El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha desclasificado este miércoles 153 unidades documentales procedentes de los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Los documentos, accesibles de forma gratuita en la web oficial del Gobierno, revelan conversaciones del rey Juan Carlos I con los generales golpistas, la implicación de agentes del servicio de inteligencia y los escenarios que manejaban los conspiradores antes del asalto al Congreso.
Cuarenta y cinco años después del intento de golpe de Estado que interrumpió la sesión de investidura del presidente Leopoldo Calvo-Sotelo, España ha hecho públicos los documentos oficiales clasificados sobre el 23-F. A partir del mediodía de este miércoles, la web de La Moncloa ha puesto a disposición de cualquier ciudadano 153 unidades documentales que permanecían protegidas bajo distintos niveles de clasificación en los archivos de tres departamentos ministeriales.
Los documentos pueden consultarse de forma íntegra y gratuita en la siguiente dirección: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/paginas/desclasificacion-documentos-23f.aspx
La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, subrayó en la presentación que se trata de «toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento» en poder del Estado sobre el golpe que el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero protagonizó el 23 de febrero de 1981, cuando irrumpió armado en el hemiciclo del Congreso de los Diputados al grito de «¡quieto todo el mundo!» La desclasificación fue aprobada en Consejo de Ministros el 24 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles.
153 unidades de tres ministerios
Los documentos proceden de tres archivos distintos. El Ministerio de Defensa aporta la parte más voluminosa, que incluye informes del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) —predecesor del actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI)—, transcripciones de conversaciones telefónicas intervenidas durante y después del golpe, documentación sobre los procesados en la denominada Causa 2/81, y una serie de análisis internos sobre el ambiente en los cuarteles durante el juicio. El Ministerio de Interior contribuye con informes de la Dirección General de la Policía, entre ellos uno que detalla el estudio de un hipotético asalto armado al Congreso durante las horas del golpe. El Ministerio de Asuntos Exteriores, por su parte, aporta correspondencia diplomática, incluidos documentos sobre las reacciones internacionales y el contacto del entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, con el rey Juan Carlos I.
Entre las piezas más singulares figura un documento manuscrito, fechado en noviembre de 1980, con una posible planificación previa del golpe. También se han desclasificado transcripciones de llamadas telefónicas intervenidas a la esposa de Tejero durante las horas del asalto, así como conversaciones entre el propio Tejero y el único civil condenado por el golpe, Juan García Carrés. El conjunto documental abarca un periodo que va desde los meses previos al golpe hasta las gestiones realizadas durante el juicio, celebrado en 1982.
Los hallazgos principales
Los primeros análisis de los documentos permiten identificar varios hallazgos de relevancia histórica. El más llamativo es la inclusión, en un croquis manuscrito atribuido a los propios golpistas, de referencias al rey Juan Carlos I como «objetivo a batir y anular», con la anotación de que el monarca «no puede ser considerado ni como un símbolo a respetar». Este detalle refuta la teoría, sostenida durante décadas en determinados círculos, de que el rey habría tenido conocimiento o connivencia previa con los conspiradores.
Los documentos también revelan que seis miembros de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CESID «participaron activamente» en el intento de golpe y trataron posteriormente de ocultar su implicación, según los informes del Ministerio de Defensa. Se desclasifica asimismo una conversación «muy tensa» entre el rey y el general Alfonso Armada —uno de los principales cabecillas del golpe— entre las 20:00 y las 21:00 horas del 23 de febrero, así como las órdenes que Juan Carlos I transmitió al general Jaime Milans del Bosch para que retirara los tanques desplegados en Valencia. Por último, un informe interior del CESID fechado en febrero de 1982 recoge rumores sobre supuestas reuniones confidenciales del rey con los generales procesados antes del juicio, con el propósito de que «la Corona no salga lesionada del proceso».
Reacciones políticas y debate abierto
La desclasificación ha generado reacciones inmediatas en el arco político. El Partido Popular (PP) replicó con una demanda de desclasificación de los registros de los viajes en avión oficial (Falcon) realizados por el Gobierno, en lo que algunos analistas interpretan como un intento de equiparar la iniciativa con otras polémicas de transparencia. El presidente Sánchez respondió preguntando públicamente por qué al PP le incomoda conocer los documentos del 23-F, situando el debate en el terreno de la memoria democrática.
Desde el punto de vista histórico, la publicación abre un debate sobre las lagunas que los documentos no consiguen cerrar. El expresidente Felipe González, quien gobernó España entre 1982 y 1996 y vivió de cerca las secuelas del golpe, señaló que le gustaría que se conociera «todo el proceso del 23-F» y en particular el papel del rey Juan Carlos I, aunque descartó que hubiera en el monarca «tentación de otra naturaleza» aquella noche. La desclasificación no zanja las incógnitas históricas sobre la cadena de mando y los apoyos civiles al golpe, pero proporciona por primera vez un corpus documental oficial con el que contrastar décadas de versiones, memorias y especulaciones sobre la noche más larga de la democracia española.
