El Gobierno anunció este lunes que el Consejo de Ministros aprobará el martes la apertura de los archivos clasificados del intento de golpe de Estado de 1981. Los documentos incluyen los archivos de inteligencia, el sumario judicial completo y las comunicaciones de Casa Real y Moncloa durante aquella noche. El anuncio ha dividido a la clase política: la derecha lo califica de «cortina de humo» mientras la izquierda y los socios del Ejecutivo exigen una reforma legal más profunda.
Pedro Sánchez aprovechó el 45.º aniversario del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 para anunciar que el Consejo de Ministros aprobará este martes la desclasificación de los documentos que durante cuatro décadas han permanecido bajo secreto oficial. «La memoria no puede estar bajo llave», declaró el presidente del Gobierno a través de sus redes sociales, añadiendo que la medida busca «saldar una deuda histórica con la ciudadanía». La publicación efectiva de los archivos está prevista para el miércoles, una vez que aparezca la correspondiente resolución en el Boletín Oficial del Estado.
El anuncio se produce en una fecha cargada de simbolismo. El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió al frente de guardias civiles en el hemiciclo del Congreso de los Diputados durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, mientras el general Jaime Milans del Bosch sacaba los tanques a las calles de Valencia. El golpe fracasó tras la intervención del rey Juan Carlos I, pero las circunstancias completas de aquella noche —qué actores conocían el plan, qué instituciones estuvieron implicadas, qué grabaciones existen— nunca fueron plenamente aclaradas ante la ciudadanía.
Qué documentos se abrirán al público
Entre los archivos pendientes de desclasificar figura el sumario completo del juicio conservado en el Tribunal Supremo, que consta de 89 legajos e incluye grabaciones originales, declaraciones de los implicados e interrogatorios. También se abrirán los archivos del CESID —Centro Superior de Información de la Defensa, el servicio de inteligencia de la época—, que reunía documentos internos y transcripciones de escuchas realizadas durante la noche del golpe, clasificados en su momento como «alto secreto». Junto a estos, el Gobierno prevé desclasificar las comunicaciones de Casa Real, Moncloa y los informes de movilización emitidos por las distintas regiones militares.
A partir del miércoles, toda esa documentación estará accesible a través de la página web oficial de Moncloa, sin necesidad de acudir a ningún archivo físico. El Gobierno ha avanzado que la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ofrecerá los primeros detalles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el partido del presidente, se celebró la iniciativa con la afirmación de que «salda una deuda histórica con la ciudadanía» y supone un paso definitivo en el compromiso democrático con la transparencia pública.
La decisión, sin embargo, no ha generado el consenso político que el Ejecutivo podría haber esperado. Lejos de ello, ha desencadenado un debate que recorre todo el espectro parlamentario: desde quienes la atacan como un gesto oportunista hasta quienes la aplauden pero la consideran insuficiente frente a la magnitud del problema histórico y legal que subyace. Las reacciones más duras llegaron desde el Partido Popular, cuya portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, lanzó una crítica directa al presidente sin entrar a valorar el contenido histórico de los documentos.
La derecha ve una maniobra de distracción
«Vamos a cortina de humo al día. Se cumplen los pasos del colapso total», escribió Muñoz en la red social X en respuesta al mensaje de Sánchez. La portavoz popular no cuestionó la legitimidad histórica de abrir esos archivos, pero sí el momento y la forma del anuncio, interpretando la iniciativa como un intento del Ejecutivo de desviar la atención de sus dificultades políticas actuales. La crítica del PP se enmarca en una estrategia sostenida de presentar cada iniciativa gubernamental de alto impacto mediático como un recurso de distracción política.
Una lectura similar, aunque desde el independentismo catalán, ofreció la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Elisenda Alamany. En una entrevista en RNE, Alamany valoró positivamente la publicación de los informes —»ya era hora»—, pero acusó a Sánchez de haberse «sacado de la chistera» la desclasificación para tapar sus problemas de «gestión y liderazgo». El contexto de su declaración resulta revelador: días antes, el portavoz de ERC, Oriol Junqueras, había descartado negociar los presupuestos catalanes con el Gobierno por falta de acuerdo en torno al IRPF.
La izquierda y los nacionalistas piden ir más lejos
Desde el otro extremo del espectro, los socios de izquierda del Ejecutivo y los partidos nacionalistas vascos coincidieron en aplaudir la medida, pero reclamaron que fuera solo el inicio de un proceso más ambicioso. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se sumó al anuncio afirmando que desclasificar los archivos del 23F es «un acto de responsabilidad con nuestro pasado y compromiso con un futuro más democrático y fuerte». Sin embargo, tanto Sumar como IU y Podemos pusieron el foco de inmediato en lo que todavía falta.
El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, calificó la medida de «insuficiente» y urgió a Sánchez a aprobar, antes de que concluya la legislatura, una nueva Ley de Secretos Oficiales. «Estamos todavía en la ley de secretos oficiales del franquismo de 1968», advirtió Maíllo. La reforma de esa norma —aprobada durante la dictadura del general Francisco Franco y que no contempla plazos automáticos de desclasificación— es una antigua reivindicación de varios partidos que ha naufragado en distintas legislaturas por falta de acuerdo parlamentario.
Los partidos nacionalistas vascos elevaron aún más las exigencias. El PNV y EH Bildu reclamaron extender la apertura de archivos a episodios más recientes y dolorosos de la historia española: los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria —cuando cinco sindicalistas murieron en cargas policiales—, el caso de Mikel Zabalza y los crímenes atribuidos a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). «Hagamos memoria de verdad. Con todo», publicó en X la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, quien también exigió desclasificar «los documentos sobre el caso Zabalza o los sucesos del 3 de marzo en Gasteiz».
El Gobierno tiene pendiente de tramitación parlamentaria su propio proyecto de Ley de Información Clasificada, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado verano, que introduce plazos automáticos de desclasificación: los documentos catalogados como «secreto» se abrirían al cabo de 35 años, prorrogables excepcionalmente diez años más. Sin embargo, la iniciativa lleva meses paralizada en el Congreso. La desclasificación del 23F, bien recibida en términos históricos por casi todo el arco parlamentario, ha vuelto a colocar sobre la mesa una pregunta que la trasciende: cuánto tiempo puede tardar España en superar la arquitectura legal del secreto que heredó de la dictadura.
