El Gobierno anunció este lunes la apertura de los archivos secretos del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, coincidiendo con su 45.º aniversario. La decisión va más allá de lo histórico: afecta a la transparencia institucional, a las alianzas parlamentarias del Ejecutivo y al futuro de una ley de secretos heredada de la dictadura franquista.
Cuarenta y cinco años después del intento de golpe de Estado que sacudió la joven democracia española, el presidente Pedro Sánchez anunció el lunes que el Gobierno desclasificará los archivos secretos relacionados con el 23 de febrero de 1981. La medida, efectiva a partir del miércoles con su publicación en el Boletín Oficial del Estado, abrirá al escrutinio público documentos que incluyen los archivos del servicio de inteligencia de la época, el sumario judicial completo del proceso celebrado en 1982 y las comunicaciones de Casa Real y Moncloa durante aquella noche decisiva.
El anuncio ha desencadenado un intenso debate político que divide al Parlamento no tanto en quienes apoyan o rechazan la apertura de los archivos —casi nadie se opone a ella en términos históricos— sino en su interpretación y alcance. El Partido Popular la califica de «cortina de humo», mientras la izquierda y los socios parlamentarios del Gobierno la aplauden pero la consideran insuficiente, exigiendo una reforma más profunda de la Ley de Secretos Oficiales vigente desde 1968. Para entender qué está en juego, estas son las cinco claves fundamentales.
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Qué son los documentos del 23F y por qué seguían clasificados
El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió con guardias civiles en el hemiciclo del Congreso de los Diputados durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, mientras el general Jaime Milans del Bosch sacaba los tanques a las calles de Valencia. El golpe fracasó, en buena medida por la intervención del rey Juan Carlos I, pero muchos de sus detalles más sensibles —qué actores conocían el plan de antemano, qué papel exacto jugaron distintas instituciones, qué grabaciones existen de aquella noche— nunca han sido plenamente esclarecidos ante la ciudadanía.
La razón de esa opacidad es legal: la Ley de Secretos Oficiales de 1968, aprobada durante la dictadura del general Francisco Franco, no establece plazos automáticos de caducidad para la información clasificada. Eso significa que los documentos pueden permanecer bajo secreto de forma indefinida, salvo decisión expresa del Gobierno de turno. Sucesivos ejecutivos de distinto signo político no tomaron esa decisión durante cuatro décadas. Sánchez, eligiendo el 45.º aniversario como fecha simbólica, ha optado por dar el paso que sus predecesores postergaron.
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Qué archivos se abrirán y cuáles permanecen fuera del alcance
La desclasificación incluirá tres grandes bloques documentales. El primero es el sumario completo del juicio, custodiado en el Tribunal Supremo, que consta de 89 legajos con grabaciones originales, declaraciones de los implicados e interrogatorios. El segundo son los archivos del CESID —Centro Superior de Información de la Defensa, el servicio de inteligencia de la época—, que reúne documentos internos y transcripciones de las escuchas realizadas durante la noche del golpe, clasificados en su día como «alto secreto». El tercer bloque abarca las comunicaciones de Casa Real, Moncloa y los informes de movilización de las regiones militares.
Sin embargo, la apertura no afecta a otros expedientes que partidos como el PNV o EH Bildu reclaman con igual o mayor urgencia. Quedan fuera los documentos relativos a los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria —cuando cinco sindicalistas murieron en cargas policiales durante la Transición—, el caso de Mikel Zabalza —detenido en 1985 y hallado muerto en el río Bidasoa—, y los archivos vinculados a los crímenes atribuidos a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Estos expedientes, más recientes pero igualmente clasificados, permanecen bajo secreto oficial.
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Por qué la derecha habla de «cortina de humo»
La portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso, Ester Muñoz, fue contundente al conocer el anuncio: «Vamos a cortina de humo al día. Se cumplen los pasos del colapso total», escribió en la red social X. La crítica popular no niega la legitimidad histórica de abrir los archivos del 23F, pero cuestiona el momento escogido por Sánchez, interpretando la decisión como un recurso para desviar la atención de las dificultades que atraviesa el Ejecutivo en materia de gestión y alianzas parlamentarias.
El trasfondo político no es menor. El anuncio se produjo días después de que ERC, uno de los apoyos clave del Gobierno, descartara negociar los presupuestos catalanes por falta de acuerdo en torno al IRPF, en un contexto en que los socialistas encadenan semanas complicadas en el plano legislativo. La propia secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, aunque valoró positivamente la apertura de los archivos, acusó a Sánchez de haberse «sacado de la chistera» la desclasificación para tapar sus problemas de «gestión y liderazgo». La coincidencia de esta crítica desde la izquierda independentista refuerza la lectura que el PP intenta instalar en la opinión pública.
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Por qué la izquierda y los socios del Gobierno dicen que es insuficiente
Sumar, IU y Podemos aplaudieron el anuncio con matices inmediatos. La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz lo calificó de «acto de responsabilidad con nuestro pasado», pero el ministro de Cultura Ernest Urtasun, portavoz de Sumar, pidió acelerar el siguiente paso: la reforma de la ley de secretos. El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, fue más directo al declarar: «Falta la aprobación de una nueva Ley de Secretos Oficiales. Estamos todavía en la ley del franquismo de 1968, que es la que hay que cambiar antes de que acabe la legislatura.»
Los partidos nacionalistas vascos, PNV y EH Bildu, fueron los más exigentes en sus demandas. Desde su perspectiva, la desclasificación del 23F no puede ser un episodio aislado: ambas formaciones reclaman que el Gobierno extienda la apertura de archivos a otros sucesos dolorosos de la historia reciente. La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, reconoció que la medida es «una buena noticia» y que «demuestra que con voluntad política es posible levantar los secretos», pero instó al Gobierno a aplicar esa misma lógica a los expedientes sobre el 3 de marzo de Vitoria, el caso Zabalza y los crímenes de los GAL.
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La Ley de Secretos Oficiales de 1968, el verdadero debate pendiente
La norma que regula qué puede mantenerse en secreto en España tiene 58 años y fue aprobada durante la dictadura franquista. La Ley de Secretos Oficiales de 1968 no establece plazos de caducidad automática para la información clasificada, lo que permite que documentos de interés histórico y democrático permanezcan vedados al público de forma indefinida. Esta arquitectura legal, criticada desde hace décadas por historiadores, periodistas y organizaciones de transparencia, contrasta con los marcos normativos de la mayoría de democracias europeas, donde la desclasificación progresiva y automática es la norma.
El Gobierno aprobó el pasado verano su propio proyecto de Ley de Información Clasificada, que introduce la desclasificación automática a los 35 años —prorrogable excepcionalmente a 45— y garantiza la compatibilidad entre la protección de la seguridad nacional y el derecho ciudadano a la información. Sin embargo, la iniciativa lleva meses paralizada en el Congreso. El PNV y otros partidos llevan presentando proposiciones análogas en varias legislaturas sin que ninguna haya llegado a prosperar. La desclasificación del 23F reabre el debate con fuerza, pero la pregunta de fondo sigue pendiente de respuesta: cuándo dotará España a su democracia de una ley de secretos a la altura del siglo XXI.
