Este lunes, durante la reunión en Bruselas, ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) han prolongado hasta el 10 de enero de 2027 sus sanciones por la crisis en Venezuela. Caracas ha reaccionado de inmediato rechazando la “política de sanciones y medidas coercitivas unilaterales” impuesta por la UE. La Unión Europea señala en su comunicado que: “no ha adoptado medida alguna que pueda causar daño a la población venezolana o la economía. La responsabilidad para terminar la crisis en Venezuela recae en sus autoridades”.
Ministros de Exteriores del bloque europeo han tomado la decisión este lunes, durante la reunión que mantuvieron en Bruselas, de prolongar las sanciones de la Unión Europea por la crisis en Venezuela.
La decisión tiene lugar “a la vista de las persistentes acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho, así como las continuas violaciones de derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática, también en relación con la celebración y los acontecimientos que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024”, ha indicado el Consejo de la UE.
Estas sanciones afectan actualmente a 69 individuos cuyos activos están congelados. Incluyen también la prohibición de suministrarles fondos o recursos económicos de forma directa o indirecta. Y tienen prohibición para viajar al territorio de la Unión Europea (UE).
Las sanciones han sido renovadas hasta enero de 2027. El Consejo ha recordado que la UE las introdujo en noviembre de 2017. Las medidas incluían un embargo de armas y equipamiento para la represión interna, así como la imposición de prohibiciones de viaje y congelación de activos sobre los individuos afectados.
Las sanciones de la Unión Europea tienen como objetivo “apoyar una solución negociada y democrática para la crisis en Venezuela”. “La UE no ha adoptado medida alguna que pueda causar daño a la población venezolana o la economía. La responsabilidad para terminar la crisis en Venezuela recae en sus autoridades”, comenta en el comunicado.
El levantamiento de las sanciones “dependerá del progreso tangible en los derechos humanos y el Estado de Derecho en Venezuela, junto con pasos significativos hacia un diálogo genuino y una transición democrática”, puntualiza.
El régimen de Caracas ha reaccionado de inmediato rechazando la “política de sanciones y medidas coercitivas unilaterales” impuesta por la Unión Europea (UE) y prolongada hasta el 10 de enero de 2027. A través de un comunicado, la Cancillería del país caribeño ha indicado que la decisión de la UE es ilegítima, ilegal y contraria al derecho internacional, así como a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
El régimen chavista ha parecido adoptar la retórica estadounidense al señalar, en relación con la Unión Europea, que: “Los dirigentes de ese bloque han optado, lamentablemente, por acelerar su propia decadencia política”.
El gobierno venezolano plantea que la “política de sanciones” ha demostrado ser un “rotundo fracaso, deteriorando de manera significativa las relaciones políticas y diplomáticas y confirmando la irrelevancia creciente de la Unión Europea como actor internacional incapaz de actuar con independencia, racionalidad y respeto hacia los Estados soberanos”.
Caracas sostiene que la UE insiste en mantener “una línea de hostilidad estéril contra Venezuela, que evidencia una política exterior errática, carente de autonomía y supeditada a intereses ajenos a los pueblos que dicen representar”.
Desde la perspectiva del régimen chavista, ¿las sociedades de los países europeos se volcarían en respaldo del régimen de Caracas, viendo de primera mano la crisis humanitaria que este ha generado y el desplazamiento de millones de venezolanos que han tenido que asentarse en diferentes países del mundo, incluidos los Estados europeos?
