El Ministerio Público ha abierto diligencias de investigación penal preprocesales contra el cantante por seis presuntos delitos que incluyen trata de seres humanos, agresiones sexuales, acoso, lesiones y vulneración de derechos laborales. Las dos exempleadas que presentaron la denuncia el pasado 5 de enero declararán bajo un estatuto especial de protección reservado para casos de alto riesgo para las víctimas.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a las dos mujeres que denunciaron al cantante Julio Iglesias por presuntos delitos de violencia sexual, trata de seres humanos y explotación laboral. La decisión, anunciada por Women’s Link Worldwide, la organización que representa legalmente a las denunciantes, supone un paso significativo en la investigación contra el artista de 82 años. El Ministerio Público ha otorgado a ambas mujeres el estatus de testigos protegidas, una medida excepcional que se aplica en casos donde existe riesgo para la integridad de las víctimas y que implica garantías especiales durante todo el proceso judicial.
La denuncia fue presentada formalmente el 5 de enero ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el organismo competente para investigar presuntos delitos cometidos por ciudadanos españoles en territorio extranjero. Los hechos denunciados habrían ocurrido durante el año 2021 en las residencias que el cantante posee en República Dominicana y Bahamas, donde las dos mujeres trabajaban como empleada del hogar y fisioterapeuta respectivamente. Según la documentación presentada, las denunciantes aportaron pruebas que incluyen documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y trámites migratorios presuntamente gestionados por el propio Iglesias ante autoridades de distintos países.
El caso se hizo público a través de una investigación periodística conjunta de tres años de duración realizada por el medio español elDiario.es y la cadena estadounidense Univision Noticias, que entrevistó a 15 extrabajadores del cantante. Las dos denunciantes, identificadas con los nombres ficticios de Rebeca y Laura para proteger su identidad, relataron un entorno laboral caracterizado por jornadas excesivas de hasta 16 horas diarias, control exhaustivo de su vida personal, restricciones severas de movilidad y presuntos abusos físicos y sexuales. Amnistía Internacional, que acompaña el caso desde una perspectiva de derechos humanos, ha señalado que existen indicios de un patrón de actuación que afecta especialmente a mujeres migrantes en contextos de alta precariedad laboral.
Seis delitos en el punto de mira de la Fiscalía
La denuncia plantea un conjunto de delitos relacionados con la violencia sexual, la explotación laboral y la trata de personas. En primer lugar, apunta a la existencia de un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo o servicios forzados y servidumbre, previsto y penado con entre cinco y ocho años de prisión según el Código Penal español. Este delito podría verse agravado por dos circunstancias: el peligro para la integridad física de las denunciantes, dada su situación de vulnerabilidad, y la posible existencia de un grupo criminal organizado para facilitar estas prácticas.
Además del delito de trata, la Fiscalía analiza presuntos delitos contra la libertad e indemnidad sexual que incluyen acoso sexual y agresión sexual, tipificados en el Código Penal con penas que pueden alcanzar hasta 12 años de prisión en función de las circunstancias y la gravedad de los hechos. Las denunciantes han relatado situaciones de desnudos, manoseos y vejaciones que habrían ocurrido de forma reiterada en el entorno laboral. También se investigan posibles delitos de lesiones, tanto físicas como psicológicas, derivadas del entorno de control e intimidación descrito en los testimonios.
Por último, la denuncia incluye delitos contra los derechos de los trabajadores. Las exempleadas señalan que carecían de contrato formal, trabajaban jornadas extenuantes sin descanso adecuado ni días libres, y se encontraban en una situación de dependencia absoluta respecto al empleador, quien controlaba sus documentos de identidad y restringía su libertad de movimiento. Es habitual en la jurisprudencia española que delitos de trata se juzguen en concurso con otros delitos sexuales o laborales, al no ser generalmente los tratantes quienes perpetran directamente todas las agresiones sino quienes crean las condiciones de explotación.
Medidas de protección para las víctimas
El estatuto de testigos protegidas otorgado por la Fiscalía forma parte de un paquete más amplio de medidas de protección solicitadas por las denunciantes y sus representantes legales. Jovana Ríos Cisneros, directora ejecutiva de Women’s Link Worldwide, explicó en rueda de prensa que la denuncia incluía peticiones específicas para evitar cualquier contacto directo entre las denunciantes y sus familiares con Julio Iglesias o su entorno, proteger su identidad e intimidad impidiendo información que pueda facilitar su identificación, y garantizar que las declaraciones se realicen en condiciones que eviten la revictimización.
La organización también ha solicitado medidas para salvaguardar a otras trabajadoras que aún mantendrían vínculos laborales con el artista, ante la posibilidad de que existan más casos similares. De hecho, Ríos Cisneros reveló que otras mujeres que aseguran haber trabajado para Julio Iglesias ya han contactado con la organización, lo que podría ampliar el alcance de la investigación en el futuro. No existe por ahora una fecha definida para las declaraciones de las dos denunciantes, que podrían realizarse de forma remota mediante videoconferencia, ya que ninguna de las mujeres reside actualmente en España.
La abogada Gema Fernández, también de Women’s Link, explicó que la vía procesal elegida busca que sea el propio Ministerio Público quien lidere la acción penal si se confirman indicios de delito. De no ser así, la organización no descarta acudir directamente a un juzgado mediante querella privada. Fernández destacó la diferencia de capacidad económica y de influencia entre Iglesias y las denunciantes como factor que hace especialmente necesarias estas medidas de protección durante todo el proceso.
Plazo de seis meses para decidir el futuro del caso
La Fiscalía de la Audiencia Nacional dispone inicialmente de seis meses para practicar las diligencias de investigación penal preprocesales, plazo que puede prorrogarse excepcionalmente por otros seis meses más. Durante este periodo, el Ministerio Público debe recabar información y pruebas que permitan determinar si existen indicios suficientes para continuar con el procedimiento. Al término del plazo, la Fiscalía tendrá dos opciones: archivar la investigación si considera que no hay base para seguir adelante, o presentar una querella formal contra Julio Iglesias ante los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.
Si la Fiscalía decide presentar querella y un juez abre instrucción formal, el magistrado también podría establecer un primer filtro sobre los delitos investigados, descartando o reorganizando aquellos que propone la acusación en función de su apreciación inicial de los hechos. El caso se encuentra todavía en una fase muy incipiente desde el punto de vista judicial, y las diligencias son secretas, por lo que la Fiscalía no ha ofrecido más detalles sobre el contenido de la investigación ni sobre las pruebas recabadas hasta el momento.
Hasta ahora, Julio Iglesias no ha comparecido públicamente para responder a las denuncias. Los medios que publicaron la investigación, elDiario.es y Univision Noticias, se pusieron en contacto en repetidas ocasiones y por diferentes vías con el cantante y con su abogado, sin obtener respuesta a las preguntas que le hicieron llegar por correo electrónico, mensajes telefónicos y cartas entregadas en sus residencias. Tampoco ha habido comunicado oficial desde el entorno legal del artista desde que trascendieron públicamente las acusaciones.
