El Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT cerraron un acuerdo para elevar el salario mínimo interprofesional un 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales, sin el respaldo de empresarios. La subida se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero y mantendrá la exención del IRPF para sus perceptores. Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme rechazaron el pacto por sexta vez consecutiva, tachando de «fórmulas trileras» las propuestas gubernamentales.
El secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, confirmó este jueves en rueda de prensa que el Ministerio y los agentes sindicales han alcanzado un preacuerdo para incrementar el salario mínimo interprofesional en 37 euros mensuales y 518 euros anuales respecto a 2025. «La mesa de diálogo social ha llegado a un preacuerdo con las organizaciones sindicales para subir el SMI», anunció Pérez Rey poco antes de las siete de la tarde, tras una reunión que comenzó en torno a las cinco.
El acuerdo eleva el piso salarial hasta los 1.221 euros mensuales en catorce pagas, lo que supone un incremento del 3,1% sobre la cuantía anterior de 1.184 euros. La medida se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026 y beneficiará, según cálculos de Comisiones Obreras, al 9,3% de la población asalariada a jornada completa. Si se incluyen los trabajadores a tiempo parcial, el total de beneficiarios podría superar los 1,7 millones de personas.
El secretario de Estado valoró el acuerdo como un nuevo paso en el compromiso del Ministerio con la subida continuada del salario mínimo. «Desde 2018, hemos subido 6.800 euros al año el SMI», recordó Pérez Rey, destacando una «subida sin precedentes» del 66% que sitúa a España como «el país que más empleo de calidad genera en toda la Unión Europea», según reivindicó el responsable gubernamental.
Los términos del acuerdo y su aplicación
El pacto incluye además del incremento salarial un compromiso del Ministerio de Trabajo para tramitar un decreto independiente, con texto consensuado con los sindicatos, destinado a actualizar las reglas de compensación y absorción del Estatuto de los Trabajadores. Este mecanismo tiene como objetivo evitar que las empresas neutralicen la subida del salario mínimo mediante la reducción de complementos salariales, una práctica conocida como «absorción» que ha sido objeto de críticas sindicales en anteriores incrementos del SMI.
La medida mantendrá la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para los perceptores del salario mínimo, lo que supone una deducción fiscal de aproximadamente 600 euros anuales para estos trabajadores. Esta exención, acordada previamente con el Ministerio de Hacienda, busca garantizar que el incremento salarial se traduzca efectivamente en mayor capacidad adquisitiva sin mermas fiscales.
El acuerdo adquiere especial relevancia tras la caída del decreto ómnibus votado este miércoles en el Congreso de los Diputados, que incluía la prórroga del salario mínimo interprofesional junto a otras medidas del escudo social. La negativa parlamentaria dejó en el aire la continuidad del SMI vigente, generando incertidumbre entre los trabajadores perceptores de este nivel salarial.
«No debíamos incrementar más la incertidumbre de las personas perceptoras del SMI», recalcó Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, quien destacó que de no haberse alcanzado el acuerdo este jueves, «habría decaído la prórroga de la subida del SMI» con las consecuencias negativas para los trabajadores. Luján matizó que estos perceptores tienen mayoritariamente «rostro de mujer y de persona joven», subrayando el componente de equidad de género y generacional de la medida.
Las críticas de la patronal y las tensiones en el diálogo social
Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme rechazaron el acuerdo por sexta vez consecutiva desde que comenzaron las subidas sostenidas del salario mínimo en 2018. En un comunicado difundido la mañana del jueves, las patronales calificaron de «fórmulas trileras» la propuesta del Ministerio de Hacienda para compensar a las empresas mediante deducciones fiscales en el Impuesto de Sociedades.
La oferta gubernamental contemplaba una deducción fiscal para aquellas empresas que aumentaran su plantilla con retribuciones superiores al salario mínimo, un mecanismo que según Hacienda buscaría incentivar la creación de empleo de calidad. Sin embargo, la patronal consideró que esta propuesta «establece condiciones inalcanzables para la mayoría de las empresas y, sobre todo, supone una nueva injerencia en la negociación colectiva y la libertad de empresa», denunciando lo que calificaron como «puro intervencionismo».
Las organizaciones empresariales criticaron además haberse «enterado por la prensa» de las condiciones propuestas, manifestando su malestar por la gestión del proceso negociador. Esta ausencia de consenso tripartito repite el patrón de las cinco subidas anteriores del SMI, todas ellas acordadas únicamente entre el Gobierno y los sindicatos sin el respaldo patronal.
El secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, reprochó directamente a la patronal su postura durante la comparecencia posterior al acuerdo. «Ha habido una voluntad absoluta de meter a la patronal en el acuerdo y hemos sido acusados de trilerismo», protestó el responsable gubernamental, defendiendo el esfuerzo del Ministerio por alcanzar un consenso más amplio.
Desde el ámbito sindical, Javier Pacheco, secretario confederal de Acción Sindical de Comisiones Obreras, fue más crítico con la actuación patronal. «Lo que está encima de la mesa es garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras que menos ganan en este país», afirmó Pacheco, quien denunció una «falta de respeto hacia el diálogo social» por parte de las organizaciones empresariales.
El impacto de la medida y el contexto político
El líder sindical de CCOO fue especialmente crítico con la propuesta de deducciones fiscales que el Ministerio de Hacienda puso sobre la mesa para atraer a la patronal. «Encontrar alternativas de figuras tributarias que compensen los costes laborales de las empresas que peor pagan en este país era del todo innecesario», valoró Pacheco, quien celebró que finalmente la negociación haya llegado a buen puerto sin necesidad de más concesiones empresariales.
El dirigente sindical criticó lo que calificó como «circo de negociación dilatoria que está lastrando la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras reciban los incrementos salariales en tiempo y forma», en referencia a la prolongación del proceso negociador más allá del inicio del año natural.
No obstante, los propios sindicatos admitieron que el nuevo salario mínimo, pese a la subida continuada desde 2018, sigue siendo insuficiente. «Estamos hablando de un salario de subsistencia, no de un salario suficiente para vivir», rebajó el triunfalismo Javier Pacheco, recordando que el SMI representa el piso mínimo de remuneración pero no garantiza por sí solo condiciones de vida dignas para todos los trabajadores.
Ambos sindicatos aprovecharon para reivindicar una demanda compartida con la patronal: la moderación de las reglas de desindexación de los contratos públicos, que afectan a las empresas adjudicatarias de servicios para las administraciones. «Lo vamos a seguir peleando», aseguró Fernando Luján de UGT, instando a los empresarios a sumarse a esta lucha común.
El acuerdo deberá ser aprobado formalmente mediante decreto por el Consejo de Ministros en las próximas semanas para su entrada en vigor oficial, aunque el carácter retroactivo desde el 1 de enero garantiza que los trabajadores percibirán el incremento correspondiente a todos los meses transcurridos del año 2026.
