Los Estados miembros de la Unión Europea han dado este viernes luz verde provisional al tratado de libre comercio con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el acuerdo comercial más ambicioso en la historia del bloque europeo. El cambio de postura de Italia, que pasó del rechazo al respaldo tras obtener concesiones para sus agricultores, resultó decisivo para alcanzar la mayoría cualificada necesaria. Francia mantiene su oposición frontal y anuncia que continuará la batalla en el Parlamento Europeo, donde la votación final podría celebrarse entre abril y mayo.
La Unión Europea ha dado un paso histórico este viernes 9 de enero al aprobar de forma provisional el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, poniendo fin a más de un cuarto de siglo de negociaciones interrumpidas y tensiones diplomáticas. En una reunión de embajadores celebrada en Bruselas, al menos 15 países que representan el 65 por ciento de la población del bloque votaron a favor del tratado, cumpliendo así el umbral de mayoría cualificada exigido por las normas comunitarias. La aprobación allana el camino para que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viaje el próximo lunes a Asunción, capital paraguaya, donde rubricará formalmente el acuerdo junto a los mandatarios del bloque sudamericano integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
El resultado de la votación refleja las profundas divisiones que este tratado ha generado dentro de la Unión Europea. Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda votaron explícitamente en contra del acuerdo, mientras que Bélgica optó por la abstención. Del otro lado, países como Alemania, España y Portugal han defendido consistentemente el pacto como una necesidad estratégica para diversificar mercados y reducir la dependencia comercial de China. La batalla, sin embargo, está lejos de haber terminado. El acuerdo necesita aún la ratificación del Parlamento Europeo para entrar en vigor, y la ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, ha prometido públicamente movilizar todos los recursos políticos disponibles para lograr su rechazo en la Eurocámara.
El giro italiano que desbloqueó el tratado
El factor determinante para la aprobación del acuerdo fue el cambio de posición de Italia, que en diciembre se había sumado a la oposición francesa y logró bloquear el consenso en aquel momento. El gobierno de Giorgia Meloni condicionó su respaldo a la obtención de garantías específicas para el sector agrícola italiano, amenazado por la competencia de productos sudamericanos con menores costes de producción. La primera ministra italiana explicó en una conferencia de prensa celebrada este mismo viernes que «siempre hemos dicho que estamos a favor del acuerdo con Mercosur cuando existen garantías suficientes para nuestros agricultores». Meloni añadió que, con los fondos adicionales y las salvaguardias ofrecidas por la Comisión Europea, Roma considera que el tratado logra un equilibrio adecuado entre los intereses del sector agropecuario y los de la industria manufacturera italiana.
El voto italiano resultó crucial porque sin su apoyo no se habría alcanzado la mayoría cualificada necesaria. El bloque sudamericano había mostrado crecientes señales de impaciencia ante los sucesivos retrasos, y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva había pedido «coraje» a los líderes europeos durante la cumbre del Mercosur celebrada en diciembre. La presión geopolítica también jugó un papel relevante, con la amenaza de aranceles estadounidenses bajo una eventual administración Trump y la necesidad de asegurar acceso a minerales críticos para la transición energética europea como argumentos de peso para los países favorables al acuerdo.
Concesiones millonarias que no calmaron la furia agrícola
Para intentar disipar la oposición del sector agrícola europeo, la Comisión Europea diseñó en los últimos meses un paquete de medidas y compensaciones sin precedentes. La semana pasada, von der Leyen anunció que los Estados miembros podrían canalizar 45.000 millones de euros adicionales hacia el sector agrícola en el nuevo presupuesto de siete años que comenzará en 2028, adelantando recursos de la Política Agrícola Común. Además, Bruselas estableció cláusulas de salvaguardia que permitirán suspender importaciones de productos agrícolas sensibles si estos desestabilizan el mercado europeo, con umbrales específicos: se abrirá una investigación si el precio de un producto del Mercosur es al menos ocho por ciento inferior al de la misma mercancía en la UE y si el volumen de importaciones aumenta más de ocho por ciento.
La Comisión también reforzó los controles sobre residuos de pesticidas en las importaciones y anunció esta misma semana la prohibición total de tres sustancias químicas utilizadas principalmente en cítricos, mangos y papayas sudamericanos. Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea, destacó el jueves que «las prioridades agrícolas han estado en el núcleo» de las negociaciones y que «hemos negociado como locos» para lograr estas garantías. Sin embargo, estas concesiones no fueron suficientes para convencer a Francia, el mayor productor agrícola de la Unión Europea, ni para calmar las protestas de agricultores que este viernes bloquearon carreteras en las entradas de París, además de manifestarse en Bélgica y Polonia.
La batalla final se librará en la Eurocámara
Aunque la votación de los embajadores representa un hito fundamental, el acuerdo no entrará en vigor de forma inmediata. Tras la firma prevista para el lunes en Asunción, el texto deberá ser sometido a la aprobación del Parlamento Europeo, donde el resultado es mucho menos predecible que en el Consejo. Aproximadamente 150 eurodiputados de un total de 720 han amenazado con recurrir a la Justicia europea para impedir la aplicación del tratado, alegando que vulnera compromisos climáticos y ambientales del bloque. Bernd Lange, presidente socialdemócrata alemán de la Comisión de Comercio del Parlamento, ha expresado su confianza en que el acuerdo será finalmente aprobado, con una votación que se celebrará muy probablemente en abril o mayo.
El tratado eliminará 4.000 millones de euros en aranceles sobre las exportaciones europeas, con el Mercosur comprometiéndose a eliminar gravámenes sobre el 91 por ciento de los productos comunitarios, incluidos automóviles que actualmente enfrentan un arancel del 35 por ciento. Por su parte, la Unión Europea eliminará progresivamente aranceles sobre el 92 por ciento de las exportaciones sudamericanas durante un período de hasta diez años. Las exportaciones europeas están dominadas por maquinaria, productos químicos y equipos de transporte, mientras que las del Mercosur se centran en productos agrícolas, minerales, pulpa y papel, una complementariedad que defensores del acuerdo consideran beneficiosa pero que críticos denuncian como una amenaza para la agricultura europea y el medio ambiente.
