El Ministerio de Justicia ha iniciado la tramitación de la primera solicitud de indulto para el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz e instado al Tribunal Supremo a emitir el correspondiente informe preceptivo. Dos particulares solicitaron el indulto total del antiguo máximo responsable del Ministerio Fiscal, condenado en noviembre pasado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos relacionados con el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El Ministerio de Justicia ha iniciado el trámite legal correspondiente a una petición de indulto total para Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, y ha solicitado al Tribunal Supremo que emita su informe sobre la solicitud presentada por dos particulares. Según publicó el diario El País y confirmaron fuentes del Gobierno, se trata de la primera petición de indulto desde que el Supremo condenara a García Ortiz el pasado mes de noviembre a dos años de inhabilitación para ejercer el cargo de fiscal general por revelación de secretos del empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.
El procedimiento de indulto contempla que el Ministerio de Justicia debe recabar informes preceptivos antes de que el Gobierno adopte una decisión final sobre su concesión o denegación. Entre estos informes figura el del tribunal sentenciador, en este caso el Tribunal Supremo, que deberá pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la medida de gracia solicitada. El informe del Supremo no es vinculante para el Gobierno, pero constituye un elemento relevante en el proceso de toma de decisiones sobre la eventual concesión del indulto.
La tramitación de esta solicitud se produce en un momento de intensa controversia política y jurídica en torno a la condena del exfiscal general. El caso ha generado posiciones enfrentadas tanto en el ámbito jurídico como en el político, con sectores que consideran la sentencia inadecuada y otros que reclaman medidas disciplinarias adicionales contra García Ortiz. La eventual concesión del indulto dependerá de la valoración que realice el Gobierno tras recibir los informes preceptivos y analizar las circunstancias del caso.
La petición de indulto y el inicio del trámite
La solicitud de indulto total para Álvaro García Ortiz fue presentada por dos particulares cuya identidad no ha trascendido públicamente. El Ministerio de Justicia, una vez recibida la petición, ha dado curso a la misma siguiendo el procedimiento establecido en la normativa reguladora de los indultos, que exige la tramitación de cualquier solicitud que cumpla los requisitos formales mínimos. La petición contempla el perdón total de la pena impuesta por el Tribunal Supremo, lo que supondría la eliminación de la inhabilitación de dos años que pesa sobre el exfiscal general.
El proceso de tramitación incluye varios pasos preceptivos. Además del informe del tribunal sentenciador, el Ministerio de Justicia debe recabar el parecer del Ministerio Fiscal y evaluar las circunstancias concurrentes en el caso antes de elevar la propuesta al Consejo de Ministros, que es el órgano competente para adoptar la decisión final sobre la concesión o denegación del indulto. El procedimiento puede prolongarse durante varios meses dependiendo de la complejidad del caso y de los informes que se recaben.
La solicitud se produce después de que el pasado 23 de diciembre la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, acordara el reingreso de García Ortiz en la carrera fiscal tras el visto bueno de la Inspección Fiscal. El exfiscal general fue adscrito a la Sección de lo Social del Tribunal Supremo, un destino que le permite seguir ejerciendo como fiscal pese a la inhabilitación para ocupar el cargo de fiscal general del Estado. Esta decisión administrativa fue posteriormente impugnada por la representación legal de Alberto González Amador, que solicitó la anulación del decreto de reingreso.
La condena y el caso González Amador
El Tribunal Supremo condenó a Álvaro García Ortiz el pasado mes de noviembre a dos años de inhabilitación para ejercer el cargo de fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de información sobre Alberto González Amador. La sentencia consideró probado que el entonces fiscal general había participado en la difusión de datos protegidos por el secreto profesional relativos al empresario, pareja de la presidenta madrileña, en el marco de las negociaciones sobre un posible acuerdo de conformidad por delitos fiscales.
El caso se originó en marzo de 2024, cuando la Fiscalía de Madrid y la defensa de González Amador negociaban un posible pacto para que el empresario reconociera dos delitos fiscales y uno de falsedad documental a cambio de una condena reducida. En ese contexto, se filtró a medios de comunicación un correo electrónico del abogado de González Amador dirigido a la Fiscalía en el que se proponían los términos del acuerdo. La defensa del empresario denunció que la filtración vulneraba el derecho al secreto de las comunicaciones y buscaba perjudicar la imagen de su cliente.
El Tribunal Supremo estimó que García Ortiz había intervenido en la decisión de hacer pública información que debía permanecer reservada, vulnerando con ello el derecho al secreto de las comunicaciones del empresario. Junto a la inhabilitación de dos años, la sentencia impuso a González Amador el pago de 17.200 euros en concepto de multa e indemnización. La condena generó un intenso debate jurídico sobre los límites del derecho a la información frente al derecho al secreto de las comunicaciones en el ámbito de las investigaciones penales.
Manifiesto de juristas vs. petición de expulsión
Este martes, más de 150 juristas, entre ellos exmagistrados del Tribunal Supremo como José Antonio Martín Pallín, Perfecto Andrés, Joaquín Giménez o el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, además de abogados, fiscales y catedráticos, firmaron un manifiesto en el que arremeten contra la sentencia que condenó a García Ortiz. El texto, titulado «Una sentencia inquietante. Condena a la presunción de inocencia», critica la decisión del Tribunal Supremo de condenar al exfiscal general por la filtración del correo electrónico de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
El manifiesto considera la sentencia «inquietante» y cuestiona tanto la interpretación jurídica realizada por el Supremo como las consecuencias que puede tener para el ejercicio de la función fiscal. Los firmantes sostienen que la condena plantea interrogantes sobre la compatibilidad de la sentencia con el principio de presunción de inocencia y con las garantías procesales que deben asistir a cualquier investigado. El documento fue presentado en el Ateneo de Madrid y recibió una amplia cobertura mediática.
En el extremo opuesto, Alberto González Amador solicitó el pasado lunes la expulsión de Álvaro García Ortiz de la carrera judicial tras su condena de inhabilitación por revelación de secretos. La representación legal del empresario pidió anular el decreto dictado el pasado 23 de diciembre por Teresa Peramato que acordaba el reingreso en la carrera fiscal de García Ortiz tras el visto bueno de la Inspección Fiscal. González Amador considera que la condena debería acarrear consecuencias disciplinarias adicionales que impidan al exfiscal general seguir ejerciendo como miembro del Ministerio Fiscal.
La controversia refleja las divisiones existentes en el ámbito jurídico y político sobre el caso. Mientras un sector considera que la sentencia del Supremo constituye una interpretación excesivamente restrictiva del derecho a la información y de las facultades del Ministerio Fiscal, otro sector estima que la condena es proporcionada y adecuada a la gravedad de los hechos probados. La eventual concesión del indulto por parte del Gobierno previsiblemente intensificará este debate y generará nuevas controversias políticas.
