El acuerdo reduce en un 26% las bajas inicialmente previstas y afecta a siete filiales del grupo, con carácter voluntario para evitar salidas traumáticas. El plan estratégico de la operadora contempla ahorros de costes de 3.000 millones hasta 2030, mientras los convenios colectivos quedan prorrogados hasta esa fecha garantizando paz laboral durante el mandato de Marc Murtra.
Telefónica y los sindicatos UGT, CCOO y Sumados-Fetico han firmado este lunes 22 de diciembre el acuerdo definitivo para el expediente de regulación de empleo que afectará a un mínimo de 4.525 trabajadores en siete filiales del grupo, tras una última reducción de 14 bajas respecto a la cifra anunciada la semana pasada. El pacto alcanzado representa una disminución del 26% respecto a las 6.088 salidas planteadas inicialmente por la dirección de la operadora cuando comenzaron las negociaciones hace varias semanas, evidenciando la capacidad de interlocución entre empresa y representantes laborales para suavizar el impacto del ajuste de plantilla.
El proceso de solicitud de adhesión voluntaria al ERE arrancará el próximo 29 de diciembre para las filiales amparadas en el Convenio de Empresas Vinculadas, es decir, Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, extendiéndose hasta el 26 de enero. Para las unidades globales de negocio conocidas como GBUs (Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica SA), el plazo también comenzará el 29 de diciembre pero finalizará el 29 de enero, mientras que en Movistar Plus el periodo se iniciará el 7 de enero y concluirá el 6 de febrero. Esta escalonación temporal permitirá gestionar de manera ordenada las solicitudes de los empleados que deseen acogerse voluntariamente al plan de salidas.
Distribución de bajas por filiales
La afectación para las filiales del Convenio de Empresas Vinculadas se divide del siguiente modo: 2.925 personas para Telefónica de España (casi el 33% de una plantilla de 8.892 empleados), 720 en Telefónica Móviles (20% de un total de 3.587 trabajadores) y 120 en Telefónica Soluciones (casi un 11% del total de 1.118 efectivos), lo cual suma un total de 3.765 bajas. La oferta final de la compañía establece una horquilla de entre 3.765 y 5.040 salidas para estas tres sociedades, dependiendo del volumen de adhesiones voluntarias que se registren durante el periodo de solicitudes.
Respecto a las unidades globales de negocio, la propuesta definitiva ha reducido el número de salidas en un 20% en comparación con la oferta inicial, alcanzando un total de 585 bajas (14 menos que las 599 anunciadas días atrás). Esta afectación se reparte en 112 personas para Telefónica Global Solutions (alrededor del 18% de una plantilla de 638 empleados), 186 en Telefónica Innovación Digital (casi el 19% de un total de 993 trabajadores) y 287 en Telefónica SA (casi un 25% del total de 1.160 efectivos). A estas cifras se suman las 175 bajas propuestas para Movistar Plus, lo cual supone un 21% del total de 860 efectivos con los que cuenta la filial televisiva, muy por debajo de la propuesta inicial de 297 empleados que se planteó al comienzo de las negociaciones.
Condiciones económicas y requisitos de acceso
El acuerdo contempla diferentes tramos de renta compensatoria según la edad de los empleados afectados que decidan acogerse voluntariamente al ERE. Para los nacidos entre 1969 y 1971, se ofrece un 68% del salario regulador hasta los 63 años y un 38% a partir de entonces hasta alcanzar la edad legal de jubilación. Las personas nacidas entre 1965 y 1968 recibirán un 62% hasta los 63 años y un 34% después de esa edad. Para los nacidos en 1964 o antes, el porcentaje es del 52% hasta los 63 años y del 35% posteriormente.
Para adherirse al ERE en las filiales del Convenio de Empresas Vinculadas se requiere una antigüedad mínima de 15 años en la compañía, mientras que para las unidades globales de negocio el requisito es de 13 años, con primas de voluntariedad añadidas en función de la antigüedad que pueden variar entre 5.000 y 18.000 euros. Estas primas han sido incrementadas respecto a propuestas anteriores de la empresa, constituyendo uno de los logros de las negociaciones sindicales que han buscado incentivar la salida voluntaria para evitar despidos forzosos que podrían generar conflictividad laboral.
Voluntariedad y paz social
La principal reivindicación de los sindicatos en el conjunto del ERE ha sido la voluntariedad del proceso con el fin de evitar salidas traumáticas que deterioraran el clima laboral en la compañía. El acuerdo establece que solo se producirán despidos forzosos si no se alcanzan adhesiones voluntarias suficientes para superar la cota mínima de la horquilla establecida, mientras que no se superaría la cota máxima de bajas en caso de rebasarla con adscripciones voluntarias. Esta fórmula proporciona flexibilidad al proceso y reduce el riesgo de conflictos judiciales derivados de despidos improcedentes.
El coste del despido colectivo de 2025 se estima en alrededor de 2.500 millones de euros antes de impuestos para la compañía, casi el doble que el anterior ERE realizado en 2024, que se saldó con un coste de 1.300 millones de euros. Aquella operación supuso la salida de 3.420 trabajadores (un 33% menos que las 5.124 bajas planteadas al comienzo de las negociaciones) y el acuerdo con los sindicatos se cerró en enero de 2024, abonando una media de unos 380.000 euros por trabajador, cifra inferior a la de los planes de salida acometidos en años anteriores.
Estrategia empresarial y ahorros previstos
El ERE que se firma este lunes se enmarca en el plan estratégico que Telefónica presentó a comienzos del pasado noviembre y que contempla unos ahorros de costes en torno a 3.000 millones de euros para el horizonte de 2030, integrando partidas relacionadas con el personal pero también con optimización de procesos, transformación digital y reorganización de estructuras empresariales. El ahorro anual derivado específicamente de este despido colectivo podría alcanzar hasta 600 millones de euros a partir de 2028, una vez completado el proceso y consolidadas las nuevas estructuras organizativas.
El objetivo de la operadora ha sido cerrar un acuerdo con los sindicatos antes de fin de año para poder cargar en las cuentas de 2025 el coste milmillonario que tendrá el proceso de despido colectivo. La compañía prefiere contabilizar las provisiones millonarias en los resultados del ejercicio actual, en el que ya se apuntará grandes pérdidas por el golpe financiero de la venta de varias filiales en Latinoamérica, pues el grupo registró unas pérdidas de 1.080 millones hasta septiembre por el deterioro de las desinversiones en Hispanoamérica.
Convenios colectivos prorrogados hasta 2030
En relación a los convenios colectivos, tanto Telefónica España como las unidades corporativas han llegado a un acuerdo para la firma de la prórroga de sus respectivos convenios colectivos, mientras que Movistar Plus ha acordado la firma de su nuevo convenio colectivo. En todos los casos, estos marcos reguladores tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, garantizando un periodo prolongado de paz laboral durante el mandato del presidente ejecutivo Marc Murtra. Esta estabilidad normativa constituye uno de los principales logros del acuerdo global alcanzado, pues proporciona previsibilidad tanto a la empresa en su planificación estratégica como a los trabajadores en sus condiciones laborales.
El proceso de despido colectivo afectará aproximadamente al 26% de la plantilla que Telefónica suma en las siete filiales involucradas, compuesta actualmente por 17.248 empleados. Esta proporción representa una reducción de nueve puntos porcentuales respecto a la estimación inicial del 35% que la compañía planteó cuando anunció el ERE. Los sindicatos han valorado positivamente tanto la reducción significativa del número de afectados como la mejora de las condiciones económicas ofrecidas y el compromiso de voluntariedad que minimiza el riesgo de salidas no deseadas entre la plantilla.
