El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha respondido a los cuestionamientos de sus socios parlamentarios sobre la organización conjunta del torneo con Marruecos y Portugal. El Gobierno defiende que España está «plenamente comprometida» con los principios de respeto a los derechos humanos, la sostenibilidad y la inclusión social. La respuesta se produce después de que diputados de izquierda expresaran dudas por las restricciones al derecho de manifestación en Marruecos.
El Gobierno español ha ratificado su pleno compromiso con la organización del Mundial de Fútbol de 2030 tanto desde el punto de vista deportivo como desde los principios de respeto a los derechos humanos, la sostenibilidad y la inclusión social. La declaración se produce como respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por diputados del partido de izquierda Sumar, socio minoritario del Gobierno socialista en el Parlamento español, que expresaron dudas sobre la coherencia de la participación española en el torneo que se celebrará juntamente con Marruecos y Portugal. La Copa Mundial de la FIFA 2030 será la vigésima cuarta edición del torneo y marcará el centenario de la primera Copa del Mundo, celebrada en Uruguay en 1930.
La pregunta parlamentaria fue formulada por los diputados de Izquierda Unida Enrique Santiago y Toni Valero, quienes solicitaron al Gobierno que se pronunciara sobre las medidas que se están adoptando para apoyar el respeto a los derechos humanos en el contexto de la organización del Mundial. Los parlamentarios hicieron referencia específica a las limitaciones al derecho de manifestación y las detenciones que tuvieron lugar en Marruecos durante las protestas del pasado verano, cuando el colectivo autodenominado GenZ 212 convocó manifestaciones en diversas ciudades del país. Sumar es una coalición de partidos de izquierda que incluye a Izquierda Unida y otros grupos progresistas, y que mantiene un papel clave en la estabilidad parlamentaria del Gobierno socialista de Pedro Sánchez.
En su respuesta oficial, a la que tuvo acceso la agencia Europa Press, el Gobierno español defendió que España está comprometida de lleno con la organización del evento tanto desde el punto de vista deportivo como desde los principios de respeto a los derechos humanos, sostenibilidad e inclusión social. El Ejecutivo subrayó que la reciente creación de una Comisión Interministerial específica para el Mundial, la implementación del II Plan de Derechos Humanos y las garantías aprobadas el pasado 30 de julio reflejan ese compromiso y la voluntad de que el evento sea un «referente positivo para el deporte y la sociedad». El Mundial de 2030 se celebrará en España, Marruecos y Portugal, con tres partidos inaugurales adicionales en Argentina, Paraguay y Uruguay como conmemoración del centenario del torneo.
El compromiso español con derechos humanos y sostenibilidad
El Gobierno español ha enfatizado que la organización del Mundial de 2030 representa una oportunidad para fortalecer las protecciones de derechos humanos en los tres países anfitriones, siempre que sus gobiernos y asociaciones de fútbol trabajen estrechamente con aficionados, organizaciones de derechos humanos, sindicatos y otros grupos afectados. Las autoridades españolas destacaron la creación de mecanismos institucionales específicos para garantizar que el torneo se desarrolle conforme a estándares internacionales en materia de derechos fundamentales. La Comisión Interministerial creada para coordinar la organización del evento tiene entre sus funciones la supervisión del cumplimiento de estos principios durante todas las fases de preparación y celebración del campeonato.
El II Plan de Derechos Humanos mencionado por el Gobierno español establece compromisos vinculantes para prevenir violaciones de derechos fundamentales en el marco del torneo. Este plan incluye estrategias específicas para proteger los derechos laborales de los trabajadores que participen en la construcción y preparación de infraestructuras, garantizar la no discriminación de cualquier persona que asista al evento, y establecer protocolos contra la violencia machista, el acoso, la xenofobia y el racismo. Las garantías aprobadas el 30 de julio de 2025 formalizan estos compromisos y establecen mecanismos de control y verificación que permitirán supervisar su cumplimiento efectivo durante todo el proceso de organización.
España ha manifestado en diversos foros internacionales su disposición a trabajar conjuntamente con Marruecos y Portugal para que el Mundial de 2030 represente un avance en materia de derechos humanos en la región. El Gobierno español ha señalado que la organización de un evento de esta magnitud constituye una oportunidad única para promover valores como la diversidad, la inclusión y el respeto a los derechos fundamentales, y que estos principios deben ser la base sobre la que se construya todo el proyecto. La FIFA ha incorporado por primera vez criterios de derechos humanos a su proceso de selección de sede para una Copa Mundial masculina, tras las controversias que rodearon las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022.
Las críticas de partidos de izquierda españoles
Los diputados de Sumar que plantearon la pregunta parlamentaria hicieron referencia específica a las protestas que se registraron a finales de septiembre de 2025 en diversas ciudades de Marruecos. Las manifestaciones, convocadas por el colectivo GenZ 212 e integradas mayoritariamente por jóvenes, incluían demandas relacionadas con la mejora de los servicios públicos, el acceso al empleo y denuncias de corrupción. Los manifestantes expresaron críticas hacia la inversión estatal destinada a infraestructuras vinculadas a la organización de la Copa Mundial de Fútbol de 2030, señalando que consideraban prioritarias otras necesidades sociales. Las protestas fueron objeto de una respuesta policial que generó controversia en organizaciones de derechos humanos internacionales.
Organizaciones como Amnistía Internacional han expresado en informes previos su preocupación por diversos aspectos de la situación de derechos humanos en los tres países anfitriones del Mundial 2030. En el caso específico de Marruecos, estas organizaciones han señalado cuestiones relacionadas con restricciones a la libertad de expresión, limitaciones al derecho de reunión pacífica, y condiciones laborales en el sector de la construcción. Amnistía Internacional publicó un informe titulado «¿Se juega un partido peligroso? Riesgos de la Copa de la FIFA 2030 y 2034 en materia de derechos humanos» en el que evaluaba los desafíos que plantea la organización del torneo en términos de protección de derechos fundamentales.
El Congreso de los Diputados español aprobó en mayo de 2025 una proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana, otro partido de izquierda independentista catalán, y pactada con el Partido Socialista Obrero Español, que instaba al Gobierno a establecer mecanismos de control y protección de los derechos humanos con vistas a la celebración del Mundial de 2030. La iniciativa parlamentaria también incluía recomendaciones para la elección y preparación del Mundial de 2034, previsto en Arabia Saudí, país que ha sido objeto de críticas más intensas por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos. La proposición recogía el compromiso de implementar estrategias y medidas vinculantes que prevengan la vulneración de los derechos fundamentales durante la preparación del evento deportivo.
Mecanismos de control establecidos para el torneo
El texto aprobado por el Parlamento español insta al Gobierno a exhortar a la Real Federación Española de Fútbol a revisar sus acuerdos internacionales y a condicionar la celebración de competiciones en países con historial de violaciones de derechos humanos a una mejora verificable de dichas situaciones. Se subraya así la necesidad de que todas las actividades deportivas promovidas por la federación española incorporen garantías explícitas de respeto a los derechos fundamentales. El Congreso también reclamó que los eventos deportivos que se celebren en España, o en los que participe el país, incorporen protocolos específicos contra la violencia machista, el acoso, la xenofobia y el racismo, con el objetivo de salvaguardar el respeto hacia las mujeres y otros colectivos vulnerables.
La iniciativa parlamentaria incluye además la propuesta de creación de un observatorio internacional independiente encargado de vigilar el cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos durante la organización y celebración del Mundial. Este observatorio tendría como función supervisar que las garantías ofrecidas por los tres países anfitriones se cumplan efectivamente y que cualquier incidente relacionado con derechos fundamentales sea documentado y abordado de manera transparente. El mecanismo permitiría también recibir denuncias de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y otros actores relevantes sobre posibles vulneraciones de derechos durante el proceso de preparación del torneo.
El Mundial de 2030 será el primero que se celebrará en tres continentes diferentes, con la mayoría de los partidos distribuidos entre España, Marruecos y Portugal, y tres encuentros inaugurales en Sudamérica como homenaje al centenario. Los seis países clasificarán automáticamente al torneo, que por primera vez en la historia contará con 48 selecciones participantes. La FIFA ratificó oficialmente la candidatura conjunta en diciembre de 2024 en un congreso extraordinario, a pesar de las observaciones formuladas por las federaciones de Noruega y Suiza sobre el procedimiento de selección y la necesidad de reforzar las garantías en materia de derechos humanos.
