La salida de la Administración Trump de organismos multilaterales vinculados al clima, entre ellos la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), lejos de frenar la expansión de las renovables, podría acelerar una reconfiguración global del liderazgo energético, según el director general de la entidad, Francesco La Camera.
La decisión de Washington de abandonar más de sesenta organismos internacionales, incluidos varios del sistema de Naciones Unidas, introduce un cambio de ritmo en la gobernanza climática. Para algunos observadores, el repliegue estadounidense anuncia una fase de incertidumbre. Para otros actores del sector, el movimiento abre una ventana de consolidación de nuevos polos de influencia tecnológica, industrial y financiera.
Durante la apertura de la 16ª Asamblea General de IRENA en Abu Dabi, Francesco La Camera defendió una lectura estratégica: la transición hacia las energías renovables ya posee una dinámica propia, sostenida por ventajas económicas, seguridad energética y madurez tecnológica. En su diagnóstico, el proceso se acelera cuando los países buscan reducir dependencias externas y volatilidad de precios, factores que pesan cada vez más en la planificación industrial.
El contexto refuerza esta idea. En 2025, el 92 % de la nueva capacidad eléctrica instalada a escala global correspondió a fuentes renovables. Para 2026, las previsiones apuntan a cerca de 700 gigavatios adicionales, una magnitud que duplica en un solo año la potencia nuclear construida durante siete décadas. El dato ilustra una tendencia estructural: la inversión se orienta hacia tecnologías con menor coste operativo, mayor resiliencia y horizontes de estabilidad más largos.
Una hipótesis implícita merece ser examinada con cautela: asumir que el liderazgo estadounidense resulta imprescindible para sostener el impulso climático global. El escepticismo informado recuerda que China, la Unión Europea, India, el Golfo y varios países emergentes han desarrollado cadenas industriales completas en renovables, almacenamiento y redes inteligentes. El sistema ya funciona como un ecosistema multipolar, donde la innovación y el capital se redistribuyen con rapidez.
La asamblea de Abu Dabi refuerza este desplazamiento. Con más de 1.500 participantes de 139 países y la Unión Europea, la reunión exhibe un tejido de cooperación técnica que sigue activo, incluso en un escenario de tensiones geopolíticas y fragmentación diplomática. La presidencia asumida por República Dominicana y la vicepresidencia compartida por España, Kenia, Islas Salomón y Antigua y Barbuda reflejan una gobernanza cada vez más diversa.
El debate, sin embargo, va más allá del clima. La Camera insistió en que las renovables operan como palanca de competitividad industrial, atracción de inversiones y reducción de riesgos macroeconómicos. La transición energética deja de ser una política ambiental para convertirse en un eje de estrategia productiva. En muchos países, el cálculo económico ya pesa más que el discurso ambientalista.
Un contraargumento habitual sostiene que la retirada estadounidense puede debilitar la financiación internacional, la coordinación normativa y la diplomacia climática. El riesgo existe, sobre todo en proyectos que dependen de marcos multilaterales. Aun así, el volumen de capital privado, los fondos soberanos y los programas industriales regionales muestran una capacidad de absorción que mitiga ese impacto.
La cuestión de fondo remite al modelo de desarrollo. La coexistencia de tensiones geopolíticas, desigualdades sociales y presión ambiental redefine las prioridades de los Estados. En ese escenario, la energía funciona como variable de estabilidad política y económica. Los países que controlen tecnologías limpias, cadenas logísticas y capacidades de almacenamiento ganarán margen de autonomía estratégica.
La retirada estadounidense, más que un freno, actúa como un catalizador de ese reordenamiento. El liderazgo climático se desplaza hacia quienes integren innovación, escala industrial y coherencia regulatoria. La transición energética entra así en una fase menos dependiente de consensos diplomáticos y más vinculada a decisiones económicas duras.
