Alberto Núñez Feijóo acusa al Gobierno de utilizar la medida para «desviar la atención» de los accidentes ferroviarios y anuncia que denunciará el proceso ante el Partido Popular Europeo. Vox, por su parte, adelanta un recurso ante el Tribunal Supremo. Ambas formaciones evidencian su postura contraria a la inmigración pese a que el PP votó a favor de una iniciativa similar en 2024.
La regularización extraordinaria de personas extranjeras aprobada este martes por el Gobierno ha desatado una reacción crítica por parte del Partido Popular y Vox, las dos principales fuerzas de la derecha española. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente Pedro Sánchez de impulsar una «regularización masiva» para «desviar la atención» de los recientes accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, que han causado 46 fallecidos. Vox, por su parte, ha anunciado un recurso ante el Tribunal Supremo solicitando la suspensión inmediata del proceso.
El rechazo de ambas formaciones a la medida aprobada por el Consejo de Ministros pone de manifiesto su posición hostil hacia la inmigración, un vector político en el que compiten por captar votantes descontentos con las políticas del PSOE. Sin embargo, la virulencia de las críticas contrasta con el respaldo que el propio PP otorgó hace menos de un año a una iniciativa legislativa popular de idéntico contenido, respaldada por más de 700.000 firmas ciudadanas y por organizaciones como Cáritas.
Feijóo vincula regularización con accidentes ferroviarios
El presidente del Partido Popular utilizó este lunes la red social X para lanzar un duro mensaje contra el Ejecutivo. Feijóo escribió que tras los accidentes de Adamuz y Gelida no ha habido «ninguna dimisión» y que «la primera respuesta de Sánchez es una regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos».
El dirigente popular añadió que «en la España socialista, la ilegalidad se premia» y equiparó la política migratoria del Gobierno con su gestión ferroviaria, que calificó de «disparatada». Feijóo aseguró que cuando el PP llegue al Gobierno cambiará «de arriba a abajo» tanto la política migratoria como la ferroviaria impulsadas por Sánchez.
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, reforzó este martes el mensaje de su líder al tachar de «frívolo» que el Gobierno «haya cogido un proyecto que lleva diecinueve meses en el cajón» precisamente cuando la ciudadanía está preocupada por la seguridad ferroviaria. Muñoz calificó la regularización de «cortina de humo» destinada a evitar el debate sobre las responsabilidades políticas en los siniestros.
Desde la dirección del PP sostienen que el acuerdo entre el PSOE y Podemos constituye una «mala decisión política» que lanza «el peor mensaje posible» y consolida un modelo que «no ordena la inmigración ni protege la convivencia». Fuentes populares aseguran que la regularización «sin control ni garantías» provocará un «efecto llamada» que atraerá nuevas llegadas irregulares a España.
La denuncia ante el Partido Popular Europeo
Alberto Núñez Feijóo llevará su rechazo a la regularización a la cumbre del Partido Popular Europeo que se celebra los próximos días 30 y 31 de enero en Zagreb, la capital de Croacia. Fuentes de la dirección del PP han confirmado que el líder conservador denunciará la medida ante sus homólogos europeos por considerarla contraria al pacto europeo sobre inmigración.
Los populares españoles argumentan que la regularización extraordinaria vulnera el espíritu del acuerdo comunitario en materia migratoria, que apuesta por endurecer los controles fronterizos y agilizar las expulsiones de personas en situación irregular. Desde Génova consideran que Pedro Sánchez «va dando pasos en dirección contraria a otros países europeos» y advierten que los inmigrantes regularizados en España podrán trasladarse posteriormente a otros Estados miembros de la Unión Europea.
En la cumbre de Zagreb, Feijóo coincidirá con el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro griego Kyriákos Mitsotákis y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, todos ellos miembros del Partido Popular Europeo. El dirigente español intentará obtener respaldo internacional para su posición crítica hacia la política migratoria del Gobierno español.
Fuentes del PP señalan además que la inmigración se ha convertido en un «vector de voto clave» y que este tipo de propuestas puede dar argumentos a votantes socialistas descontentos para abandonar el PSOE y apoyar a otras formaciones. Paradójicamente, los populares reconocen que la regularización «puede penalizar» al partido de Sánchez al impulsar el crecimiento electoral de Vox.
Vox anuncia recurso ante el Supremo
La formación que lidera Santiago Abascal ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto de regularización extraordinaria. La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, adelantó que el partido solicitará «la suspensión inmediata» de cualquier proceso de regularización mientras el alto tribunal examina el recurso.
El portavoz nacional de Vox, Jorge Buxadé, defendió que su partido «es el único que está en contra de estas regularizaciones masivas». Buxadé criticó que en la última votación sobre el tema en el Congreso «todos los grupos menos Vox estaban de acuerdo en regularizar inmigrantes ilegales sin ton ni son», como si España tuviera «la capacidad de acoger a medio mundo».
El dirigente ultraderechista aseguró que «solo con una mayoría de Vox se revertirían las políticas migratorias que están arruinando y acabando con la identidad de España y toda Europa, esas que pactan y aprueban el bipartidismo y sus socios». Vox ha convertido el rechazo a la inmigración en uno de los ejes centrales de su discurso político y utiliza cada regularización como argumento para denunciar lo que considera una «invasión migratoria».
Fuentes de la formación ultraderechista reconocen que la regularización aprobada por el Gobierno puede beneficiar electoralmente a Vox al alimentar el descontento de sectores de votantes conservadores que perciben la inmigración como una amenaza. El partido de Abascal ha experimentado un ascenso en las encuestas durante las últimas semanas, en paralelo al endurecimiento del debate migratorio.
La contradicción del PP: del apoyo en 2024 al rechazo actual
El virulento rechazo actual del Partido Popular a la regularización contrasta notablemente con la posición que la formación mantuvo hace menos de un año. En abril de 2024, el PP votó a favor de la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular que perseguía precisamente regularizar a las personas extranjeras en situación irregular que residen y trabajan en España.
En aquel momento, Alberto Núñez Feijóo justificó el apoyo de su partido afirmando que era necesario «zanjar el debate con los inmigrantes que viven en España y que trabajan en España pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles». El líder popular añadió entonces que esas personas «pueden estar tranquilas», enviando un mensaje de tranquilidad a los beneficiarios potenciales de la regularización.
Meses después, en agosto de 2024, el portavoz nacional del PP Borja Sémper defendió nuevamente la regularización al señalar que «hay que darles una salida, faltaría más» a «los cientos de miles de personas en España que están en la economía sumergida, trabajando pero no cotizando, que no tienen derechos sociosanitarios o laborales». Sémper mencionó expresamente la iniciativa avalada por Cáritas y otras organizaciones sociales.
El cambio de postura del PP responde a la creciente competencia electoral con Vox por el espacio político de la derecha. El auge de los mensajes antiinmigración ha llevado a los populares a endurecer progresivamente su discurso en esta materia, abandonando el tono moderado que defendieron durante el debate de la iniciativa legislativa popular. Feijóo ha llegado a proponer un sistema de «carné por puntos» para la residencia, una idea que ya planteó Mariano Rajoy hace casi dos décadas.
El Partido Popular regularizó a más de medio millón de personas durante el Gobierno de José María Aznar en el año 2000, un precedente que evidencia que este tipo de procesos extraordinarios no son patrimonio exclusivo de gobiernos progresistas. La historia democrática española registra siete regularizaciones desde 1986, impulsadas tanto por ejecutivos socialistas como conservadores cuando la realidad migratoria ha superado la capacidad de los procedimientos administrativos ordinarios.
