El Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense acaba de aprobar un plan de ajuste de 33 millones de euros para paliar un déficit estructural que los sindicatos atribuyen a quince años de infrafinanciación por parte de la Comunidad de Madrid. La región es la que menos invierte por estudiante universitario de toda España, según el último informe de la Fundación CYD, mientras el número de universidades privadas en su territorio casi se ha duplicado en apenas una década.
El Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) aprobó el martes 17 de febrero el Plan Económico-Financiero (PEF) 2025-2028, un documento que establece medidas de ajuste por valor de 33 millones de euros para sanear el déficit acumulado por la institución al cierre de 2024. El rector Joaquín Goyache justificó el plan en la brecha creciente entre ingresos y gastos: entre 2019 y 2024, los ingresos de la universidad crecieron un 15%, mientras el gasto total lo hizo un 27%, impulsado por el encarecimiento de la energía, los incrementos salariales y nuevas obligaciones legales. La Complutense había tenido que solicitar previamente un préstamo de 34,5 millones de euros a la Comunidad de Madrid para mantener su solvencia, un crédito que devengará intereses anuales de cerca de 900.000 euros.
Los sindicatos rechazaron el plan con dureza. Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación General del Trabajo (CGT) coincidieron en señalar que el déficit no es un problema de gestión sino de «infrafinanciación crónica» por parte del Gobierno regional. La UGT calificó el plan de «carga sobre las trabajadoras» y reprochó al equipo rectoral que asumiera los recortes «sin cuestionar» la política presupuestaria de la Comunidad. Desde la CGT, la responsable en la Complutense, Laura Birgilitto, fue más directa: «Hoy se ha aprobado el plan de recortes impuesto por la presidenta Díaz Ayuso, que supone un ataque completamente injustificado a la educación pública madrileña».
Un déficit de 33 millones tras quince años de infrafinanciación
Los datos avalan la tesis sindical. La transferencia nominativa que la Comunidad de Madrid destinó a la Complutense en 2024 fue de 403 millones de euros, quince millones menos de los 418 millones que recibió en 2009, sin descontar el aumento del coste de la vida acumulado en ese periodo. La propia universidad lo documentó en un comunicado: la situación que atraviesan las universidades públicas madrileñas es el resultado de una «infrafinanciación» que las afecta desde la crisis económica de 2008. A diferencia de lo ocurrido en el resto de las comunidades autónomas, que fueron recuperando gradualmente la inversión universitaria tras los recortes de aquellos años, el Gobierno de Madrid ha mantenido la presión a la baja sobre los presupuestos de sus seis campus públicos.
El último informe de la Fundación CYD —organización independiente especializada en el análisis del sistema universitario español— sitúa a la Comunidad de Madrid a la cola de todas las regiones en inversión por estudiante universitario, con 6.975 euros por alumno. En el extremo opuesto se encuentran Cantabria, La Rioja, el País Vasco y Navarra, donde esa cifra supera los 10.000 euros. Según un análisis de los profesores de economía Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García, dos de los principales expertos en contabilidad universitaria de España, las cuatro universidades públicas con menor porcentaje de financiación por estudiante de todo el país son madrileñas: la Rey Juan Carlos recibe el 64% de lo que necesita, la Carlos III el 68%, la Autónoma el 78% y la Complutense el 79%.
319 profesores sin reposición y menos materias e investigación
El plan establece que el 83% del ajuste recaerá en el capítulo de personal. La Complutense no convocará plazas para sustituir a los docentes que se jubilen en los próximos tres años: 139 en 2026, 89 en 2027 y 91 en 2028, lo que supone 319 profesores menos en el cuerpo docente al cabo del periodo. La amortización de esas plazas generará un ahorro de 21,2 millones de euros, el grueso del ajuste. El personal técnico, de gestión y administración asumirá recortes adicionales de 11,34 millones. Las facultades y departamentos ya operan desde hace más de un año con una reducción del 35% en su financiación, una medida que el rector puso en marcha antes incluso de que el plan fuera aprobado formalmente. También se reducirá la oferta de materias optativas, se aumentarán las horas lectivas por docente y se recortarán becas internas y ayudas a la investigación.
La UCM es la universidad con mayor número de estudiantes de España, con cerca de 60.000 matriculados, aunque esa cifra ha caído en picado desde los 80.000 de 2006. La pérdida de 20.000 alumnos en dos décadas no es ajena al contexto de degradación financiera y al encarecimiento de las tasas: los estudiantes de las universidades públicas madrileñas pagan los precios de matrícula más altos de España, con un coste medio de más de 2.000 euros por año en los estudios de grado, frente a los poco más de 1.000 euros de regiones como Galicia o Canarias.
Madrid, a la cola en inversión pública y a la cabeza en campus privados
Mientras la financiación de los campus públicos se estanca o retrocede, el mapa universitario privado de Madrid se ha transformado de forma acelerada. En los últimos diez años, la región ha pasado de ocho a trece universidades privadas, cinco de las nueve nuevas instituciones de ese tipo creadas en toda España en ese periodo. El número de estudiantes matriculados en universidades privadas madrileñas prácticamente se ha duplicado desde 2014, pasando de 45.000 a 80.000, mientras el alumnado de las públicas se mantiene estable o decrece. La ratio entre alumnos de la pública y la privada ha caído de 3,7 a 1 en 2014 a 2,2 a 1 en la actualidad.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, encabezado por Diana Morant, ha calificado la situación de «política de asfixia financiera» sobre las universidades públicas madrileñas. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha defendido que los presupuestos de 2026 incluyen un aumento del 6,5% en la partida destinada a las universidades —75 millones adicionales—, aunque esa cifra se sitúa muy por debajo de los 200 millones que los rectores de los seis campus públicos habían pedido como mínimo necesario para estabilizar su situación. Los propios rectores advirtieron en una comparecencia pública que la financiación recibida «no cubre ni los gastos de personal», y que la Comunidad de Madrid carece de «una estrategia» definida sobre qué quiere de su sistema universitario público.
