El presidente del Gobierno ha defendido en una entrevista en Dubái que el noventa por ciento de los migrantes llegan por canales regulares y atribuyó la llegada de población extranjera al desempeño económico del país, no a la entrega de permisos. Las declaraciones se producen en medio de una intensa polémica política, con el Parlamento Europeo programando un debate sobre la medida a petición del PP y Vox, y el Senado aprobando una moción de rechazo con los únicos votos de los populares.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado categóricamente que la regularización de inmigrantes acordada por el Ejecutivo vaya a generar un efecto llamada y ha defendido que España ha reducido «drásticamente» la llegada de migración irregular en los últimos años. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista concedida en Dubái y emitida en el programa Quest Means Business de la CNN, en la que el jefe del Ejecutivo fue preguntado sobre la posibilidad de que lleguen más migrantes en situación irregular a raíz de la aprobación de la regularización masiva que podría beneficiar a medio millón de personas. «Eso es falso, no es la realidad», exclamó Sánchez antes de argumentar que los migrantes no vienen a España porque se les concedan papeles, sino por el «firme desempeño económico» del país.
El presidente del Gobierno defendió que el noventa por ciento de los migrantes llegan «a través de canales regulares» y que en los últimos años se ha logrado reducir «de forma dramática» la llegada de migración irregular. Sánchez atribuyó esta reducción a la cooperación con países de origen y tránsito como Marruecos, Senegal, Gambia y Mauritania. Sobre el proceso de regularización, el jefe del Ejecutivo subrayó un doble aspecto: el «aspecto moral», recordando que España fue durante muchos años un país de emigrantes debido a que «nuestros padres y nuestros abuelos fueron a otros lugares precisamente porque sufríamos una dictadura o la falta de oportunidades económicas», y el «aspecto pragmático», dado que se trata de personas que están contribuyendo al «éxito económico de España».
Datos económicos y contribución a la Seguridad Social
Sánchez aportó cifras concretas sobre la contribución económica de la población migrante al sistema español. Según explicó, los inmigrantes «representan más o menos el diez por ciento» de los ingresos de la Seguridad Social «mientras representan solo el uno por ciento del gasto público total». El presidente también aprovechó la entrevista para destacar los datos macroeconómicos de España, asegurando que el año 2025 «fue el segundo año consecutivo en el que España fue la gran economía que más avanzó en el mundo» con un crecimiento del PIB del 2,8 por ciento. Sánchez subrayó que actualmente hay más de veintidós millones de personas trabajando y que la tasa de paro volvió a situarse por debajo del diez por ciento, un nivel que solo se había alcanzado tres veces en los últimos cuarenta y cinco años.
El proceso de regularización extraordinaria, que se tramitará a través de un real decreto, tiene como objetivo ofrecer una vía legal de residencia y trabajo a personas que llevan tiempo viviendo en España sin estatus legal. El calendario previsto por el Gobierno establece que el plazo de solicitudes se abrirá entre abril y junio de 2026. Podrán presentar su expediente quienes acrediten haber estado en España antes del treinta y uno de diciembre de 2025 y al menos cinco meses de permanencia, siempre que no tengan antecedentes penales incompatibles. Según ha explicado el abogado especializado en extranjería Pau Ventura, la admisión a trámite tendrá un efecto inmediato: desde ese momento, la persona podrá trabajar y empezar a computar tiempo a efectos legales.
Intenso debate político y rechazo del Senado
La medida ha generado una intensa controversia política. El Pleno del Senado aprobó este miércoles una moción presentada por el Partido Popular que manifiesta el «rechazo expreso» a la regularización extraordinaria y por la que insta al Gobierno a que cualquier modificación sustancial del modelo migratorio se tramite «por vía legislativa ordinaria». La senadora del PP Inmaculada Hernández criticó que Pedro Sánchez ha sacado de «la chistera» esta «regularización masiva, eludiendo deliberadamente un debate parlamentario» y le acusó de hacerlo para «reorientar el foco» tras el accidente ferroviario de Adamuz. Hernández advirtió además que «expertos» alertan de que la medida va a provocar «un gran efecto llamada» y precisó que podrían llegar «dos millones de personas a unos sistemas que están absolutamente colapsados».
El Parlamento Europeo debatirá la regularización el próximo martes diez de febrero en la sesión de tarde, bajo el epígrafe «Declaración de la Comisión sobre la política de regularización a gran escala de España y su impacto en el Espacio Schengen y en la política migratoria de la UE». La inclusión del tema en la agenda fue aprobada este miércoles tras una votación en la que PP y Vox impulsaron la modificación del orden del día. Los grupos europeos de ambos partidos advirtieron que «las decisiones unilaterales tienen consecuencias para toda la UE» y que «esta regularización puede suponer un efecto llamada para quienes ahora ven en España la puerta abierta de entrada a la Unión Europea». El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, dijo el veintinueve de enero estar al tanto de la regularización anunciada en España y avaló la competencia del país para decidir cómo abordar la situación de los migrantes irregulares presentes en su territorio.
Precedentes históricos y desmentido del efecto llamada
Esta no es la primera vez que España recurre a procesos de regularización extraordinaria. A lo largo de la etapa democrática se han llevado a cabo seis regularizaciones integrales que han permitido la incorporación al sistema español de más de un millón de personas. El Gobierno de Felipe González regularizó la situación de 174.011 personas, mientras que el de José María Aznar hizo lo propio con 503.327 individuos. La última regularización se produjo en 2005 con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo y, contrariamente a las advertencias sobre el efecto llamada, las llegadas de migrantes a las costas españolas se redujeron un veinticinco por ciento, ya que los flujos migratorios dependen de otros factores relacionados con las circunstancias en los países de origen.
La regularización tampoco supone un acceso automático a los mismos derechos que quienes tienen nacionalidad española. La medida solo concede permisos de residencia y trabajo iniciales de un año, no los derechos asociados a la nacionalidad. Con la residencia legal, las personas migrantes regularizadas solo podrán votar en elecciones municipales si proceden de países con acuerdos de reciprocidad con España. Para participar en elecciones generales o autonómicas es imprescindible contar con la nacionalidad española, un proceso que requiere varios años de residencia y cumplir con una serie de requisitos legales. La Secretaría de Estado de Migraciones ha hecho un llamamiento a la calma ante un procedimiento que aún está en tramitación y ha recordado que faltan alrededor de dos meses para que se puedan presentar las primeras solicitudes, en un contexto de expectación e intenso debate político sobre las políticas migratorias españolas.
