Desde que el Gobierno español aprobó la medida que beneficiará a unas 500.000 personas en situación irregular han comenzado a circular en redes y en ciertos soportes de comunicación afirmaciones falsas, como la del supuesto derecho a voto que estas personas no tendrán.
El Consejo de Ministros aprobó el martes 27 de enero el inicio de la tramitación urgente de un real decreto que permitirá la regularización extraordinaria de aproximadamente 500.000 personas extranjeras que ya se encuentran en España. Inmediatamente después del anuncio, circularon en redes sociales mensajes que afirman que esta medida supone «comprar votos» o que los inmigrantes regularizados podrán votar en las próximas elecciones generales. Ambas afirmaciones son falsas.
La regularización otorga permiso de residencia y trabajo, pero no concede la nacionalidad española ni, por tanto, el derecho a votar en elecciones generales o autonómicas. Para poder ejercer el sufragio en estos comicios es imprescindible tener la nacionalidad española, un trámite completamente diferente que requiere entre dos y diez años de residencia legal continuada según el país de origen, además de superar pruebas en el Instituto Cervantes.
La medida, pactada entre el Gobierno y Podemos, retoma el espíritu de una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas que lleva paralizada en el Congreso desde septiembre de 2024. Al tramitarse como real decreto en lugar de decreto-ley, no requerirá convalidación parlamentaria, lo que acelera su entrada en vigor.
Regularización temporal, no nacionalización
La regularización extraordinaria se dirige a dos colectivos principales: solicitantes de protección internacional que presentaron su petición antes del 31 de diciembre de 2025, y personas extranjeras en situación irregular que llevaran un mínimo de cinco meses en España al finalizar el año pasado. Los beneficiarios recibirán una autorización de residencia provisional con vigencia inicial de un año que les habilita automáticamente para trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector.
Esta autorización también permite cotizar a la Seguridad Social, pagar impuestos y acceder a derechos como la sanidad o la educación. Sin embargo, se trata de una medida provisional: transcurrido ese primer año, las personas deberán solicitar una autorización de residencia ordinaria prevista en el Reglamento de Extranjería. En el caso de los menores de edad, la regularización se realizará simultáneamente a la de sus progenitores y tendrá una vigencia de cinco años.
Los requisitos incluyen acreditar la permanencia en España mediante cualquier documento público o privado, como el padrón municipal, informes de citas médicas o contratos de alquiler. También será necesario no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público. El plazo para presentar solicitudes se abrirá previsiblemente a principios de abril y se extenderá hasta el 30 de junio de 2026, con un periodo de tramitación de hasta tres meses.
El bulo del voto: falso en generales y autonómicas
La confusión entre regularización y nacionalización está en el centro de la desinformación. Regularizar la situación administrativa de una persona extranjera no equivale a otorgarle la nacionalidad española. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece con claridad que en las elecciones generales y autonómicas solo pueden votar los españoles mayores de edad inscritos en el censo electoral.
Para obtener la nacionalidad española por residencia se exige, como norma general, haber residido en España de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante diez años. Este plazo se reduce a dos años para nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí, y a cinco años para quienes hayan obtenido la condición de refugiado. Además, los candidatos deben superar dos pruebas del Instituto Cervantes: una sobre el idioma español y otra sobre conocimientos constitucionales y socioculturales.
En el caso de las elecciones municipales, la situación es diferente. Las personas regularizadas sí podrían votar si provienen de países con los que España tiene acuerdos de reciprocidad. En las elecciones municipales de 2023 pudieron votar extranjeros de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago que hubieran residido cinco años en España de forma legal e ininterrumpida (tres en el caso de Reino Unido y Noruega), además de los ciudadanos de la Unión Europea.
Pero incluso en este supuesto, las personas que regularicen su situación en 2026 no podrían votar en las próximas municipales si estas se celebraran en 2027, como está previsto, ya que no habrían cumplido el requisito de residencia legal continuada que exige la legislación.
Desinformación recurrente en cada proceso de regularización
Esta no es la primera vez que circula desinformación sobre supuestos derechos de voto asociados a procesos de regularización. Mensajes similares aparecieron durante la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular en 2024 y también cuando se aprobó el nuevo Reglamento de Extranjería en noviembre del mismo año, que facilitó las vías ordinarias de regularización.
Medios especializados en verificación como Maldita.es, Newtral y Verificat han desmentido repetidamente estas afirmaciones, pero los bulos reaparecen con cada anuncio relacionado con inmigración. La narrativa de que las regularizaciones suponen «comprar votos» ignora deliberadamente que el proceso para obtener la nacionalidad española es largo, complejo y completamente independiente de la regularización administrativa.
España ha llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias desde 1986, bajo gobiernos de distinto signo político. La última fue en 2005, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se regularizaron 576.506 personas. Gobiernos del PSOE y del PP han recurrido históricamente a este mecanismo cuando la realidad social ha ido por delante de los cauces administrativos ordinarios.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió la medida como una forma de reforzar «un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración, en convivencia y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social». Sin embargo, la oleada de desinformación demuestra que cada proceso de regularización enfrenta resistencias políticas que se amplifican mediante bulos en redes sociales, complicando el debate público sobre una cuestión que requiere rigor y datos verificables.
