El informe mundial 2026 de Human Rights Watch (HRW) plantea una advertencia precisa: el retorno de Donald Trump al poder no solo ha debilitado el sistema internacional de derechos humanos, sino que ha creado un entorno permisivo que varios gobiernos latinoamericanos están aprovechando para justificar abusos que antes generaban mayor coste político.
HRW no habla de subordinación directa a Washington. El fenómeno es más complejo y, por ello, más inquietante. La organización identifica una apropiación del discurso y de las prácticas impulsadas desde Estados Unidos —especialmente en materia migratoria y de seguridad— para legitimar decisiones que vulneran derechos fundamentales. Cuando la principal potencia mundial relativiza las normas, otros actores entienden que el margen de maniobra se amplía.
El caso de El Salvador ocupa un lugar central en el análisis. La detención de migrantes deportados desde Estados Unidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo se presenta como ejemplo de una política que prioriza resultados cuantificables —la reducción de la violencia— frente a garantías básicas como el debido proceso, la integridad física o el acceso a la justicia. HRW documenta prácticas graves y cuestiona la idea de que el orden público pueda construirse al margen del derecho.
La preocupación aumenta cuando el patrón se extiende a países con trayectorias históricas distintas. Panamá y Costa Rica, tradicionalmente asociados a políticas más respetuosas de los derechos humanos, han adoptado mecanismos de retención de migrantes sin base jurídica sólida. No se trata de medidas espectaculares ni de discursos incendiarios, sino de decisiones administrativas que, acumuladas, alteran de forma sustancial los estándares de protección.
En Sudamérica, HRW señala el endurecimiento normativo contra organizaciones de la sociedad civil en países como Ecuador y Perú. El debilitamiento de las ONG no es un efecto colateral, sino parte de una estrategia que reduce la capacidad de vigilancia y denuncia. Menos observadores independientes implica menos costes para quienes deciden cruzar líneas legales.
El informe subraya que esta dinámica no distingue ideologías. En México, la presión constante de Estados Unidos para frenar la migración irregular y el narcotráfico ha contribuido a reforzar la militarización de la seguridad pública. HRW observa que, bajo el argumento de la cooperación bilateral, se han consolidado decisiones con impacto negativo sobre los derechos humanos.
El diagnóstico es claro: la erosión del sistema internacional no se produce solo por acción, sino también por ausencia de liderazgo. Cuando Estados Unidos deja de desempeñar un papel activo —o incluso simbólico— en la defensa de los derechos humanos, otros gobiernos recalibran sus límites. No porque Trump imponga un modelo, sino porque reduce el coste de imitarlo.
Para HRW, el problema no es únicamente latinoamericano. El precedente importa. Las prácticas que hoy se toleran en determinados contextos suelen convertirse mañana en referencias aceptables en otros. El informe interpela a la comunidad internacional, pero también a Europa y a España: la defensa de los derechos humanos pierde eficacia cuando se aplica de forma selectiva.
