El presidente del Gobierno ultima un paquete de medidas sociales que no requieren aval parlamentario para intentar recuperar la agenda política tras la derrota en Extremadura. Con tres citas electorales autonómicas por delante, una mayoría parlamentaria rota y un calendario judicial repleto de casos que afectan al PSOE, Sánchez busca resistir hasta diciembre de 2026 mientras descarta el adelanto electoral.
El Gobierno de Pedro Sánchez afronta 2026 en uno de sus momentos más delicados desde que se formó la coalición progresista. La derrota en las elecciones autonómicas de Extremadura, donde el Partido Popular y Vox alcanzaron conjuntamente el 60 por ciento de los votos en un histórico feudo socialista, ha encendido todas las alarmas en La Moncloa. El presidente y su círculo más estrecho trabajan en un giro estratégico que permita recuperar la iniciativa política antes de las citas electorales de febrero en Aragón y Castilla y León, dos comunidades donde las encuestas pronostican resultados adversos que podrían alimentar la sensación de final de ciclo. La estrategia pasa por aprobar medidas sociales mediante decretos que no requieran el aval de un Congreso donde el Gobierno ha perdido la mayoría tras la ruptura con Junts.
El plan diseñado en Moncloa incluye un paquete de iniciativas de alto impacto mediático que puedan ejecutarse sin pasar por el trámite parlamentario. Según fuentes gubernamentales, Sánchez solicitó en noviembre a todos sus ministros, tanto del ala socialista como de Sumar, que presentaran un listado con tres o cuatro propuestas cada uno de carácter «ambicioso» y «disruptivo», pero al mismo tiempo «específico» y «fácil» de llevar a la práctica. El objetivo es que la ciudadanía identifique estas medidas como marca distintiva del Gobierno de coalición y no como resultado de la acción de administraciones autonómicas del Partido Popular. Entre las iniciativas que ya han entrado en vigor el 1 de enero figuran la prohibición de desahucios, la actualización de las pensiones conforme al IPC y el nuevo abono de transporte único para toda España con descuentos tanto para jóvenes como para adultos.
La paradoja que atraviesa el Ejecutivo resulta especialmente llamativa. España cierra 2025 con indicadores económicos excepcionales: lidera el crecimiento del Producto Interior Bruto entre las grandes economías desarrolladas de la Unión Europea, el empleo alcanza cifras récord, la recaudación fiscal mejora de forma sostenida, el Ibex 35 ha firmado su mejor año desde 1993 y la prima de riesgo se sitúa en mínimos históricos. Sin embargo, esta bonanza económica no se traduce en apoyo electoral. Los problemas estructurales que afectan a la percepción ciudadana del bienestar —la pérdida de poder adquisitivo de amplias capas de la población, la desigualdad y sobre todo la crisis de acceso a la vivienda— impiden que los buenos datos macroeconómicos se conviertan en respaldo político al Gobierno. La gestión favorable de la economía convive con un clima de desgaste político acelerado.
Febrero, primera prueba electoral
El calendario electoral marca el pulso inmediato del año político. El 8 de febrero se celebran elecciones autonómicas simultáneas en Aragón y Castilla y León, dos comunidades gobernadas por el Partido Popular con el apoyo de Vox hasta que la formación de Santiago Abascal rompió todos los pactos autonómicos en 2024. En ambos territorios, los presidentes autonómicos Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco adelantaron las citas electorales previstas originalmente para 2027, siguiendo la estrategia exitosa de María Guardiola en Extremadura. Las encuestas pronostican que el PP podría revalidar su mayoría en ambas comunidades, aunque el reparto de votos entre populares y Vox determinará si los primeros pueden gobernar en solitario o necesitarán acuerdos puntuales con la ultraderecha, que ha descartado volver a formar gobiernos de coalición hasta después de unas hipotéticas elecciones generales.
Para el PSOE, estas dos citas constituyen un test de resistencia crucial. Tras el batacazo en Extremadura, otra doble derrota en febrero alimentaría la percepción de ola conservadora imparable y generaría presiones internas para un adelanto electoral. En Aragón, la candidata socialista Pilar Alegría, que fue ministra de Educación y portavoz del Gobierno hasta su reciente salida del Ejecutivo, se enfrenta al presidente popular Jorge Azcón en un tablero político más fragmentado que el extremeño, lo que podría abrir opciones de pacto postelectoral si los números lo permiten. En Castilla y León, Mañueco buscará revalidar su mandato sin haber logrado aprobar todavía los presupuestos autonómicos tras la ruptura con Vox. La tercera gran cita del año será en Andalucía, donde Juan Manuel Moreno Bonilla cumple mandato en junio aunque todavía no ha convocado formalmente las elecciones. Una victoria amplia del PP en este histórico bastión socialista cerraría el ciclo de pérdida de poder territorial de la izquierda española.
El calendario judicial condiciona la legislatura
El año 2026 se presenta como un auténtico viacrucis judicial para el Gobierno y el PSOE. El calendario de los tribunales incluye causas en diferentes fases que afectan directamente al Ejecutivo y su entorno. El caso Koldo, que investiga presuntas irregularidades en la contratación de material sanitario durante la pandemia y que llevó a la cárcel al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, avanza hacia juicio en el Tribunal Supremo. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha elaborado informes que apuntan a la existencia de una posible «caja B» en el partido socialista, con referencias a sobres con dinero no declarado identificados en conversaciones intervenidas como «chistorras», «lechugas» y «soles». Cada revelación judicial tiene potencial para reabrir la crisis política y condicionar las negociaciones parlamentarias con los socios.
A ello se suman las investigaciones que afectan al círculo más próximo del presidente. La esposa de Sánchez, Begoña Gómez, está siendo investigada por presuntos delitos relacionados con su actividad profesional, mientras que su hermano David Sánchez enfrenta un proceso por su gestión al frente de una oficina de la Diputación de Badajoz. Aunque ambas causas se encuentran en fases iniciales y no han derivado en acusaciones formales, su mera existencia alimenta el relato de la oposición sobre presunta corrupción sistémica. El Partido Popular ha convertido estos casos en el eje central de su estrategia de desgaste, con comparecencias parlamentarias de afectados y peticiones de explicaciones que mantienen el foco mediático en el ámbito judicial. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe resolver los recursos contra la ley de amnistía, una decisión clave para la estabilidad parlamentaria con los socios independentistas catalanes.
Medidas sociales sin aval parlamentario
La estrategia de resistencia del Gobierno pasa por gobernar mediante decretos ante la imposibilidad de aprobar leyes en un Congreso fragmentado. Los presupuestos generales de 2023 se han prorrogado automáticamente el 1 de enero de 2026 por tercera vez consecutiva, lo que supone un récord en la democracia española y refleja la parálisis legislativa. Sánchez ha trasladado a su equipo el objetivo de resistir hasta diciembre de 2026, descartando cualquier adelanto electoral pese a las presiones. El precedente de 2011, cuando Alfredo Pérez Rubalcaba anticipó las generales con resultado desastroso para el PSOE, funciona como advertencia interna sobre los riesgos de convocar comicios en medio de una crisis de Gobierno.
La negociación de los presupuestos con Junts se presenta como el gran desafío del primer semestre. Los independentistas catalanes tumbaron el último intento al vetar la senda de déficit, pero han trasladado que existe margen para la negociación si el Gobierno cumple acuerdos pendientes como las transferencias de competencias en inmigración y la financiación singular para Cataluña. También está pendiente cerrar lo que en el PNV llaman «cerrar el Estatuto de Gernika», negociación lenta que afecta a asuntos importantes de Seguridad Social y que algunos nacionalistas vascos temen que amenace la caja única de las pensiones. La reunión de ambos gobiernos se ha pospuesto al 16 de enero. El Ejecutivo afronta cada votación como una batalla incierta, con geometrías variables que dependen del tema y del momento político. Esta fragilidad parlamentaria marca el límite real del poder del Gobierno, que puede aprobar decretos pero no legislar de forma estable.
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido un diagnóstico radicalmente opuesto al de Sánchez, calificando 2025 como «el año del colapso del sanchismo» y anticipando un cambio político en 2026, aunque sin explicar todavía el cómo se materializará ese cambio sin mayoría absoluta del bloque de centro-derecha. El Partido Popular centra su estrategia en la presión judicial, la denuncia de casos de corrupción y la confrontación territorial con las autonomías que gobierna. Sánchez, por su parte, ensaya un cambio de discurso que recupera la comparación constante con los gobiernos autonómicos del PP en sanidad, educación y derechos sociales, buscando polarizar y movilizar al electorado progresista. El año 2026 dirá si la apuesta de resistencia del presidente se sostiene ante un calendario electoral y judicial que no dará tregua.
