El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, anunció el respaldo del Gobierno español a la inclusión del cuerpo armado en la lista europea de entidades terroristas, modificando la postura inicial de Madrid que, junto a Francia e Italia, había bloqueado previamente la medida. La decisión responde a la brutal represión de las protestas en Irán, que habría dejado más de 6.300 muertos en las últimas semanas.
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea acordaron este jueves por unanimidad designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista, una decisión que sitúa a este cuerpo militar iraní al mismo nivel que Al Qaeda, Estado Islámico o Hamás en la lista negra europea. El acuerdo fue posible tras el cambio de postura de España, Francia e Italia, tres países que en reuniones previas habían expresado reservas jurídicas y diplomáticas sobre las posibles consecuencias de esta medida.
El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, defendió públicamente el apoyo de Madrid a su llegada a la reunión del Consejo celebrada en Bruselas. «Lo he venido diciendo ya desde hace mucho tiempo, en los últimos días lo he dejado clarísimo: España apoya todas las sanciones a Irán en estos momentos y apoya aquellas que se refieren a la inclusión en la lista de grupos terroristas de la Guardia Revolucionaria», declaró el jefe de la diplomacia española ante los medios.
La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, confirmó el acuerdo unánime de los Veintisiete. «La represión no puede quedar sin respuesta. Si actúan como terroristas, también deben ser tratados como tales», afirmó Kallas, quien destacó que la medida envía un mensaje contundente al régimen de Teherán tras la violenta represión de las manifestaciones que han sacudido Irán.
El cambio de postura de Madrid
España había mantenido hasta hace pocos días una posición cautelosa respecto a la designación terrorista de la Guardia Revolucionaria, junto a Francia e Italia. Los tres países habían planteado preocupaciones sobre el impacto que esta decisión podría tener en las relaciones diplomáticas con Teherán y en la seguridad de los ciudadanos europeos detenidos en prisiones iraníes, una práctica habitual del régimen para ejercer presión sobre los gobiernos occidentales.
Sin embargo, la magnitud de la represión desatada contra los manifestantes iraníes modificó el cálculo político de estos gobiernos. Italia fue el primer país en anunciar su cambio de postura el pasado lunes, cuando el ministro de Exteriores Antonio Tajani declaró en redes sociales que impulsaría la medida como «respuesta enérgica» a los asesinatos perpetrados por el CGRI. Francia siguió ese camino el miércoles, y finalmente España completó el giro el jueves por la mañana.
El Ministerio de Asuntos Exteriores español había convocado días atrás al embajador iraní en Madrid, Reza Zabib, para protestar enérgicamente por la represión. En un comunicado oficial, el Gobierno reclamó a las autoridades de Irán «que se levanten de manera inmediata todas las restricciones a las comunicaciones y se ponga fin a las detenciones arbitrarias de manifestantes pacíficos».
Las razones de Albares: «No hay nada que calibrar»
Preguntado sobre si España temía posibles consecuencias por esta designación, como una ruptura completa de las relaciones diplomáticas con Irán, Albares fue tajante: «No tenemos desgraciadamente nada que calibrar» ante la situación que se vive en ese país, caracterizada por una «represión ciega e indiscriminada», con «detenciones arbitrarias» y una situación «terriblemente» preocupante para las mujeres iraníes.
El ministro español justificó el apoyo a la medida como una respuesta a «la represión sin sentido del régimen iraní hacia sus propios ciudadanos» y como «una obligación» de la Unión Europea de utilizar «todos los instrumentos» a su alcance para apoyar a los iraníes que han protestado con «valentía» en las calles. «Yo creo que es responsabilidad y obligación de la Unión Europea utilizar todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para detener esa represión, para acompañar a los iraníes y las iraníes», declaró.
Albares hizo especial énfasis en la situación de las mujeres manifestantes, señalando que es «muy consciente» de que «para ellas, para las mujeres iraníes, es mucho más difícil» protestar en las calles y que «requiere mucha más valentía». Las protestas masivas en Irán se desencadenaron este mes y han sido brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad del régimen, especialmente por la fuerza Basij, una milicia paramilitar dependiente de la Guardia Revolucionaria.
La decisión europea y sus implicaciones prácticas
La designación como organización terrorista implica la congelación de fondos y activos financieros, la prohibición de transferencias económicas y medidas de cooperación policial y judicial en materia penal. Sin embargo, fuentes diplomáticas europeas reconocen que el valor añadido práctico de esta medida es «muy limitado», dado que la Guardia Revolucionaria ya figura en diversos regímenes de sanciones de la Unión Europea y muchos de sus miembros ya tienen sus activos congelados.
La Unión Europea mantiene sanciones contra Irán desde 2011 por violaciones de derechos humanos, un régimen que se ha renovado anualmente y que se ha endurecido drásticamente desde 2022. Además, en julio de 2023 se estableció un marco específico de sanciones por el apoyo militar iraní a la guerra de Rusia contra Ucrania, y en mayo de 2024 se amplió su alcance por el respaldo de Teherán a grupos armados en Oriente Medio y los ataques con drones y misiles contra Israel.
Las cifras de la represión son devastadoras. Según la versión oficial del régimen iraní, han muerto 3.117 personas en las protestas, aunque organizaciones de derechos humanos opositoras como HRANA sitúan la cifra en 6.373 muertos, con miles de denuncias de homicidios aún sin confirmar y más de 40.000 arrestos. Videos difundidos por canales alternativos muestran a efectivos de la Guardia Revolucionaria disparando y golpeando a manifestantes desarmados.
La alta representante Kallas aseguró que los riesgos de la decisión «se han calculado» y precisó que «la parte diplomática queda fuera» de la designación terrorista: «Las interacciones con el ministro de Asuntos Exteriores iraní no están sujetas a esto. Por lo tanto, la estimación es que los canales diplomáticos seguirán abiertos». Por su parte, Irán calificó la designación como «otro error estratégico» y acusó a la Unión Europea de hipocresía por su postura sobre Gaza y de perjudicar sus propios intereses.
Tras el acuerdo político alcanzado este jueves, la Unión Europea deberá aprobar formalmente la decisión mediante la adopción por unanimidad de las actas legales en el Consejo, un paso administrativo que se espera completar en los próximos días.
