La Comunidad de Madrid ha destinado 2.354 millones de euros más de lo presupuestado a hospitales de gestión privada entre 2019 y 2024, según datos de la Consejería de Sanidad. Los cuatro hospitales gestionados por Quirón recibieron 2.208 millones adicionales, mientras que el grupo Ribera Salud (Torrejón) sumó 146 millones extra durante el mismo período.
La Comunidad de Madrid ha pagado a hospitales de gestión privada 2.354 millones de euros por encima de lo inicialmente presupuestado durante los seis años de gobierno de Isabel Díaz Ayuso, según ha revelado la propia Consejería de Sanidad regional. Esta cifra se distribuye entre los cinco hospitales públicos con gestión privada que operan en la región: cuatro gestionados por el grupo Quirón y uno por Ribera Salud, ubicado en Torrejón de Ardoz. El dato confirma una tendencia sostenida de sobrecostes en el sistema sanitario madrileño que ha generado intenso debate político sobre el modelo de financiación y las prioridades de gasto público en salud.
El desglose de estas cifras muestra que los cuatro centros gestionados por Quirón recibieron 2.208 millones de euros adicionales respecto a lo previsto en los presupuestos regionales, mientras que el hospital de Torrejón, operado por Ribera Salud, acumuló 146 millones de euros extra. Estos sobrecostes se producen en el marco de un sistema donde la Comunidad paga a estos hospitales privados por atender a pacientes derivados desde otros centros públicos, además de financiar su actividad ordinaria. Según explica un portavoz de la Consejería de Sanidad citado por El País, estas «liquidaciones son consecuencia del normal funcionamiento del contrato» y responden a la «libre elección del paciente».
Hospitales públicos sin margen presupuestario
La revelación de estos datos contrasta con la situación financiera de los hospitales de gestión pública directa en Madrid. Mientras los cinco centros con gestión privada recibieron fondos adicionales para cubrir sobrecostes, los hospitales públicos operan habitualmente con presupuestos ajustados que no contemplan desviaciones significativas. Esta diferencia en el tratamiento presupuestario ha generado críticas desde diversos sectores políticos y sindicales, que cuestionan si existe un sesgo en la asignación de recursos entre ambos modelos de gestión.
Carlos Moreno, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, ha señalado que «en 2024 se presupuestaron 10.100 millones para sanidad» pero advierte que los pagos resultan «porciones absolutamente insuficientes» para los hospitales públicos. Moreno subraya que estos centros «tienen libertad para ejecutar el presupuesto totalmente para los cinco hospitales de gestión privada», mientras los de gestión pública deben ajustarse estrictamente a las partidas asignadas. El parlamentario socialista sostiene que los hospitales con gestión privada «tienen que tener ordenadores por las tardes» en referencia a supuestas ventajas operativas, aunque no ha aportado documentación que respalde esta afirmación específica.
Las claves del sistema de conciertos
El modelo de gestión sanitaria en Madrid combina hospitales de gestión directa pública con cinco centros que operan bajo fórmulas de gestión privada. Los hospitales Infanta Elena (Valdemoro), Rey Juan Carlos (Móstoles), Infanta Cristina (Parla) y del Henares (Coslada) están gestionados por Quirón, mientras que el Hospital de Torrejón está operado por Ribera Salud. Estos centros cobran directamente de la Comunidad por atender a pacientes del sistema público, además de recibir compensaciones por actividad adicional cuando derivan casos desde otros hospitales.
Las clínicas privadas de estos grupos empresariales captan el 58% de las citas de pacientes procedentes de otros centros públicos madrileños, según datos oficiales. Este sistema permite a los hospitales concertados ampliar su volumen de actividad más allá de su población de referencia asignada, generando ingresos adicionales que deben ser liquidados posteriormente con la administración regional. «Esto significa que la actividad de los hospitales concesionados, que se sitúa como la mejor valorada, ha estado sistemáticamente infravalorada», ha declarado el portavoz autonómico, quien añade que este mecanismo «permite adaptar su actividad como operan».
Contexto político y presupuestario
La polémica surge en un momento de especial tensión presupuestaria en Madrid. Los datos revelados por la Consejería de Sanidad muestran que durante el período 2019-2024, coincidente con el mandato de Isabel Díaz Ayuso, los sobrecostes en gestión privada han sido sistemáticos cada ejercicio fiscal. En paralelo, los centros públicos han enfrentado limitaciones presupuestarias que, según sindicatos sanitarios, han dificultado la ampliación de plantillas y la inversión en equipamiento. La Comunidad de Madrid gestiona uno de los sistemas sanitarios autonómicos con mayor peso de la gestión privada en España.
Marta Fernández, portavoz de la Asociación Madrileña de Salud, ha señalado que «mientras los hospitales públicos tienen muchas más citas de entrada» porque «orientan sus agendas y su actividad a atender pacientes a procedimientos rentables», los hospitales con gestión privada disponen de mayor flexibilidad operativa. Esta afirmación, sin embargo, no ha sido corroborada mediante datos comparativos de producción asistencial entre ambos modelos de gestión. La Consejería de Sanidad sostiene que «no hay diferencia entre el presupuesto político y el ajustado» y que «el gasto real se debe, fundamentalmente, al procedimiento de control y liquidación de la actividad realizada».
Debate sobre el modelo sanitario madrileño
El sobrecoste revelado reactiva el debate sobre el modelo de financiación sanitaria en la Comunidad de Madrid. Desde 2010, la región ha apostado por incorporar fórmulas de gestión privada en hospitales públicos, argumentando mejoras en eficiencia y reducción de listas de espera. Los críticos de este modelo sostienen que genera duplicidad de costes y favorece la derivación de recursos públicos hacia empresas privadas, mientras los defensores argumentan que amplía la capacidad asistencial sin necesidad de construcción de nuevas infraestructuras públicas.
Los datos publicados muestran que el 88% de las citas de pacientes derivados desde otros hospitales públicos hacia centros concertados se produjeron en 2022, año marcado por la presión asistencial post-pandemia. Esta cifra sugiere que el sistema de derivaciones funciona como válvula de escape para descongestionar centros públicos saturados, aunque genera costes adicionales no contemplados en las previsiones presupuestarias iniciales. La Comunidad de Madrid no ha precisado si tiene previsto modificar el sistema de liquidaciones para ajustar mejor las previsiones presupuestarias a la actividad real de los hospitales concertados.
