Ha sido presentada una querella penal ante la unidad de Delitos de Odio y Discriminación contra García Albiol, acusándole de denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, desobediencia judicial y prevaricación administrativa. La denuncia argumenta que el alcalde incumplió la resolución judicial que condicionaba expresamente el desalojo a garantizar alternativa habitacional para las más de 200 personas afectadas, mientras toleraba manifestaciones xenófobas de vecinos.
El eurodiputado de Comuns Jaume Asens presentó este miércoles una denuncia penal ante la unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía contra el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, por cuatro posibles delitos relacionados con el macrodesalojo del antiguo instituto B9 ejecutado la semana pasada. La querella, a la que han tenido acceso medios como EFE, sostiene que el primer edil del Partido Popular pudo haber cometido delitos de denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación administrativa. Asens compareció ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acompañado por la diputada de Comuns en el Congreso Viviane Ogou para formalizar la denuncia y explicar los fundamentos jurídicos de la misma.
La resolución judicial que autorizó el desalojo condicionaba expresamente la operación a que el Ayuntamiento garantizara una alternativa habitacional a las personas afectadas conforme al protocolo municipal de personas sin techo, estableciendo que el desalojo quedaba expresamente condicionado a proporcionar estos recursos. Sin embargo, según la denuncia, el alcalde Albiol declaró en reiteradas ocasiones que el consistorio no ofrecería alojamiento ni recursos habitacionales a los desalojados, persistiendo en una actuación contraria al mandato judicial. Esta negativa se mantuvo incluso después de que los Mossos d’Esquadra desalojaran el pasado 16 de diciembre el edificio ocupado, donde vivían más de 200 personas, la mayoría migrantes africanos que utilizaban el inmueble como refugio al carecer de otra opción habitacional.
El eurodiputado de Comuns denuncia en su escrito la tolerancia institucional del Ayuntamiento de Badalona ante los episodios de bloqueo y presión vecinal que impidieron que los migrantes desalojados pudieran acceder a los recursos proporcionados por entidades sociales. Asens señala que durante reuniones con vecinos de los barrios de Sant Crist y Montigalà, el alcalde Albiol escuchó expresiones de carácter xenófobo y estigmatizador que no fueron objeto de una desautorización clara e inmediata por su parte. La denuncia recoge específicamente una frase pronunciada por el alcalde en uno de estos encuentros vecinales que puede ser razonablemente interpretada como tolerancia implícita de la intimidación colectiva o del uso de la fuerza contra las personas desalojadas.
Declaraciones polémicas y tensión vecinal
Durante una reunión con vecinos celebrada el lunes de la semana pasada, Albiol pronunció palabras que ahora forman parte central de la acusación presentada por Comuns. El alcalde dijo textualmente a los asistentes que le dejaran margen para intentar resolver la situación, y que si no era capaz, hicieran lo que consideraran conveniente. Para Jaume Asens, esta expresión refleja la voluntad de tolerar actuaciones potencialmente delictivas, y subraya que el alcalde no emitió ninguna desautorización ante los comentarios xenófobos que se vertieron en aquella reunión, limitándose a pedir margen y advirtiendo a los jóvenes presentes que no dijeran según qué cosas porque se estaba grabando absolutamente todo y si esa noche pasaba algo, quien hubiera hecho determinadas declaraciones “se la cargaría”.
Las tensiones en las calles de Badalona escalaron dramáticamente tras el desalojo, con episodios especialmente graves como el ocurrido el domingo por la noche cuando decenas de vecinos impidieron que 15 personas desalojadas pudieran refugiarse en la parroquia Mare de Déu de Montserrat del barrio de Sant Crist, bloqueando físicamente el acceso al templo a pesar de que Cruz Roja, Cáritas y la Generalitat habían coordinado el traslado. El director de Cáritas en Cataluña, Eduard Sala, expresó su consternación por esta deshumanización y pidió a quienes tienen empatía con estas personas que no callen ante esta situación, advirtiendo que quienes salieron a impedir la entrada a la parroquia eran una minoría pero hacen mucho ruido, y que las personas capaces de considerar a los semejantes como seres humanos deben evitar quedarse calladas o serán cómplices de lo que pueda ocurrir.
El lunes por la noche, dos grupos opuestos se concentraron en Badalona con posiciones encontradas: uno apoyaba a las personas desalojadas y otro exigía su salida del municipio, obligando a los Mossos d’Esquadra a intervenir para separar a ambas facciones y evitar enfrentamientos físicos. Desde el desalojo, muchas de las personas expulsadas del instituto B9 han acampado bajo el puente de la C-31, donde han instalado tiendas de campaña para protegerse del frío y la lluvia. El descenso de las temperaturas y las condiciones meteorológicas adversas forzaron a algunas a ocupar el albergue municipal de Can Bofí Vell, instalación que permanecía cerrada desde mayo pasado.
Realojo de 120 personas vulnerables
La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, explicó este miércoles que 120 personas vulnerables desalojadas del instituto B9 han sido reubicadas en algún tipo de equipamiento para evitar que duerman a la intemperie. En declaraciones a la Cadena Ser, la consellera señaló que a las 180 personas identificadas como vulnerables se les ofreció un recurso de emergencia, aunque no todas han aceptado pernoctar fuera de Badalona en los equipamientos movilizados como solución temporal por las entidades y los servicios sociales. Martínez Bravo lamentó no haber encontrado alternativas en la propia ciudad de Badalona, cuestionando cómo es posible que la cuarta ciudad del país no disponga de recursos para hacer frente a una emergencia como esta.
La consellera destacó la alianza de entidades sociales con la Generalitat para ofrecer recursos puntuales a estas personas, valorando el trabajo con bisturí realizado con discreción por las entidades y los servicios sociales para intentar reubicar a los afectados. Sin embargo, la plataforma de entidades sociales Badalona Acull pidió este miércoles al Gobierno catalán que no abandone a los acampados que todavía duermen a la intemperie, considerando que la tarea de la administración no ha terminado tras el despliegue inicial. El portavoz de la plataforma, Carles Sagués, explicó que la intervención de Cruz Roja y Derechos Sociales bajo el puente de la C-31 fue improvisada y a marchas forzadas, lo que provocó que mucha gente no aceptara la alternativa, pidiendo que se retomen los cribados para poder seguir realojando.
La presentación de la denuncia de Comuns llega después de que el martes la Fiscalía de Barcelona pidiera al juzgado de Badalona que verificara si el Ayuntamiento está ofreciendo alternativas de realojo a las personas desalojadas del B9. Según fuentes del Ministerio Público, el consistorio tenía el deber de presentar un informe detallando las medidas adoptadas para proteger a las personas vulnerables antes del desalojo, tal como establecía la resolución judicial. La Fiscalía reclamó información urgente sobre posibles deficiencias en la protección de los desalojados, con el objetivo de comprobar si se han cumplido las condiciones que permitieron la intervención policial.
Cruce de acusaciones políticas
El desalojo ha desatado una crisis política en Badalona, con el alcalde Xavier García Albiol y el Gobierno central cruzando acusaciones sobre quién debía asumir la responsabilidad de garantizar alternativas habitacionales a los afectados. Desde Comuns, Jaume Asens afirmó tras presentar la denuncia que se ha acabado tolerar la criminalización, el racismo y la deshumanización de Albiol contra personas vulnerables, argumentando que el alcalde denegó su ayuda a los migrantes de forma selectiva debido a su origen y condición social. El eurodiputado recordó además que la incitación al odio no requiere de expresiones explícitas para ser cometida y defendió que existen indicios de desobediencia reiterada al no dar el consistorio badalonés cumplimiento efectivo a la resolución judicial que amparó el desalojo.
