El ministro Óscar López revela la cifra tras la polémica por la excepción concedida a Airbus para adquirir tecnología israelí. El Gobierno defiende que la prerrogativa era vital para la industria española, mientras Sumar presenta objeciones en el Consejo de Ministros. El embargo entró en vigor el 23 de septiembre y consolida una medida que el Ejecutivo aplicaba de facto desde octubre de 2023.
El Gobierno ha bloqueado más de 200 operaciones de compra de material de defensa a empresas israelíes desde que entró en vigor el embargo a Israel el pasado 23 de septiembre. Así lo ha revelado este martes el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, en una entrevista en el programa Las Mañanas de TVE. Las declaraciones se producen en un momento de controversia interna en el Ejecutivo tras la concesión de una excepción a Airbus para adquirir tecnología israelí necesaria para cuatro de sus principales proyectos aeronáuticos en España. El anuncio busca contextualizar la única autorización aprobada frente al elevado número de operaciones vetadas desde la entrada en vigor de la normativa.
El embargo al comercio de material de defensa con Israel se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 23 de septiembre mediante el Real Decreto-ley 10/2025, que adopta medidas urgentes contra el genocidio en Gaza. El Ejecutivo sostiene que la norma consolida jurídicamente una medida que venía aplicando de facto desde el 7 de octubre de 2023, tras el ataque de Hamás a Israel y el inicio de la respuesta militar israelí en la Franja de Gaza. El Pleno del Congreso respaldó el decreto el 8 de octubre, aunque se acordó su tramitación como proyecto de ley para que los socios del Gobierno pudieran introducir cambios en su articulado. Sumar había reclamado esta modificación porque consideraba que el texto contemplaba demasiadas excepciones.
El decreto incluye tres pilares principales: el embargo total de armas y tecnología de doble uso, la denegación de solicitudes de tránsito por España de combustibles con posible uso militar destinados a Israel, y la prohibición de importar productos originarios de asentamientos israelíes ilegales en territorios palestinos ocupados. La norma también recoge la revocación de las autorizaciones vigentes en la fecha de entrada en vigor y la prohibición de las pendientes de resolución. El Gobierno ha cancelado desde entonces dos grandes contratos que tenían vigencia hasta 2035: el programa del lanzacohetes de alta movilidad SILAM y la adquisición de los sistemas de misiles anticarro Spike LR2, con un valor conjunto próximo a los mil millones de euros.
Una excepción frente a más de 200 operaciones bloqueadas
López ha informado de que desde la entrada en vigor del embargo se han bloqueado «más de 200 operaciones de compra de material que tenía que ver con Israel» frente a una única excepción, la de Airbus. «Y se ha aprobado una», ha subrayado el ministro, en referencia a la autorización concedida el pasado 24 de diciembre por el Consejo de Ministros. La excepción permite que la compañía aeroespacial pueda importar determinada tecnología israelí necesaria para continuar con proyectos industriales que tienen componentes de ese origen. Los programas exceptuados son los aviones de transporte A400M y C295, el avión cisterna de reabastecimiento en vuelo A330 MRTT y el dron Sirtap.
El ministro ha defendido que la prerrogativa concedida a Airbus «era vital y estratégica para que la industria española pudiera colaborar» con la compañía europea. La justificación del Gobierno descansa en el argumento de que estos proyectos tienen «un importante efecto arrastre para el sector» y se consideran «indispensables para la viabilidad económica de las líneas de producción» y para «preservar miles de empleos de alta cualificación en España». Airbus emplea en el país a más de 14.000 personas distribuidas en centros industriales de Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. Las plantas de Sevilla, donde se ensamblan el A400M y el C295, cuentan con aproximadamente 2.000 trabajadores vinculados a estos programas.
Airbus y la cláusula de interés nacional
El Gobierno ha aplicado la cláusula de excepción prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley que regula el embargo. Esta disposición permite al Consejo de Ministros autorizar operaciones de manera puntual y excepcional para proteger los intereses generales nacionales. La aplicación de esta cláusula requiere el informe favorable previo de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso. El artículo que avala las excepciones puede emplearse tanto para nuevas exportaciones a Israel como para importaciones de material bélico o de doble uso desde el país de Oriente Próximo.
La problemática que afecta a Airbus no se centra en la venta de aviones a Israel, sino en la imposibilidad de importar tecnología israelí que los clientes internacionales solicitan para equipar las aeronaves que contratan. Las plantas de la compañía en España no solo ensamblan los aviones, sino que también instalan los diferentes equipos y sistemas que piden los compradores de medio mundo. Los aparatos salen de las instalaciones españolas prácticamente listos para la operación con todos los sistemas integrados. Muchos clientes eligen tecnología israelí para radares o equipos de guerra electrónica, y el embargo impedía la entrada de estos componentes en España para su integración en los aviones, lo que generaba un cuello de botella que amenazaba la continuidad de los programas.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha justificado la decisión argumentando que la excepción «no tiene ninguna relación con las políticas militares» de su departamento, sino que se refiere al «ámbito comercial, industrial y de las exportaciones». Robles ha insistido en que «para nada está relacionado con el ámbito de las armas». El Gobierno ha subrayado que la autorización se concede de manera excepcional porque «no existen alternativas inmediatas para suplir con garantías determinados componentes tecnológicos imprescindibles». La sustitución de componentes israelíes por tecnología de otros países requeriría años de nuevas pruebas de vuelo y certificaciones ante organismos internacionales, lo que dispararía los presupuestos y comprometería los plazos de entrega.
Objeciones de Sumar a la excepcionalidad
Sumar, el socio minoritario del Gobierno de coalición, ha presentado objeciones formales en el Consejo de Ministros para manifestar su rechazo a la excepción concedida a Airbus. Según fuentes del partido, consideran que la aplicación de la cláusula de excepcionalidad «no está justificada». Los ministros de Sumar han expresado que son «insuficientes los argumentos esgrimidos» por el ala socialista para aplicar la excepcionalidad, que descansan básicamente en el riesgo de impacto económico en la actividad empresarial de una parte de la industria aeroespacial española. Para Sumar, no existe justificación para invocar el menoscabo al interés general nacional que prevé la cláusula de excepción, disposición que ya fue duramente criticada por esta formación cuando se aprobó el decreto en septiembre.
Los ministerios de Sumar han alertado de que la excepción «vulnera el objetivo del decreto de prohibición de compraventa de material israelí» y las obligaciones internacionales de España en materia de derecho internacional. Esta posición refleja las tensiones internas en el Gobierno de coalición respecto a la política hacia Israel, aunque López ha minimizado las discrepancias señalando que, «a pesar de las diferencias puntuales» que pueda haber, el Gobierno mantiene su cohesión. El ministro socialista ha reiterado que la decisión responde a criterios de protección de la industria nacional y los empleos asociados, argumentos que desde Sumar consideran insuficientes para justificar una excepción a un embargo que el propio Gobierno presentó como total.
El balance presentado por el Gobierno sitúa en más de 200 las operaciones bloqueadas frente a una única autorización, lo que según el Ejecutivo demuestra la aplicación estricta del embargo. Sin embargo, la controversia sobre la excepción a Airbus evidencia las dificultades de mantener un embargo total cuando existe dependencia tecnológica de componentes israelíes en sectores estratégicos. La cuestión de fondo radica en el equilibrio entre el compromiso político del Gobierno con la causa palestina y la protección de intereses industriales y laborales nacionales en un sector tan integrado internacionalmente como la industria aeroespacial.
