La Policía Nacional ha accedido este martes a las instalaciones de la compañía siderúrgica vasca en Basauri en el marco de una investigación que examina la venta de material a Israel Military Industries, fabricante de armamento. La causa, bajo secreto de sumario, sitúa a los directivos de Sidenor ante posibles cargos de contrabando y complicidad en crímenes de lesa humanidad por proveer acero presuntamente destinado a la producción de armas.
La Policía Nacional ha registrado este martes las instalaciones de Sidenor en Basauri, municipio del área metropolitana de Bilbao, por orden de la Audiencia Nacional. La operación, que se desarrolla bajo secreto de sumario —la figura legal que impide el acceso de las partes procesales a las actuaciones durante la fase de instrucción—, apunta a la posible responsabilidad penal de la empresa por la venta de acero a Israel Military Industries (IMSI), fabricante israelí de armamento tanto convencional como de precisión. Fuentes de la Policía Nacional confirmaron la intervención a la agencia de noticias EFE a primera hora de la mañana.
La compañía siderúrgica, con sede en Basauri y una de las acerías de mayor peso industrial del norte de España, ha reaccionado con una nota en la que asegura estar «colaborando con las autoridades que se han personado en las instalaciones» y garantiza que trasladará «con toda diligencia y transparencia cualquier información que precisen». La declaración de Sidenor no aborda los cargos que investiga el tribunal ni ofrece ningún pronunciamiento sobre el fondo de la causa.
El magistrado instructor es Francisco de Jorge, de la Audiencia Nacional, el tribunal con sede en Madrid que tiene competencia en España para los delitos de mayor gravedad, entre ellos los de terrorismo, crimen organizado y, en determinadas circunstancias, crímenes de alcance internacional. En noviembre del año pasado, el juez De Jorge citó a declarar al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, junto a dos altos directivos de la compañía, en el contexto del mismo procedimiento que hoy ha dado lugar al registro policial.
Un registro por orden de la Audiencia Nacional
Según la documentación judicial conocida hasta la fecha, la investigación se centra en la venta de partidas de acero a IMSI, empresa israelí fabricante de sistemas de armas pesadas y ligeras. La acusación sostiene que los responsables de Sidenor actuaron «con pleno conocimiento» de que el material «iba lógicamente destinado a la producción de armamento». Esta circunstancia es la que sirve de base a la imputación de un posible delito de contrabando, tipificado en la legislación española por la exportación de materiales de doble uso —susceptibles de emplearse tanto en aplicaciones civiles como militares— sin la preceptiva autorización administrativa.
El acero es, en principio, un producto de uso civil generalizado, pero su exportación a determinados destinatarios vinculados a la industria de defensa está sujeta en España a la Ley 53/2007, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. Esta norma obliga a obtener licencia del Consejo Interministerial de Exportaciones de Material de Defensa e Investigación de Doble Uso cuando el comprador tiene un perfil industrial que puede derivar el suministro hacia fines armamentísticos. Si se acredita que la operación se realizó sin ese permiso, la conducta podría encuadrar en el tipo penal de contrabando.
La investigación no se limita, sin embargo, a esa figura delictiva. La Audiencia Nacional también examina si los directivos de Sidenor podrían ser considerados cómplices de un crimen de lesa humanidad, categoría recogida en el derecho penal internacional y en el Código Penal español para conductas que contribuyan de forma significativa a graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos. La extensión de esta figura a una empresa proveedora de materiales industriales representa un enfoque jurídico infrecuente en la jurisprudencia española.
Contrabando y lesa humanidad, los delitos investigados
La imputación simultánea de contrabando y complicidad en crímenes de lesa humanidad configura una estrategia procesal que la defensa previsiblemente cuestionará en las próximas fases del procedimiento. Para que prospere la acusación de complicidad en lesa humanidad, será necesario acreditar no solo que el acero fue empleado en la fabricación de armas, sino también que esas armas fueron utilizadas en actos que reúnen los elementos constitutivos del tipo penal internacional. La causa se encuentra aún en fase de instrucción, por lo que ninguno de los imputados ha sido formalmente acusado ni ha comparecido ante el juicio oral.
El secreto de sumario que pesa sobre el procedimiento impide conocer el alcance exacto de las diligencias practicadas hasta la fecha y los términos precisos de la investigación, más allá de los datos que han trascendido a través de las partes personadas. Tampoco se ha confirmado si el registro de este martes ha producido la incautación de documentación interna u otro tipo de material probatorio que pudiera resultar relevante para el avance de la causa.
La querella que activó el proceso judicial
La causa tiene su origen en una querella presentada por la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, que actúa como acusación popular en representación de la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel. La acusación popular es una figura del derecho procesal español que permite a ciudadanos y colectivos ejercer la acción penal aunque no sean víctimas directas del delito imputado, una institución prácticamente inexistente en otros ordenamientos jurídicos europeos que ha sido el instrumento utilizado en este caso para llevar el asunto ante los tribunales.
La querella se inscribe en un contexto de presión civil y judicial creciente en varios países europeos sobre las relaciones comerciales con la industria de defensa israelí, especialmente desde la intensificación del conflicto en Gaza a partir de octubre de 2023. En España, el Gobierno ha impuesto restricciones parciales a las exportaciones directas de armas a Israel, pero el control sobre la cadena de suministro de materiales industriales con potencial uso dual ha permanecido hasta ahora en un segundo plano del debate público. El caso Sidenor abre, por primera vez de forma explícita en un tribunal español, el examen de esa cadena y la responsabilidad penal que podría derivarse de ella.
