Venezuela ha dado un paso político de gran calado al iniciar la tramitación de una ley de amnistía de alcance histórico, destinada a cubrir los 27 años de hegemonía chavista. La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la primera discusión del proyecto, denominado Ley de amnistía para la convivencia democrática, en un gesto que apunta a un intento de descompresión política tras años de confrontación extrema.
La iniciativa fue impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien presentó el texto como una herramienta para la reconciliación nacional. El debate se produce en un contexto excepcional, marcado por la caída de Nicolás Maduro tras la incursión militar del pasado 3 de enero y por la intensa presión internacional, especialmente de Estados Unidos, sobre el nuevo poder en Caracas.
El proyecto de ley contempla la amnistía para personas acusadas de delitos como traición a la patria, terrorismo, instigación al odio o rebelión, figuras ampliamente utilizadas durante años para procesar a opositores, activistas y ciudadanos críticos. También abarca condenas relacionadas con mensajes difundidos en redes sociales o servicios de mensajería, uno de los instrumentos más controvertidos de control político durante el chavismo.
Quedan explícitamente excluidos los crímenes de lesa humanidad y las violaciones graves de derechos humanos, en línea con la Constitución venezolana y con las investigaciones en curso de la Corte Penal Internacional (CPI), que analiza desde 2017 posibles responsabilidades del Estado venezolano en este tipo de delitos.
Desde la oposición, el proyecto ha sido recibido con cautela pero también con expectativa. El diputado Tomás Guanipa habló de una oportunidad para un “reencuentro nacional”, subrayando que la paz que se busca no puede basarse en el miedo ni en el silencio. Según la ONG Foro Penal, al menos 383 presos políticos ya han sido excarcelados en las últimas semanas como parte de un proceso previo.
La ley incluye además la revocatoria de inhabilitaciones políticas aplicadas entre 1999 y 2026, un punto especialmente sensible tras años de exclusiones electorales que afectaron a figuras clave de la oposición, entre ellas María Corina Machado, apartada de los comicios de 2024. El texto también garantiza el retorno de exiliados y corrige la práctica de juzgar a civiles en tribunales militares.
No obstante, el proyecto no contempla por ahora mecanismos de reparación a las víctimas, una ausencia que ya genera debate entre organizaciones de derechos humanos. Para algunos expertos, como el director de Foro Penal, Alfredo Romero, la amnistía puede facilitar una transición política siempre que no se convierta en un instrumento de impunidad.
En paralelo, el nuevo gobierno impulsa un diálogo político con sectores de la oposición no alineados con el liderazgo más radical, en un clima que fuentes cercanas describen como “menos arrogante” que en intentos fallidos anteriores. La reapertura de canales con Washington y la cesión del control del sector petrolero forman parte de esta nueva etapa, aún frágil e incierta.
