Isabel Díaz Ayuso calificó de «caso fabricado» la denuncia interna de acoso sexual presentada por una exconcejala contra el alcalde Manuel Bautista, mientras Alberto Núñez Feijóo la tachó de «bonita coincidencia». La cúpula del PP de Madrid presionó durante ocho meses a la denunciante para que no hiciera pública su acusación, según documentan correos electrónicos. El partido archivó el expediente sin interrogar a testigos ni convocar a la víctima, en contraste con su exigencia de dimisiones inmediatas en los casos de acoso que afectan a formaciones de izquierda.
El Partido Popular ha cerrado filas en torno al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, acusado internamente de acoso sexual y laboral por una exconcejala de su propio partido, evidenciando un doble rasero en su posición ante las denuncias por violencia machista según afecten a formaciones de izquierda o al propio PP. La revelación de que la cúpula del PP de Madrid presionó durante ocho meses a la denunciante para que no hiciera pública su acusación ha generado una tormenta política que confronta el discurso feminista del partido conservador con su actuación práctica cuando el señalado pertenece a sus filas. El caso, publicado por El País este miércoles con documentación que incluye nueve correos electrónicos y actas del Comité de Derechos y Garantías, contrasta radicalmente con la actitud del PP ante casos como los de Íñigo Errejón o Paco Salazar.
La exconcejala, cuya identidad fue revelada por medios afines al PP pese a haber solicitado anonimato, denunció que el alcalde intentó mantener una relación sentimental con ella y, tras ser rechazado, la sometió a un acoso laboral continuado que le apartó del gobierno municipal. Los hechos comenzaron en 2022, antes de que Bautista se convirtiera en alcalde tras las elecciones municipales de mayo de 2023. Durante más de un año, la edil relató su situación a diferentes instancias del partido, aportó documentación y citó testigos que podían corroborar las humillaciones a las que estaba siendo sometida, sin recibir amparo alguno de su formación política.
Ayuso y Feijóo tildan el caso de «fabricado»
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificó este jueves el caso de «un caso fabricado contra el PP» durante el pleno de la Asamblea de Madrid, llegando incluso a presentarse como víctima. «Si una mujer es víctima por el hecho de ser mujer y ahí siempre queda su presunción de inocencia, ¿dónde queda la mía?», defendió Ayuso ante la oposición. La dirigente madrileña desacreditó frontalmente la denuncia pese a que su propio partido tramitó el caso en el Comité de Derechos y Garantías Nacional, reconociendo implícitamente que existía una acusación formal de acoso sexual.
El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, restó importancia al asunto desde Aragón, donde se encuentra haciendo campaña electoral. «Bonita casualidad», apuntó con sarcasmo cuando fue preguntado por la noticia, insinuando que la publicación servía para tapar la comparecencia en el Senado de Paco Salazar, exdirigente socialista acusado de acoso. Feijóo resumió escuetamente la actuación de su partido: «Se llamaron a las personas afectadas y se investigó, no se archivó», una afirmación que contradice la documentación publicada que demuestra que el Comité de Garantías cerró el caso sin interrogar a ningún testigo ni convocar a la denunciante.
El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, negó este jueves que hubiera existido una denuncia por acoso sexual. «Sí recuerdo decir y preguntar literalmente si estábamos hablando de un caso de acoso o de abuso y se me negó», aseguró sobre la reunión con la denunciante en marzo de 2024. Sin embargo, en el escrito que la mujer envió al Comité de Garantías, publicado por El País, habla abiertamente de «acoso sexual» desde el primer mensaje, desmintiendo la versión del dirigente popular.
Presiones documentadas de la cúpula del PP a la denunciante
La exconcejala escribió por primera vez a Isabel Díaz Ayuso el 26 de febrero de 2024, relatando la «situación laboral» que estaba atravesando y reclamando su mediación «para que no tengan que intervenir otros organismos». La presidenta alegó «cuestiones de agenda» y derivó el asunto a Alfonso Serrano. Cinco días después de recibir el correo electrónico, Ayuso sí recibió en su despacho al alcalde de Móstoles, presentando la cita como una más en la ronda de contactos con regidores madrileños, según reveló El Diario.
El 11 de marzo de 2024, Ana Millán, secretaria de organización del PP de Madrid y mano derecha de Ayuso, mantuvo una primera reunión con la denunciante. Una semana después, Millán y Serrano recibieron conjuntamente a la concejala, escucharon su relato y le pidieron «de todas las formas posibles» que no hiciera pública su denuncia ni acudiera al juzgado. Los correos electrónicos documentan la retahíla de frases con que presionaron a la edil: «Ese amparo que pides pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia»; «Una denuncia pública te perjudicaría. Protegerte es no hacer nada»; «No es cuestión de tapar, es que una denuncia pública o judicial te afectaría a ti».
Ana Millán llegó a reconocer durante una conversación que se trataba de «un caso de acoso de manual», pero insistió en que la denunciante no debía hacer pública su acusación y le habló del daño que eso podría suponer a su familia. El 16 de abril, en una segunda reunión, Millán reiteró su mensaje: «La denuncia judicial que luego se haría pública no te beneficiaría, yo no sé que entiendes tú por amparo, nuestro amparo fue decirte, vete a casa, habla con tu marido». La dirigente del PP madrileño señaló que muchas mujeres han «aguantado muchas cosas en política» y sugirió a la denunciante que tal vez le convendría «dar un paso atrás». Otra dirigente presente en el encuentro, Lucía Paniagua, llegó a aconsejarle buscar «un acuerdo amistoso» con el alcalde.
El PP archivó sin interrogar a testigos ni víctima
Entre noviembre y diciembre de 2024, la exconcejala y su abogado presentaron un escrito de veinte páginas ante el Comité de Garantías del PP nacional. El documento incluía ejemplos concretos de la insistencia del alcalde en mantener una relación más allá de lo profesional, la negativa de ella, la posterior difusión de rumores y el inicio de un acoso laboral continuado. La denuncia señalaba testigos que podían corroborar su relato y aportaba documentación de respaldo. El Comité de Garantías archivó el expediente en abril de 2025 sin interrogar a ninguno de los testigos citados ni convocar a la denunciante para ampliar su declaración.
Un portavoz autorizado del PP confirmó que el caso se había cerrado porque no había «elementos probatorios», una afirmación que resulta contradictoria cuando el partido no realizó ninguna de las diligencias básicas de investigación. Fuentes del Partido Popular de Madrid sostienen que «en febrero de 2024 vía email, entró escrito de una concejal denunciando estrictamente discriminaciones laborales» y que «al no aportar prueba alguna que sostuviera la denuncia», el Comité lo archivó. Sin embargo, la documentación publicada demuestra que la denuncia incluía desde el principio referencias explícitas al acoso sexual.
El PP tampoco adoptó ninguna medida cautelar contra Manuel Bautista al conocerse los hechos. El alcalde continúa en el cargo con el respaldo de la dirección regional y nacional del partido. Bautista compareció brevísimamente ante los medios este jueves, descartó su dimisión y tachó de «falsas» las acusaciones, atribuyendo el conflicto a que la exconcejala aspiraba a ser vicealcaldesa y no obtuvo el cargo. «Nadie de mis concejales me ha pedido que dimita porque no hay una acusación como tal, es decir, la vía judicial no se ha explorado», afirmó el regidor, argumentando que una información periodística «no es suficiente para que se tome ninguna decisión».
Contraste con los casos Salazar y Errejón
La actuación del PP en el caso de Móstoles contrasta radicalmente con su postura ante las denuncias de acoso que han afectado a formaciones de izquierda. Cuando estallaron los casos de Íñigo Errejón, exportavoz de Sumar, y Paco Salazar, exdirigente del PSOE, Alberto Núñez Feijóo trasladó públicamente «todo el apoyo» a las víctimas de violencia machista e hizo bandera feminista contra PSOE y Sumar, exigiendo dimisiones inmediatas y responsabilidades políticas. En ambos casos, el PP empleó un discurso contundente sobre la necesidad de creer a las víctimas y actuar con rapidez ante cualquier indicio de acoso.
El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, convocó expresamente a los medios para exigir «de manera contundente el cese o dimisión inmediata del alcalde de Móstoles. Ya, hoy, no puede pasar de hoy». López incidió en la «falta de vergüenza» de Ayuso y «sus lacayos» y contrapuso la actuación del PP con la del PSOE cuando estalló el caso Salazar. «Se actuó contra él desde el minuto uno», señaló el ministro de Transformación Digital. Desde Ferraz, la dirección nacional socialista transmitió que «Alberto Núñez Feijóo debe dar explicaciones inmediatas y actuar dentro de su propio partido. No puede seguir repartiendo lecciones mientras mira hacia otro lado ante un presunto caso de acoso encubierto por el PP de Madrid».
El PSOE enfatizó las diferencias de actuación entre ambos partidos: «No somos iguales. Cuando hay indicios, el PSOE actúa de inmediato. El Partido Popular hace justo lo contrario: encubre». Los socialistas recuerdan que no se trata de un caso aislado, citando precedentes como el de Alfonso Villares en Galicia, donde el presidente autonómico Alberto Núñez Feijóo «conocía la denuncia desde febrero y no actuó hasta cuatro meses después», o el caso de Navalmoral de la Mata en Extremadura, donde una exconcejala denunció al alcalde del PP por acoso y la formación conservadora tampoco apartó al regidor de su cargo.
