El gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, anunció que estudia iniciar acciones legales contra SpaceX por contaminación y caída de escombros en territorio mexicano derivados de los lanzamientos de cohetes Starship en Texas, cerca de la frontera.
Sheinbaum declaró que su equipo analiza qué leyes internacionales se están infringiendo para fundamentar la demanda. La preocupación surgió tras la explosión de un cohete Starship durante una prueba reciente, incidente que se suma a los reclamos ambientales de comunidades y organizaciones mexicanas por los efectos transfronterizos de los lanzamientos.
Grupos ambientalistas ya habían demandado en 2023 a autoridades estadounidenses, argumentando evaluaciones deficientes del impacto en áreas naturales protegidas cercanas. Sin embargo, la Administración Federal de Aviación (FAA) aprobó recientemente aumentar la frecuencia de los lanzamientos de SpaceX, que busca consolidar sus pruebas para vuelos espaciales comerciales y futuros viajes a Marte.
Para México, el caso trasciende el debate ambiental local. Marca un nuevo enfrentamiento jurídico con una gran empresa estadounidense, recordando la reciente disputa con Google por la denominación del Golfo de México en Google Maps. El mensaje político de Sheinbaum es claro: México no aceptará pasivamente actividades que afecten su territorio, incluso si se trata de gigantes como SpaceX.
Mientras la empresa de Elon Musk avanza en su agenda espacial, crece la preocupación por la regulación ambiental internacional. ¿Quién controla el impacto de los lanzamientos cuando afectan cielos, mares y tierras de otros países? La respuesta no es solo jurídica, sino geopolítica. SpaceX abre una nueva frontera, y México exige que no sea a costa de su soberanía ambiental.
