La consolidación de Delcy Rodríguez como líder interina de Venezuela convive con una realidad incómoda: la Unión Europea la mantiene sancionada por su papel en el deterioro democrático del país durante los años de poder chavista.
Rodríguez forma parte desde 2018 del grupo de 69 altos cargos venezolanos sometidos a sanciones europeas por vulnerar el Estado de derecho y los derechos humanos. Estas medidas, activas desde 2017 y prorrogadas hasta enero de 2027, incluyen congelación de bienes, prohibición de financiación y veto de entrada al espacio comunitario.
El Consejo de la UE ha reiterado que las sanciones responden a acciones persistentes contra la democracia, agravadas tras las elecciones presidenciales de 2024 y la posterior represión política. Junto a Rodríguez figuran nombres clave del régimen, como Diosdado Cabello y el fiscal general Tarek William Saab.
Desde el punto de vista jurídico, la vía europea quedó prácticamente cerrada en 2021, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechazó el recurso presentado por Rodríguez contra su inclusión en la lista. La sentencia avaló que las sanciones estaban suficientemente motivadas y alineadas con los objetivos de política exterior de la Unión.
El caso adquiere una dimensión política adicional por la conocida controversia de Madrid en 2020, cuando Rodríguez hizo escala en el aeropuerto de Barajas pese a tener prohibida la entrada en territorio europeo. Aquel episodio tensó las relaciones entre España y las instituciones comunitarias y sigue siendo citado como símbolo de la ambigüedad europea frente al chavismo.
Hoy, mientras Estados Unidos apuesta por una interlocución directa con Rodríguez para estabilizar el país, Bruselas mantiene una posición prudente y restrictiva. La paradoja es evidente: la figura llamada a pilotar la transición venezolana continúa siendo, para la UE, una dirigente formalmente sancionada, lo que anticipa un proceso diplomático lento y lleno de matices.
