Transparencia Internacional ha publicado este martes el Índice de Percepción de la Corrupción correspondiente a 2025, en el que España pierde un punto y cae otras tres posiciones hasta situarse en el puesto 49 de 182 países. Es el tercer retroceso consecutivo para el país, que ha perdido trece posiciones desde 2023 y queda clasificada entre las llamadas «democracias defectuosas».
Cada año, la organización Transparencia Internacional (TI) publica el indicador de gobernanza más consultado del mundo. La edición de 2025, presentada esta mañana en Madrid, vuelve a colocar a España en una posición incómoda: 55 puntos sobre 100, tres puestos menos que hace un año, y trece menos que en 2023. La tendencia ya no puede leerse como un accidente estadístico. La presidenta de Transparencia Internacional España, Silvina Bacigalupo, fue directa en rueda de prensa: «No es un cambio importante, pero no puede dejar de preocuparnos; tiene que llevarnos a una reflexión».
El informe sitúa a España en el umbral de lo que la organización denomina «democracias defectuosas», un término que no implica la ausencia de mecanismos democráticos, sino su debilitamiento progresivo. Para comprender el alcance del retroceso, su origen y las posibilidades de corregirlo, conviene detenerse en cinco claves que explican qué está midiendo este índice y qué revelan sus cifras sobre el estado de la gobernanza española.
-
Qué es el IPC de TI y qué mide exactamente
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) es un indicador compuesto que Transparencia Internacional elabora anualmente desde 1995. No mide la corrupción de forma directa —algo que por definición resulta inaccesible a la observación estadística, dado que la corrupción es una actividad ilegal que se oculta deliberadamente—, sino la percepción que tienen expertos independientes y líderes empresariales sobre el grado de corrupción en el sector público de cada país. Para ello combina datos de trece fuentes distintas, entre las que figuran el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y diversas consultoras de riesgo internacional.
La puntuación va de 0 a 100: cuanto más alto el número, menor es la corrupción percibida. Los países se ordenan de mayor a menor, de modo que ocupar el puesto 49 significa que 48 naciones presentan una percepción de corrupción más favorable. En esta edición, el índice evalúa 182 países, dos más que en la anterior entrega, lo que introduce una pequeña distorsión en las comparaciones de posición. La media mundial se sitúa en 42 puntos, un punto menos que el año anterior, lo que indica que el deterioro global de la gobernanza es una tendencia generalizada, no un fenómeno exclusivamente español.
-
Los números de España: una caída sostenida
La trayectoria reciente de España en el IPC describe una curva descendente sin interrupciones. En 2023, el país obtuvo 60 puntos y ocupaba el puesto 36 del ranking mundial. En 2024, perdió cuatro puntos y diez posiciones de golpe, quedando en el puesto 46 con 56 puntos. La edición de 2025 añade un punto menos y tres posiciones más de caída, hasta los 55 puntos y el puesto 49. En dos años, España ha acumulado una pérdida de cinco puntos y trece posiciones en el ranking global, un deterioro que pocas democracias occidentales pueden registrar en tan poco tiempo.
Dentro de la Unión Europea (UE), el retroceso también es apreciable. Si en 2024 España ocupaba el puesto 16 entre los 27 estados miembros, en esta edición ha bajado al 17, superada por Portugal —que pese a perder también un punto se mantiene en 56— y por Eslovenia, que alcanza los 58. La comparación con Portugal resulta especialmente significativa por la proximidad geográfica e histórica de los dos países: en 2023, España aventajaba a su vecino; hoy lo tiene por encima en el índice. España comparte puntuación con Chipre y queda un puesto por encima de Italia.
-
El diagnóstico: qué arrastra a España hacia abajo
Transparencia Internacional identifica cuatro áreas concretas que explican el retroceso español. La primera es la transparencia en la gestión pública y el acceso a la información, donde persisten limitaciones en la calidad y la accesibilidad de los datos oficiales. La segunda son los mecanismos de control de las administraciones públicas, cuya efectividad se percibe como insuficiente. La tercera son las garantías de independencia judicial frente a posibles interferencias políticas, un aspecto que los expertos consultados continúan señalando como una debilidad estructural. La cuarta es la efectividad de los órganos de control —Tribunal de Cuentas, organismos reguladores, fiscalías especializadas—, percibidos como infrafinanciados o políticamente expuestos.
A estas carencias estructurales se suma un factor político que la presidenta de TI España abordó con una metáfora precisa: «Tenemos coches perfectos aparcados, pero falta la gasolina». La referencia apunta directamente a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que priva de financiación a los instrumentos anticorrupción aprobados por el Gobierno. La organización también advirtió de que el uso de la corrupción como arma en la confrontación política cotidiana genera un efecto perverso: incrementa la polarización y la desafección ciudadana sin que las causas reales del problema se aborden.
-
España en Europa y en el mundo
El contexto europeo y global relativiza, pero no exculpa, el retroceso español. En la mayoría de los estados miembros de la UE se aprecia un estancamiento o deterioro en la aplicación efectiva de los estándares anticorrupción, lo que Transparencia Internacional atribuye a «una creciente erosión de los mecanismos de rendición de cuentas». El debilitamiento del liderazgo internacional en la materia —en particular, la retirada de Estados Unidos de compromisos clave en la lucha contra el soborno transnacional— reduce la presión exterior que históricamente ha impulsado reformas en muchos países.
En la cima del ranking global, Dinamarca (89 puntos), Finlandia (88) y Singapur (84) mantienen su posición de referencia como sistemas de gobernanza más transparentes. En el extremo opuesto, Venezuela (10), Somalia (9) y Sudán del Sur (9) encabezan la lista de países con mayor corrupción percibida. La media mundial de 42 puntos deja a España por encima del promedio global, pero significativamente alejada de sus socios europeos más próximos en términos económicos e institucionales. Francia obtiene 66 puntos, Alemania 77 y los países escandinavos superan todos el umbral de 80, lo que indica que el deterioro español no es una consecuencia inevitable del modelo de bienestar europeo, sino de dinámicas políticas e institucionales específicas.
-
Qué medidas existen y qué falta para mejorar
El informe reconoce algunos pasos positivos dados por España en el último año. La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —el órgano de gobierno de los jueces, que llevaba años bloqueado por falta de acuerdo político— y la aprobación del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción en agosto de 2025 son dos avances que Transparencia Internacional valora expresamente. El plan incluye medidas sobre auditorías de partidos políticos y refuerzo de la protección a informantes, dos ejes fundamentales para disuadir conductas corruptas y facilitar su denuncia.
Sin embargo, la organización subraya que la mera aprobación de normativa no garantiza mejoras en el índice si no va acompañada de recursos y de una implementación efectiva. «La creación de normativa ayuda, pero si no se pueden utilizar las herramientas, difícilmente vamos a mejorar», advirtió Bacigalupo. La ruta para recuperar posiciones pasa, según TI España, por tres condiciones que hoy no se cumplen plenamente: presupuestos que financien las instituciones de control, consenso político que evite la instrumentalización de la corrupción como arma electoral, y reformas estructurales en la independencia judicial. «Subir no se logra en un año o con dos o tres efectos publicitarios; requiere consensos», concluyó la presidenta de la organización.
