posición de la Cámara pero no obliga jurídicamente al Gobierno— en la que insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a exigir en todos los foros internacionales el levantamiento de las medidas coercitivas impuestas por la administración de Donald Trump contra Cuba. La votación, celebrada en la Comisión de Asuntos Exteriores, se saldó con el resultado más ajustado posible: 19 votos a favor frente a 18 en contra. A favor votaron los diputados del PSOE, Sumar y el resto de socios parlamentarios de la coalición gobernante; en contra, los del Partido Popular (PP), Vox y, de forma significativa, Junts.
El texto aprobado insta al Gobierno a expresar su rechazo a las decisiones arancelarias de la administración Trump por considerar que constituyen «una violación del derecho internacional» y agravan las condiciones de vida del pueblo cubano. Asimismo, reclama reafirmar el compromiso con los principios de la Carta de las Naciones Unidas (ONU), en particular la igualdad soberana de los Estados y la no injerencia en los asuntos internos, y pide al Ejecutivo que lidere en la Unión Europea (UE) y en los organismos multilaterales «una posición firme» contra este tipo de medidas. La iniciativa también incluye un llamamiento a reforzar la cooperación bilateral con Cuba en materia energética, alimentaria y farmacéutica.
Qué aprobó el Congreso y qué significa
La proposición fue presentada originalmente a principios de febrero por el portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Enrique Santiago, y respaldada por un amplio abanico de grupos parlamentarios: Sumar, Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, el Bloque Nacionalista Galego (BNG), Compromís y Coalición Canaria. El texto llegó a la Comisión de Asuntos Exteriores con una enmienda del PSOE que suavizó algunas formulaciones sin alterar el fondo de la iniciativa, lo que permitió la votación conjunta de todo el bloque de Gobierno.
Es importante precisar el alcance real de lo aprobado: una proposición no de ley fija la posición política de la Cámara, pero el Ejecutivo no está obligado a actuar en consecuencia. El valor de la iniciativa es fundamentalmente simbólico y de orientación política, aunque envía una señal clara sobre la posición mayoritaria del Congreso respecto a las relaciones entre España y Estados Unidos en el contexto de la política exterior hacia Cuba. El texto recuerda que España ha votado reiteradamente a favor de las resoluciones de la Asamblea General de la ONU que condenan el bloqueo estadounidense a la isla, resoluciones que Washington ha ignorado sistemáticamente desde 1992.
El detonante: la orden ejecutiva de Trump del 29 de enero
La iniciativa parlamentaria llegó en respuesta directa al endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra Cuba ordenado por Trump mediante una orden ejecutiva firmada el 29 de enero de 2026, en la que declaró una «emergencia nacional» en relación con la isla. La medida establece aranceles sobre todos los países que comercien con petróleo con Cuba, lo que en la práctica amenaza el suministro de combustible a la isla y podría, según los partidos firmantes de la proposición, provocar el colapso de sus infraestructuras básicas: hospitales, red eléctrica y transporte.
Cuba lleva más de seis décadas sometida al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, una política que la comunidad internacional ha condenado de forma reiterada en los foros multilaterales sin que Washington haya modificado su posición. Los grupos parlamentarios que respaldaron la iniciativa en el Congreso español enmarcan las nuevas medidas de Trump en lo que describen como una concepción «hegemónica» de las relaciones internacionales que trata a América Latina como una esfera de influencia exclusiva de Washington, en una lógica que consideran heredera de la doctrina Monroe —formulada en 1823 y que establecía la oposición de Estados Unidos a la intervención europea en el continente americano— y de sus reinterpretaciones contemporáneas. La semana previa a la votación, una docena de diputados de ocho formaciones se reunió en el Congreso con el embajador de Cuba en España, Marcelino Medina, quien agradeció el respaldo parlamentario.
La fractura parlamentaria: Junts con PP y Vox
El resultado de la votación, 19 a 18, pone de relieve una dinámica parlamentaria que va más allá del debate sobre Cuba. Los 18 votos en contra procedieron del PP, de Vox y de Junts per Catalunya, partido de orientación independentista que en esta ocasión se alineó con la derecha española y la ultraderecha en lugar de votar con los socios habituales del Gobierno. La decisión de Junts de votar en contra —en vez de abstenerse o apoyar la iniciativa, como hicieron ERC o EH Bildu— es el dato político más llamativo de la jornada y refleja la posición cada vez más autónoma y errática de la formación de Carles Puigdemont respecto al bloque de investidura que sostuvo a Sánchez en 2023.
La iniciativa aprobada no tiene precedentes directos en la política exterior española hacia Cuba, aunque sí se inscribe en una tradición parlamentaria de condena al bloqueo. Lo que la distingue es su formulación explícita de rechazo a decisiones concretas de la administración Trump y su petición al Gobierno de que adopte un papel activo de liderazgo en la UE contra este tipo de medidas. En Bruselas, la postura europea sobre Cuba ha sido históricamente más matizada que la de Washington: la UE mantiene un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con La Habana desde 2016, suspendido temporalmente ese mismo año tras sanciones por violaciones de derechos humanos, pero reanudado posteriormente. La resolución del Congreso añade presión política sobre el Gobierno español para que utilice ese marco europeo como palanca diplomática frente a las políticas de la Casa Blanca.
