El ministro español de Asuntos Exteriores compareció este lunes ante el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Bruselas para solicitar formalmente el inicio del proceso de levantamiento de las sanciones individuales contra Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. Albares afirmó percibir «sintonía» entre los Veintisiete y subrayó que el gesto debe servir como señal de respaldo a los avances democráticos impulsados por Caracas tras la aprobación unánime de la ley de amnistía.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, trasladó este lunes a sus homólogos comunitarios la propuesta española de iniciar el proceso para levantar las sanciones individuales que la Unión Europea (UE) mantiene sobre Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. La intervención tuvo lugar durante el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) celebrado en Bruselas, donde España había solicitado expresamente un punto del orden del día dedicado a la situación venezolana. A su llegada a la reunión, Albares se mostró optimista sobre la disposición de sus socios: «He hablado con ellos, he hablado también con la alta representante. Hay una sintonía, hay una comprensión», declaró ante los medios.
La iniciativa llega días después de que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobara por unanimidad una ley de amnistía para presos políticos, hecho que el Gobierno español ha saludado como una «buena noticia» y el punto de partida de lo que Albares denomina una «nueva etapa» en la relación entre Caracas y la comunidad internacional. El ministro anticipó la propuesta el pasado viernes desde Barcelona, argumentando que «las sanciones nunca son un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar fines». En esa misma lógica, sostuvo que si Venezuela está dando pasos en la dirección deseada, «la Unión Europea tiene que darlos también».
Qué sanciones se piden levantar y por qué ahora
Las medidas restrictivas que España pide revisar son de carácter individual y afectan específicamente a Delcy Rodríguez en su condición de presidenta encargada del país. Incluyen un veto de entrada al territorio de la Unión Europea y la congelación de los activos que pueda tener en el bloque. Estas sanciones fueron impuestas en un contexto político anterior, cuando Rodríguez ejercía como vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, en respuesta a la situación de los derechos humanos y la falta de garantías democráticas en Venezuela. Albares subrayó la paradoja que, a su juicio, supone mantenerlas: «Es un poco chocante que la actual presidenta mantenga unas sanciones que vienen arrastradas del momento en que era vicepresidenta».
El ministro también apuntó a una práctica habitual en la diplomacia europea para reforzar su argumento: la UE tiende a evitar sancionar a presidentes y ministros de Exteriores de los países con los que mantiene interlocución, precisamente para preservar los canales de diálogo. Bajo esa lógica, retirar las restricciones sobre Rodríguez no equivaldría a una exoneración política, sino a normalizar las condiciones de interlocución con quien encabeza el Gobierno venezolano. Albares animó además a la UE a mantener con Caracas el tipo de diálogo que, en su opinión, ya está ejerciendo Estados Unidos con el Ejecutivo venezolano.
El argumento español: señal diplomática, no exoneración
La posición española descansa en una distinción central: las sanciones son un instrumento al servicio de un objetivo político, no el objetivo en sí. Una vez que ese objetivo —en este caso, promover el diálogo democrático y la liberación de presos políticos— empieza a materializarse, mantener las restricciones pierde su justificación instrumental y puede incluso dificultar el proceso. Albares ha reiterado esta tesis en distintas ocasiones en los últimos días, añadiendo que el levantamiento de las sanciones a Rodríguez enviaría al Gobierno venezolano «una señal para que siga por ahí» y confirmaría que los avances tienen consecuencias concretas.
En esa dirección, el ministro celebró que la amnistía haya sido aprobada con los votos de la oposición venezolana, calificando la unanimidad parlamentaria de elemento significativo. Al mismo tiempo, instó al Ejecutivo de Caracas a ampliar el alcance de la medida y a crear «las condiciones para que los venezolanos que en este momento están en el exterior puedan volver si así lo desean». España acoge a unos 200.000 venezolanos, circunstancia que otorga a Madrid un interés particular en el desarrollo político del país caribeño y que ha influido en su posicionamiento más activo respecto a otros socios europeos.
El proceso requiere unanimidad de los Veintisiete
A pesar del tono optimista de Albares, no se esperaba una decisión definitiva en la reunión de este lunes. El levantamiento de sanciones en el marco de la política exterior común de la UE exige la unanimidad de los veintisiete Estados miembros, un umbral elevado que hace improbable una resolución inmediata. El ministro reconoció que la reunión serviría para «plantear e iniciar el proceso», no para cerrarlo. No obstante, expresó su confianza en que el trámite pueda avanzar «rápidamente» una vez abierta la discusión formal, dado el nivel de comprensión que afirmó haber encontrado entre sus interlocutores, incluida la alta representante para Política Exterior, la estonia Kaja Kallas.
La propuesta española coincide con un momento de recomposición de la política europea hacia Venezuela, después de años de relaciones tensas marcadas por las disputas en torno a los resultados electorales de 2024 y la represión posterior. La aprobación de la amnistía ha abierto una ventana de oportunidad que España quiere aprovechar para que la UE recupere protagonismo en un proceso de diálogo que, de otro modo, podría quedar reducido a la esfera de influencia estadounidense. Albares fue explícito al respecto: la Unión Europea «no puede quedarse fuera de ese diálogo» que Washington y Madrid ya están impulsando.
