El 84,3% de los ciudadanos considera necesaria alguna reforma de la Carta Magna, con dos tercios apostando por modificaciones importantes, según el barómetro del CIS de febrero. Los derechos sociales, económicos y laborales se sitúan como prioridad para el 36,7% de los encuestados, muy por delante del modelo de Estado o las cuestiones territoriales. El estudio revela también que el 58% de los españoles tiene poca o ninguna confianza en que el texto constitucional pueda ayudar a resolver los problemas actuales del país, pese a reconocer mayoritariamente sus logros históricos.
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este lunes un barómetro que dedica un amplio apartado a la valoración ciudadana sobre la Constitución española, en el mismo mes en que la Carta Magna se convierte en la más longeva de la historia del país. Los datos, obtenidos entre el 2 y el 6 de febrero con una muestra de 4.027 entrevistas, revelan una ciudadanía que reconoce los logros del texto constitucional pero que, al mismo tiempo, demanda reformas sustanciales para adaptarlo a los desafíos del presente. El estudio aborda aspectos como la necesidad de reformas, las áreas prioritarias de cambio, la confianza en la capacidad del texto para resolver problemas actuales y el conocimiento de los ciudadanos sobre el marco constitucional vigente.
El dato más contundente del barómetro es que el 84,3% de los españoles considera que la Constitución necesita en estos momentos algún tipo de reforma, frente a solo un 12,5% que no lo ve necesario. Esta amplísima mayoría refleja un consenso social en torno a la idea de que el texto aprobado en 1978 requiere actualizaciones para mantener su vigencia y legitimidad en un contexto social, económico y tecnológico radicalmente distinto al de hace casi cinco décadas. De quienes apuestan por introducir cambios, dos de cada tres ciudadanos, concretamente el 66,5%, consideran que la Constitución necesita reformas «importantes», mientras que el 32,1% se inclina por modificaciones «pequeñas», evidenciando que el respaldo a transformaciones de calado supera ampliamente al de ajustes menores.
Este dato contrasta con la parálisis política que ha caracterizado el debate constitucional en las últimas décadas. Pese a que existe un amplio acuerdo ciudadano sobre la necesidad de reformas, los partidos políticos han sido incapaces de impulsar modificaciones significativas más allá de los dos únicos cambios introducidos en 1992 y 2011, ambos de alcance limitado y vinculados a compromisos europeos o derivados de crisis económicas. La distancia entre la voluntad social y la acción política en este ámbito refleja las dificultades del sistema para canalizar demandas de cambio institucional, lastrado por las exigencias de amplias mayorías parlamentarias y por la falta de consenso entre las principales formaciones políticas sobre el alcance y contenido de las reformas necesarias.
Prioridad absoluta en derechos socioeconómicos
Cuando se pregunta a los ciudadanos en qué ámbitos concretos debería centrarse la reforma constitucional, la respuesta mayoritaria apunta hacia los derechos sociales, económicos y laborales. Más de un tercio de los encuestados, concretamente el 36,7%, señala esta área como prioritaria en primera o segunda posición, muy por delante de otras cuestiones y reflejando la percepción ciudadana de que la Constitución no ofrece garantías suficientes en materia de vivienda, sanidad, educación, condiciones laborales o protección social. Este dato conecta directamente con las principales preocupaciones sociales según el mismo barómetro, donde la vivienda ocupa el primer lugar con un 42,8% de menciones, evidenciando que los ciudadanos demandan no solo políticas públicas sino también un respaldo constitucional más sólido.
En segunda posición, aunque a notable distancia, aparecen las cuestiones relacionadas con el modelo de Estado, mencionadas por el 16,6% de los encuestados, un dato que refleja la persistencia del debate sobre la forma monárquica o republicana del Estado español. Le siguen las cuestiones territoriales, señaladas por el 16,3%, reflejando la continuidad de las tensiones sobre el encaje de las comunidades autónomas y, en particular, de Cataluña y el País Vasco en el marco constitucional vigente. Otros aspectos mencionados incluyen la transparencia y el control de la actividad política, citados por el 13,3%, la justicia, defensa y seguridad por el 12,5%, el sistema electoral y los procedimientos para elegir Gobierno por el 11,5%, y los derechos y libertades de los ciudadanos por el 11,3%.
En menor medida, los ciudadanos también señalan áreas como la migración y extranjería, mencionada por el 5,1%, la igualdad entre hombres y mujeres por el 3,9%, la separación de poderes por el 3,2%, la igualdad ante la ley por el 1,1%, las nuevas tecnologías por el 0,9% y la economía por el 0,7%. La diversidad de temas mencionados refleja la amplitud de las demandas de actualización constitucional, aunque los derechos socioeconómicos se imponen claramente como la prioridad dominante, muy por encima del resto de cuestiones. Esta jerarquía de preferencias ciudadanas contrasta con el debate político institucional, donde las cuestiones territoriales y el modelo de Estado han acaparado tradicionalmente mayor atención que la actualización de los derechos fundamentales.
Desconfianza en la capacidad de respuesta del texto constitucional
Pese a que la mayoría de los españoles reconoce los logros históricos de la Constitución, existe un notable escepticismo sobre su capacidad para dar respuesta a los desafíos contemporáneos. El 58,1% de los encuestados declara tener poca o ninguna confianza en que el texto constitucional pueda ayudar a resolver los problemas actuales de los ciudadanos, una cifra que supera ampliamente al 37,3% que expresa bastante o mucha confianza en su capacidad de respuesta. Este dato adquiere especial relevancia porque evidencia que el problema no radica únicamente en la necesidad de reformas puntuales, sino en una percepción más profunda de obsolescencia del marco constitucional frente a realidades como la crisis de la vivienda, la precariedad laboral o los desafíos tecnológicos.
La evolución de la opinión sobre el texto constitucional también resulta significativa. El 43,4% de los encuestados afirma tener ahora peor opinión sobre la Constitución que hace diez años, frente a un 20,3% que tiene mejor opinión y un 27% que mantiene la misma valoración. Esta tendencia descendente refleja el desgaste acumulado por un texto que, pese a haber cumplido un papel fundamental en la transición democrática y la estabilidad política, no ha sido capaz de adaptarse a las transformaciones sociales, económicas y tecnológicas de las últimas décadas. El deterioro de la imagen constitucional plantea interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo de un marco normativo que no evoluciona al ritmo de la sociedad que pretende regular.
Pese al escepticismo sobre su capacidad presente, los ciudadanos reconocen mayoritariamente el papel que la Constitución ha desempeñado en el desarrollo democrático y social de España. El 82,3% considera que el texto ha contribuido al desarrollo de los derechos sociales en el país, frente a un 15,2% que piensa lo contrario, evidenciando que el reconocimiento de logros históricos no elimina la demanda de actualización. El 71,6% cree que la Constitución ha ayudado a que España tenga un papel más destacado en Europa y el mundo, mientras que el 65,3% estima que ha contribuido a la prosperidad económica y a las mejoras en el empleo, datos que reflejan una valoración positiva del impacto histórico del texto aprobado en 1978.
El conocimiento ciudadano sobre la efeméride
Cuando se pregunta por los aspectos más importantes y significativos de la Constitución, el 31,8% de los encuestados destaca que garantiza la libertad, seguido del 21,2% que valora que permite resolver conflictos por medios pacíficos, reflejando que los ciudadanos asocian el texto fundamentalmente con la estabilidad democrática y el respeto a los derechos individuales. Otros aspectos mencionados incluyen que se aprobó por acuerdo de casi todos, citado por el 15,6%, que limita los poderes del Gobierno por el 10%, que reconoce el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones por el 8,3%, y que restauró la monarquía por el 4%. Esta distribución de respuestas evidencia que los logros en materia de libertades y estabilidad institucional son los más valorados por la ciudadanía.
El barómetro del CIS revela que casi la mitad de los españoles, concretamente el 49,2%, sabe que la Constitución de 1978 se ha convertido este mes de febrero en la más longeva de la historia de España, mientras que el 50,3% lo ignora. Este dato evidencia que, pese a la celebración institucional de la efeméride, el conocimiento sobre la historia constitucional del país no está tan extendido como podría esperarse, reflejando las limitaciones de la cultura cívica en España. La longevidad de la Carta Magna es un hecho objetivamente relevante en un país que experimentó una notable inestabilidad constitucional en los siglos XIX y XX, con textos que raramente superaban las dos décadas de vigencia, lo que hace aún más llamativa la falta de conocimiento sobre esta circunstancia histórica.
