La sentencia considera probado que el exfiscal general «o una persona de su entorno» filtraron a la Cadena SER la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Dos magistradas firman un voto particular de 53 páginas que cuestiona la condena por ausencia de pruebas. García Ortiz deberá pagar 7.200 euros de multa, queda inhabilitado dos años e indemnizará con 10.000 euros a Alberto González Amador.
El Tribunal Supremo ha publicado la sentencia que condena al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados. La resolución, de 180 páginas, basa la condena en dos hechos: la filtración a la Cadena SER del correo electrónico del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de Alberto González Amador admitía dos delitos fiscales, y la publicación el 14 de marzo de una nota de prensa por la Fiscalía. El tribunal considera probado que fue el fiscal general o una persona de su entorno quien filtró el correo, aunque no identifica a ese supuesto cómplice.
La sentencia, firmada por cinco magistrados, impone a García Ortiz dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado, una multa de 7.200 euros y la obligación de indemnizar con 10.000 euros a González Amador por daños morales. La resolución judicial sostiene que el fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito, subrayando que sobre García Ortiz pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación. El fallo cuenta con el voto particular discrepante de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer, que propugnaban la absolución.
La filtración del correo a la Cadena SER
La sentencia del Supremo considera probado que García Ortiz, tras solicitar los correos electrónicos intercambiados entre la Fiscalía y el abogado de González Amador para desmentir las acusaciones de Miguel Ángel Rodríguez, los recibió a las 21.59 y 22.01 horas en su cuenta de Gmail personal el 13 de marzo de 2024. En ese momento solo recibió el correo del 2 de febrero y pidió que le enviaran otro, que le llegó a las 23.45 horas. La información recopilada fue comunicada desde la Fiscalía General del Estado, con intervención directa del fiscal general o a través de un tercero pero con su pleno conocimiento, al periodista de la Cadena SER Miguel Ángel Campos.
Esta filtración permitió que en el programa Hora 25, a las 23.25 horas, se difundiera un avance informativo revelando que el abogado del novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto declarándose culpable para evitar el juicio. La sentencia señala que la divulgación se materializó tanto por la filtración del correo como por la publicación posterior de la nota informativa, constituyendo una unidad de acción. Para los magistrados, la nota consolida la filtración iniciada por el correo y en realidad la oficializa. El tribunal destaca la destrucción artesanal de los mensajes del teléfono de García Ortiz como un indicio que permite constatar el ocultamiento para evitar el descubrimiento de datos incriminatorios.
El cambio de criterio sobre la nota de prensa
Una de las claves de la sentencia reside en el tratamiento dado a la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 a las 10.20 horas. El comunicado, de poco más de folio y medio en su parte esencial, llegó a los medios para hacer frente a las afirmaciones de Miguel Ángel Rodríguez sobre el caso. La gran incógnita del proceso judicial desde su arranque en mayo del año pasado era si ese comunicado resultaba o no delictivo. El desarrollo del juicio puso de manifiesto que la nota quedaba en un segundo plano por detrás de la posible filtración, como evidenció la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde en su interrogatorio.
Sin embargo, la sentencia finalmente condena también por la nota de prensa, un cambio significativo respecto a interpretaciones anteriores del propio tribunal. Cuando el Supremo admitió a trámite la querella en octubre de 2024, descartó que el comunicado fuera delictivo. La magistrada Susana Polo, precisamente una de las firmantes del voto particular discrepante, fue la ponente del auto que negó el carácter delictivo a esa nota. Ahora ella afirma que ya entonces se descartó que la nota de prensa fuera ilegal y critica que sus antiguos compañeros de la sala hayan cambiado de interpretación durante el proceso.
El voto particular que cuestiona la condena
Las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer han firmado un voto particular de 53 páginas en el que desmontan punto por punto los pilares de la condena. Ambas sostienen que no queda acreditado que García Ortiz fuese el autor de la filtración, ni de forma directa ni a través de un tercero. El documento expone que no existe rastro de evidencia que vincule al exfiscal general con la filtración del correo electrónico del 2 de febrero de 2024 ni con la divulgación de información reservada. Las magistradas discrepantes consideran que el fallo carece de base probatoria y vulnera la presunción de inocencia del acusado.
Respecto a la nota de prensa, Polo y Ferrer mantienen que nunca constituyó ningún delito porque contenía datos que ya habían sido revelados previamente y porque servía para desmentir una acusación falsa sobre actuación ilícita de la Fiscalía. Las magistradas argumentan que informar a la opinión pública de que las acusaciones no eran ciertas era no solo una opción legal, sino la única opción legal. Sostienen que lo contrario habría sido dar por válida una afirmación que atacaba de plano la legalidad de la actuación del Ministerio Fiscal. Para ellas, la institución se limitó a desmentir acusaciones gravísimas lanzadas desde el entorno de la Comunidad de Madrid.
Reacciones políticas a la sentencia
El Partido Popular ha calificado a García Ortiz como el primer fiscal general del Estado delincuente, según declaró la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, antes incluso de haber leído la sentencia completa. Fuentes del PP apuntaron que la resolución condena a la persona que apretó el botón, pero no a la que ordenó hacerlo, señalando directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde estas mismas fuentes criticaron que desde Moncloa y Ferraz no pidan perdón a los españoles, sino que ataquen a los jueces y manifiesten que no comparten la condena.
El Gobierno optó por manifestar respeto hacia la decisión judicial. La ministra de Defensa, Margarita Robles, expresó su confianza total y absoluta en el Tribunal Supremo, subrayando que si no se confía en todas las instituciones, la democracia no funciona. Desde Sumar, el partido de Yolanda Díaz, denunciaron que se ha escrito una sentencia a demanda para condenar a un hombre justo, afirmando que la Fiscalía General del Estado solo trató de defender la institución de los bulos promovidos por los grandes poderes políticos, económicos y financieros de Madrid. García Ortiz anunció que pedirá cuanto antes la nulidad de la sentencia para acudir al Tribunal Constitucional.
