En Rabat, las fiscalías de cuatro países revisan sus prioridades ante la amenaza terrorista

12 décembre 2025 - 10:05

Las fiscalías generales de Marruecos, Bélgica, España y Francia celebraron los días 10 y 11 de diciembre en Rabat su reunión anual ampliada en el marco del acuerdo cuadripartito de lucha contra el terrorismo. El encuentro permitió realizar un balance detallado de la evolución del terrorismo internacional y de los desafíos judiciales que plantea en un contexto geopolítico marcado por profundas transformaciones.

El comunicado final del encuentro subraya que los cambios políticos y económicos registrados en distintas regiones del mundo han favorecido la proliferación de discursos radicales y violentos, lo que ha contribuido a una reconfiguración de las formas actuales del terrorismo. Pese a las derrotas militares infligidas a las organizaciones terroristas en la región sirio-iraquí, los responsables judiciales constatan que la amenaza persiste y adopta nuevas modalidades.

Uno de los elementos destacados es el cambio de estrategia atribuido a los dirigentes del autodenominado Estado Islámico, que habrían instado a sus seguidores a cometer atentados en sus países de origen o de residencia, en lugar de desplazarse a zonas de conflicto. Esta orientación incrementa, según los fiscales, la exposición de las sociedades civiles y de las infraestructuras, al tiempo que complica la labor preventiva y represiva de las autoridades judiciales.

El comunicado pone asimismo el acento en el desplazamiento progresivo del epicentro de la actividad terrorista hacia la región del Sahel. Los participantes identifican esta zona como uno de los principales focos mundiales del terrorismo, concentrando cerca del 60 % de las muertes vinculadas a atentados en 2024. Esta situación se relaciona con la persistente inestabilidad política, económica y de seguridad en varios países de África Occidental y del Cuerno de África.

Durante las sesiones de trabajo, las delegaciones intercambiaron información sobre los principales casos de terrorismo actualmente en tramitación en sus respectivos sistemas judiciales, así como sobre las reformas legislativas recientes en materia de prevención y represión. Los fiscales coincidieron en la necesidad de superar los obstáculos prácticos que dificultan una cooperación judicial más eficaz, especialmente en los procedimientos con dimensión transnacional.

Otro de los puntos de preocupación expresados se refiere al uso cada vez más extendido de tecnologías de cifrado por parte de las redes terroristas. Según el comunicado, esta práctica dificulta de manera significativa las investigaciones y el seguimiento judicial de los casos. En este contexto, los fiscales apelan a una mayor implicación de los actores del sector privado, en particular de las empresas tecnológicas, con el fin de facilitar el acceso a la información dentro de un marco jurídico claro y respetuoso con los mecanismos de cooperación judicial internacional.

El texto también alerta sobre el fortalecimiento del vínculo entre terrorismo y criminalidad organizada transfronteriza, una tendencia observada en los últimos años. Esta convergencia se manifiesta, entre otros ámbitos, en los tráficos de seres humanos, armas y drogas. Los participantes subrayan la necesidad de adaptar los instrumentos jurídicos y reforzar las capacidades institucionales para hacer frente a esta interrelación de amenazas.

Las fiscalías de los cuatro países reiteran, por último, la importancia de adoptar un enfoque global en la lucha contra el terrorismo. Dicho enfoque debe integrar mecanismos de prevención del extremismo violento y estrategias destinadas a desmontar los discursos radicales, como complemento a la acción penal.

En su conclusión, los participantes valoraron positivamente la organización del encuentro en Rabat y expresaron su satisfacción por el nivel de cooperación judicial existente entre los cuatro Estados. Asimismo, reafirmaron su voluntad de seguir reforzando esta cooperación para responder de forma más eficaz a la amenaza terrorista, respetando los derechos de defensa, las libertades fundamentales y el principio de legalidad en los procedimientos judiciales.

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