El juzgado número 14 de violencia contra la mujer de Madrid ha cerrado las diligencias abiertas tras la denuncia por agresión sexual que una mujer presentó en diciembre contra el primer presidente del Gobierno de la democracia. La muerte del expresidente en 2014 y la prescripción de unos hechos que se remontan a los años ochenta impiden cualquier consecuencia penal. La denunciante, que acredita haber sido reconocida como víctima de violencia de género, buscaba una reparación simbólica que el sistema judicial no está en condiciones de ofrecer.
El juzgado número 14 de violencia contra la mujer de Madrid ha archivado este viernes las diligencias previas abiertas a raíz de la denuncia que una mujer presentó el pasado 9 de diciembre ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional contra Adolfo Suárez González, primer presidente del Gobierno de la democracia española. La resolución, adelantada por RTVE, era jurídicamente previsible desde el momento en que se interpuso la denuncia: Suárez falleció en marzo de 2014 y los hechos denunciados, que la mujer sitúa entre 1982 y 1985, llevan décadas prescritos conforme a la legislación penal aplicable en el momento en que presuntamente ocurrieron. El caso, sin embargo, abrió en diciembre un debate público sobre los límites del sistema judicial ante las víctimas de agresiones sexuales históricas y sobre el tratamiento de figuras emblemáticas de la Transición.
La denunciante, que en los medios que dieron a conocer su caso aparece identificada bajo el nombre ficticio de Ariadna, tiene actualmente 60 años. Según el relato recogido en la denuncia, los presuntos abusos habrían comenzado cuando ella tenía 17 años y se habrían prolongado durante tres años, con encuentros que se habrían producido en el despacho del expresidente y en su domicilio particular en la urbanización La Florida de Madrid. La Policía Nacional tramitó el escrito y lo remitió a los juzgados de Plaza de Castilla, donde quedó asignado al juzgado de violencia contra la mujer que ahora ha dictado el archivo.
Por qué se archiva y qué implica jurídicamente
La resolución del juzgado descansa en dos obstáculos procesales insalvables que concurren simultáneamente. El primero es la muerte del denunciado: el fallecimiento de Suárez extingue la responsabilidad penal y hace inimputable a cualquier persona ya fallecida, por lo que no cabe continuar ningún procedimiento en su contra. El segundo es la prescripción: los hechos denunciados han sido analizados conforme al Código Penal vigente en el momento en que habrían tenido lugar, una normativa establecida durante el franquismo y parcialmente reformada en 1978 para adaptarse a la Constitución, que establecía plazos de prescripción sensiblemente más cortos que los actuales y que tipificaba los delitos contra la libertad sexual bajo la denominación de «delitos contra la honestidad».
La confluencia de ambos factores cierra definitivamente la vía penal, pero no invalida por sí misma el relato de la denunciante ni su condición de víctima. El juzgado no ha entrado a valorar la veracidad de los hechos descritos en la denuncia, sino únicamente la viabilidad procesal de continuar unas diligencias que carecen de objeto jurídico. Ariadna cuenta con un documento expedido por la Comunidad de Madrid que la acredita como víctima de violencia de género, así como con informes que documentan la atención psicológica recibida a lo largo de los años, circunstancia que elDiario.es pudo verificar antes del archivo.
El relato de la denunciante y su recorrido
En la denuncia, cuyo contenido trasladaron en diciembre varios medios, Ariadna describía haber sido contactada inicialmente a través del hijo del expresidente, con quien coincidió en la Universidad San Pablo CEU, y haber mantenido posteriormente encuentros con Suárez en su despacho que derivaron en lo que ella relata como agresiones sexuales reiteradas bajo coacción e intimidación. «Era una niña de 17 años a la que no le habían dado nunca un beso», declaró en una entrevista con Público. La mujer aseguró haber contado lo sucedido a su entorno familiar y haber recurrido a terapia psicológica en distintos momentos de su vida.
En 2003, cuando tenía 38 años y era madre de una niña, Ariadna envió una carta al domicilio del expresidente en la que le pedía explicaciones y le describía las consecuencias que los presuntos abusos habían tenido en su trayectoria vital. Suárez nunca respondió. La decisión de presentar la denuncia formal llegó más de dos décadas después, motivada en parte, según el propio escrito policial, por la «revictimización» que la denunciante experimentó al ver la figura del expresidente ensalzada en series de televisión y actos institucionales.
«Adolfo Suárez ya falleció. Yo no», escribió en la denuncia. En el escrito, Ariadna señalaba también a dos personas del entorno del expresidente como presuntos cómplices encubridores: la entonces secretaria de Suárez y expolítica del Partido Popular Gádor Ongil, e Inocencio Hernández Amores, secretario personal del expresidente, ya fallecido. Ninguno de los aludidos respondió a las preguntas formuladas por los medios que publicaron el caso.
Los límites del sistema ante las víctimas históricas
El archivo de este caso ilustra una tensión que el sistema judicial español no ha resuelto: la que existe entre los plazos de prescripción penal y los tiempos reales en los que las víctimas de agresiones sexuales son capaces de denunciar. La última macroencuesta sobre violencia contra las mujeres, publicada el año pasado, constató que hasta un 90% de las mujeres que han sufrido agresiones sexuales fuera del ámbito de la pareja no las denuncian nunca, una cifra que refleja la magnitud del silencio estructural que rodea a este tipo de delitos y que hace especialmente frecuente que las denuncias lleguen cuando la vía penal ya está cerrada.
La búsqueda de reparación simbólica a través de los tribunales, cuando la vía penal está bloqueada, es un fenómeno conocido en el ámbito de los delitos sexuales y también en el de los crímenes del franquismo, donde decenas de víctimas han acudido a los juzgados sin otro objetivo que ser escuchadas y reconocidas. En todos esos casos, el resultado ha sido similar: el sistema puede archivar una denuncia, pero no puede borrar un testimonio. Ariadna llevaba 43 años cargando con el suyo.
