La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra España por incumplir la normativa sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas es algo más que un tirón de orejas técnico. Es un recordatorio incómodo de una vieja asignatura pendiente: la brecha persistente entre los compromisos ambientales asumidos sobre el papel y la gestión real del territorio.
El fallo es claro y contundente. Durante años, decenas de aglomeraciones urbanas españolas —algunas de ellas grandes ciudades y áreas intermunicipales densamente pobladas— han vertido aguas residuales sin cumplir los estándares mínimos de recogida, depuración y control exigidos por la Directiva europea. No se trata de casos aislados ni de errores puntuales, sino de un incumplimiento reiterado y estructural que afecta a unas cincuenta zonas repartidas por buena parte del país, con especial incidencia en Canarias y Andalucía.
La gravedad del asunto reside en que hablamos de una normativa básica, aprobada hace más de tres décadas, cuyo objetivo es proteger la salud pública y los ecosistemas acuáticos. El tratamiento adecuado de las aguas residuales no es un lujo verde ni una exigencia maximalista de Bruselas: es una condición elemental para evitar la contaminación de ríos, acuíferos y costas, para preservar la biodiversidad y para garantizar un desarrollo urbano sostenible.
Sin embargo, España ha convivido durante demasiado tiempo con soluciones provisionales convertidas en permanentes. Sistemas individuales que no cumplen las condiciones exigidas, colectores incompletos, estaciones depuradoras obsoletas o directamente inexistentes, y una vigilancia deficiente de los vertidos y de los lodos generados. El resultado es un mapa de incumplimientos que no distingue colores políticos ni ciclos económicos, y que señala responsabilidades acumuladas de distintas administraciones a lo largo de los años.
Que la sentencia no imponga por ahora sanciones económicas no debería interpretarse como un alivio, sino como una última advertencia. El TJUE deja la puerta abierta a multas coercitivas diarias y a sanciones a tanto alzado si los incumplimientos persisten. Y cuando Bruselas decide activar ese segundo paso, las cifras suelen ser elevadas y políticamente difíciles de explicar ante la ciudadanía.
Pero más allá del riesgo financiero, el problema es de modelo. España ha avanzado en muchos ámbitos de la transición ecológica, pero sigue arrastrando déficits básicos en infraestructuras ambientales, especialmente en territorios sometidos a fuerte presión turística o a un crecimiento urbano mal planificado. Resulta paradójico que un país que aspira a liderar discursos sobre sostenibilidad y cambio climático siga fallando en algo tan elemental como depurar correctamente sus aguas.
La sentencia del TJUE debería servir para reordenar prioridades. Invertir en saneamiento no da titulares espectaculares ni réditos electorales inmediatos, pero es una de las políticas públicas con mayor impacto real en la calidad de vida y en la protección del entorno. También exige coordinación entre administraciones, planificación a largo plazo y una gestión menos complaciente con los retrasos crónicos.
Europa ha hablado con claridad. Ahora la pregunta es si España aprovechará esta condena como punto de inflexión o si, una vez más, optará por parchear el problema hasta que la próxima multa lo haga inaplazable. Porque en materia de aguas residuales, como en tantas otras, el verdadero coste de la inacción siempre acaba pagándose más caro.
