La Organización de las Naciones Unidas afronta una de las crisis financieras más graves de su historia reciente. El secretario general António Guterres ha advertido a los Estados miembros del riesgo real de insolvencia antes del próximo mes de julio, como consecuencia directa del retraso prolongado en el pago de las contribuciones obligatorias, especialmente por parte de Estados Unidos.
En una comunicación interna fechada a finales de enero, Guterres alertó de un escenario de colapso operativo si no se desbloquean los recursos pendientes. El problema no es marginal. Washington concentra más del 95 % de las cuotas impagadas del presupuesto ordinario de la organización, así como de las misiones de mantenimiento de la paz y de fondos vinculados a tribunales internacionales.
El impago estadounidense supera los dos mil millones de dólares en el presupuesto regular, a los que se suman más de dos mil cuatrocientos millones correspondientes a operaciones de paz, además de decenas de millones destinados a estructuras judiciales internacionales. A día de hoy, Estados Unidos no ha abonado su cuota correspondiente a 2025 y arrastra deudas acumuladas de ejercicios anteriores.
Desde la misión estadounidense ante la ONU, el embajador Mike Waltz ha prometido una transferencia inicial “importante” en un futuro inmediato, sin concretar ni el volumen ni el calendario. Esa ambigüedad mantiene a la organización en una situación de extrema fragilidad financiera.
La crisis no es únicamente contable. La ONU ya ha aprobado una reducción del 7 % de su presupuesto anual, fijado en 3.400 millones de dólares, y la supresión de cerca de 2.400 puestos de trabajo. Se trata de uno de los ajustes más severos de los últimos años, con efectos directos sobre programas humanitarios, misiones políticas y capacidades administrativas.
El trasfondo es político. Las tensiones entre Washington y la ONU se arrastran desde hace años, con especial intensidad durante la presidencia de Donald Trump, cuando Estados Unidos exigió reformas profundas y recortes del gasto multilateral. El resultado es un sistema financiero rígido, vulnerable al bloqueo de uno de sus principales contribuyentes.
Más allá del caso estadounidense, la situación revela una debilidad estructural del multilateralismo. La ONU depende de la voluntad política de los Estados para garantizar su funcionamiento básico, sin mecanismos eficaces para imponer el cumplimiento de obligaciones financieras. El riesgo ya no es teórico. La amenaza de parálisis institucional es tangible y plantea una pregunta incómoda sobre la sostenibilidad del sistema internacional en un contexto de fragmentación geopolítica creciente.
