El Ejecutivo firmó ayer con el País Vasco la cesión de cinco nuevas competencias, entre las que destaca la gestión del subsidio de desempleo y las prestaciones familiares a partir de enero de 2027. El acuerdo, valorado en 822 millones de euros anuales, supone un paso crucial para el Gobierno de Pedro Sánchez tras la crisis de la investidura, aunque el lehendakari Imanol Pradales advirtió que la relación con el Ejecutivo central «no puede seguir así».
El Gobierno central y el País Vasco rubricaron en Madrid un acuerdo de traspaso de competencias que marca un punto de inflexión en las relaciones entre ambas administraciones. Tras meses de tensión derivados del rechazo del Partido Nacionalista Vasco a apoyar los Presupuestos Generales del Estado y del bloqueo en la investidura fallida de Salvador Illa en Cataluña, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se anota un éxito político al reencauzar su relación con uno de sus socios parlamentarios imprescindibles para continuar la legislatura. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, compareció junto a representantes del Gobierno vasco para formalizar un acuerdo que permitirá a Euskadi gestionar políticas activas de empleo como las prestaciones por desempleo.
La imagen del ministro Torres acompañado de varios consejeros del Ejecutivo vasco resulta expresiva de la importancia que el Gobierno atribuye a este traspaso. Según el acuerdo sellado, Euskadi se convierte en la primera comunidad autónoma que gestionará tanto las políticas activas de empleo como las pasivas. El Gobierno central y el vasco firmaron el pacto en extremis aquella misma semana en la que se cumplía el plazo improrrogable de dos años para su ratificación, y aunque no se dieron a conocer de inmediato todos los detalles, el presidente del Gobierno vasco, Imanol Pradales, insistió en la máxima de que una gestión autonómica de estos ámbitos permitirá mejorar en eficiencia y bienestar.
Las cinco competencias transferidas y su alcance económico
El paquete de competencias transferidas incluye cinco áreas específicas que suponen una importante cesión de poder desde el Gobierno central al vasco. La más relevante, tanto por su impacto económico como por su trascendencia política, es la gestión del subsidio de desempleo y las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, el Seguro Escolar y el Centro de Verificación de Maquinaria de Burkaleku. Esta transferencia incluye el traspaso de 30 oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal y de 534 trabajadores, con un importe anual que asciende a 822 millones de euros. La capacidad normativa seguirá siendo estatal, lo que significa que el Estado mantendrá la potestad para fijar el marco general de las políticas, aunque la gestión pasará íntegramente a las instituciones vascas.
El traspaso del desempleo, que comenzará a aplicarse desde enero de 2027, permitirá al País Vasco asumir la gestión dentro del carácter de la Seguridad Social y con respeto al principio de solidaridad. Esta cesión representa un avance sustancial respecto a la situación actual, ya que hasta ahora el Gobierno vasco gestionaba los subsidios por desempleo a través de un convenio con la Administración central, pero sin competencias plenas ni capacidad para diseñar políticas propias adaptadas al mercado laboral vasco. Ahora, con la transferencia completa, Vitoria podrá coordinar de manera más eficiente las políticas activas de empleo con el sistema de protección por desempleo, algo que el lehendakari Pradales defendió como fundamental para optimizar recursos y responder mejor a las necesidades específicas del mercado laboral vasco.
Además de las prestaciones por desempleo, el acuerdo incluye otras competencias relevantes. Las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo y el Seguro Escolar pasan también a manos del Gobierno vasco, completando así un paquete que refuerza significativamente las capacidades de gestión de Vitoria en ámbitos sociales y laborales. El Centro de Verificación de Maquinaria de Burkaleku, la quinta competencia transferida, aunque de menor impacto económico directo, simboliza la voluntad de ambas administraciones de ir cerrando el proceso de traspasos pendientes contemplado en el Estatuto de Gernika.
Del bloqueo a la firma: una negociación compleja
El acuerdo alcanzado ayer cobra especial relevancia si se analiza el contexto político en el que se ha producido. Apenas hace unas semanas, la relación entre el Gobierno central y el PNV atravesaba uno de sus peores momentos tras el rechazo del partido nacionalista a apoyar los Presupuestos Generales del Estado y su negativa a facilitar la investidura de Salvador Illa en Cataluña. Los jeltzales habían insistido en que el Gobierno debía cumplir para el 31 de diciembre con el compromiso de cerrar los traspasos del Estatuto de Gernika pendientes, amenazando con no seguir respaldando la legislatura si no se avanzaba en este sentido.
La negociación ha sido compleja y en varias ocasiones ha estado a punto de bloquearse. De hecho, el propio acuerdo estaba previsto para finales de junio de 2025 pero no se cumplió ese plazo. El ministro Ángel Víctor Torres tuvo que intervenir varios ministerios en un proceso negociador que se alargó durante meses hasta lograr un acuerdo que respeta el Estatuto de Gernika y que, según explicó el partido nacionalista, dirigido por Aitor Esteban, permite superar las resistencias de algunos ministerios, especialmente del de Seguridad Social. Finalmente, tras semanas de intensas conversaciones, el Ejecutivo cedió ante las presiones del PNV y logró firmar el acuerdo apenas unos días después de que comenzara el año 2026, una vez superado el plazo que el propio Pradales había marcado como límite.
El lehendakari Imanol Pradales, sin embargo, no quiso disimular su malestar con el Gobierno central durante la firma del acuerdo. En declaraciones posteriores, señaló que la relación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez «no puede seguir así», alertando de que la solución encontrada mediante este traspaso no resuelve el problema de fondo. Pradales advirtió que todavía se deben cerrar todas las competencias previstas del Estatuto vasco, y expresó su escepticismo sobre la capacidad del Gobierno para mantener su apoyo parlamentario. El líder del PNV dejó claro que, aunque este acuerdo representa un avance significativo, los jeltzales mantienen su posición crítica respecto al futuro de la legislatura y continúan «jugando en todos los frentes» sin comprometerse definitivamente con la estabilidad del Gobierno de Sánchez.
El escepticismo del PNV sobre el futuro de la legislatura
A pesar de haber logrado este acuerdo histórico, el Partido Nacionalista Vasco mantiene una postura cautelosa respecto al futuro del Gobierno de Pedro Sánchez. Fuentes del partido han asegurado que el traspaso de las prestaciones familiares no compromete su futuro apoyo parlamentario, y que persisten dudas sobre la continuidad de su respaldo en la actual legislatura. El PNV ha adoptado una estrategia que algunos analistas describen como de «gestión de las incertidumbres», aprovechando su posición bisagra para extraer concesiones del Gobierno mientras mantiene abiertas sus opciones de cara al futuro.
Esta posición de fuerza del PNV quedó reflejada en las palabras del lehendakari Pradales, quien insistió en que el próximo objetivo del partido nacionalista es conseguir la finalidad de las competencias relativas a las prestaciones del desempleo, pero sin rendir cuentas a Madrid sobre el uso de estos recursos. El dirigente vasco también subrayó la importancia de gestionar el traspaso de una manera que beneficie al ciudadano vasco y que permita al País Vasco disponer de herramientas propias para afrontar los desafíos del mercado laboral con mayor autonomía y eficacia.
Mientras tanto, el Gobierno central celebra este acuerdo como una victoria política que le permite recomponer su relación con el PNV en un momento crucial de la legislatura. El ministro Torres defendió que la transferencia respeta el Estatuto de Gernika y con él se refuerza el modelo de cogobernanza entre el Estado y las comunidades autónomas. Sin embargo, el Ejecutivo es consciente de que este traspaso no garantiza automáticamente el apoyo futuro de los cinco diputados del PNV en el Congreso, especialmente en un contexto donde el partido nacionalista ha expresado en reiteradas ocasiones su disposición a negociar con todas las fuerzas políticas y a no atarse de forma permanente a ningún proyecto político que no defienda los intereses vascos. El calendario fijado para que Vitoria asuma las competencias transferidas comenzará en enero de 2027, una fecha que coincide con el ecuador de la legislatura y que obligará al PNV a definir con mayor claridad su posición respecto a la continuidad del Gobierno de Sánchez.
