Los ministerios de Asuntos Exteriores de España, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda, Islandia, Japón, Noruega, Portugal y Reino Unido emitieron este miércoles un comunicado conjunto expresando su «profunda preocupación» y «enérgica condena» por la demolición de la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Jerusalén Este, ejecutada el pasado 20 de enero por las autoridades israelíes.
Los once gobiernos calificaron la demolición como un «acto sin precedentes» contra una agencia de la Organización de las Naciones Unidas y una «medida inaceptable para socavar su capacidad de operar». El comunicado conjunto, difundido este miércoles, insta al Gobierno de Israel a «cumplir con sus obligaciones internacionales de garantizar la protección e inviolabilidad de las instalaciones de Naciones Unidas», conforme a la Carta y la Convención General de la ONU. Los firmantes del texto hicieron un llamamiento directo: «Hacemos un llamamiento al Gobierno de Israel, miembro de Naciones Unidas, para que detenga todas las demoliciones».
La declaración conjunta subraya el «pleno apoyo» de los once países a la misión «indispensable» de la UNRWA para proporcionar servicios esenciales y asistencia humanitaria a los palestinos en los territorios ocupados, incluida Jerusalén Oriental. Los gobiernos destacaron el compromiso de esta organización y su labor como «proveedor de servicios» sanitarios y educativos a millones de palestinos en toda la región, especialmente en Gaza, y enfatizaron que «debe poder operar sin restricciones». El comunicado representa una respuesta diplomática coordinada ante una acción que ha generado condenas generalizadas en la comunidad internacional durante la última semana.
España ya había expresado su rechazo de forma individual el pasado miércoles 21 de enero, apenas un día después de la demolición. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, dirigido por José Manuel Albares, denunció en un comunicado que las fuerzas israelíes estaban «derruyendo edificios de la Agencia de Naciones Unidas protegidos por las inmunidades del derecho internacional, bajo la supervisión de autoridades israelíes». El departamento calificó la acción como una violación «inaceptable» de los privilegios e inmunidades de la organización internacional y pidió al Gobierno de Israel que respete «el derecho y las obligaciones internacionales, incluidas las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia».
La condena conjunta de once países
El comunicado conjunto firmado este miércoles refleja una posición diplomática coordinada entre naciones de diferentes continentes y tradiciones políticas. La participación de países europeos como España, Francia, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Islandia, Noruega, Portugal y Reino Unido, junto a Canadá y Japón, evidencia el alcance de la preocupación internacional por las acciones israelíes contra las instalaciones de organismos multilaterales. El texto insiste en que la demolición socava la capacidad operativa de la UNRWA en un momento en que sus servicios resultan esenciales para millones de refugiados palestinos que dependen de la asistencia humanitaria, educativa y sanitaria que proporciona la agencia.
Los firmantes recordaron que Israel, como Estado miembro de las Naciones Unidas, está obligado a respetar la protección e inviolabilidad de las instalaciones de la organización internacional. Esta obligación deriva tanto de la Carta de la ONU como de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, instrumentos jurídicos que establecen el marco de protección para las agencias y el personal de la organización en cualquier territorio. La declaración conjunta subraya que estas normas no son opcionales sino vinculantes para todos los Estados miembros, independientemente de disputas bilaterales o posiciones políticas respecto a determinadas agencias.
El contexto de la demolición
La demolición de las instalaciones de la UNRWA en Jerusalén Este se produjo el pasado martes 20 de enero cuando excavadoras y fuerzas de seguridad israelíes desmantelaron varios edificios del recinto situado en el barrio de Sheij Yarrá. El complejo albergaba suministros de ayuda humanitaria destinados a Gaza y Cisjordania. Roland Friedrich, director de la UNRWA para Cisjordania y Jerusalén Este, describió la intervención como «acciones sin precedentes» y relató que efectivos armados, acompañados por altos cargos, ingresaron al complejo antes de que las excavadoras procedieran a demoler los pabellones de la agencia. Friedrich calificó estas acciones como el resultado de una hostilidad sostenida contra la UNRWA durante los dos años previos.
El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, calificó la demolición como un «logro histórico para la soberanía de Israel» y describió a la organización como un grupo de «partidarios del terrorismo», celebrando su expulsión del sitio. Las autoridades israelíes argumentaron que «Unrwa-Hamas había cesado ya sus operaciones en ese lugar y no tenía más personal de la ONU ni realizaba actividades de Naciones Unidas allí», alegando que «el recinto no goza de ningún tipo de inmunidad». Sin embargo, el portavoz de la UNRWA, Jonathan Fowler, rechazó esta interpretación y aclaró que «el Gobierno israelí no tiene derechos sobre esta tierra».
La acción se enmarca en una ley aprobada por el Parlamento israelí en octubre de 2024 que prohíbe las actividades de la UNRWA en territorio bajo administración israelí. Israel ha sostenido reiteradamente que la agencia mantiene supuestos lazos con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y con otros grupos palestinos, aunque no ha presentado pruebas concluyentes que confirmen estos vínculos. La UNRWA defiende la neutralidad de su mandato humanitario y subraya que su labor resulta esencial para la supervivencia de millones de refugiados palestinos en la región.
Reacciones de ONU y Unión Europea
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, emitió una condena categórica de la demolición y recordó que «una instalación de Naciones Unidas es inviolable e inmune ante cualquier forma de interferencia». Según informó el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, Guterres había transmitido esta posición mediante una carta enviada el 8 de enero al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, subrayando la protección que otorgan el Derecho Internacional, la Carta de la ONU y la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de Naciones Unidas. El secretario general insistió en que el complejo de Sheij Yarrá constituye una instalación perteneciente a Naciones Unidas, amparada por acuerdos internacionales que garantizan su inviolabilidad.
La Comisión Europea también condenó la demolición e instó a Israel a poner fin a la destrucción del complejo de Naciones Unidas y a respetar las obligaciones derivadas del derecho internacional. La comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis e Igualdad, Hadja Lahbib, expresó su desaprobación ante la acción israelí. La Comisión hizo hincapié en la obligación de los Estados miembros de la ONU de permitir el desarrollo de la labor humanitaria y evitar cualquier forma de entorpecimiento en la implementación de los mandatos de la organización. Las instituciones europeas reafirmaron su respaldo político y financiero a la labor de la UNRWA en medio de las crecientes tensiones en la región.
