El Partido Socialista inicia los trámites para elaborar un informe que permitiría clausurar la investigación sobre Francisco Salazar, exalto cargo acusado de acoso sexual. El proceso ha generado tensiones entre la dirección federal y sectores de la militancia socialista que exigen transparencia y medidas disciplinarias más contundentes.
El comité antiacoso del PSOE ha comenzado la fase final de un proceso que podría concluir sin sanciones significativas para Francisco Salazar, exmiembro de la dirección del partido acusado de acoso sexual por varias militantes. Según ha podido confirmar este medio a través de fuentes cercanas al proceso, la dirección federal trabaja en un informe que daría por concluida la investigación interna, una decisión que ha generado malestar entre diversos sectores de la militancia socialista.
Salazar, quien formó parte del núcleo duro de Pedro Sánchez entre 2017 y julio de 2025, enfrenta acusaciones de múltiples mujeres que denunciaron comportamientos inapropiados durante años. El caso saltó a la luz pública en noviembre pasado, cuando la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, anunció que Salazar cesaría en su cargo de consejero de Educación de Aragón para facilitar la investigación interna del partido.
División en la militancia socialista
La gestión del caso ha provocado una fractura evidente en las filas del PSOE. Rebeca Torró, secretaria general de Organización en Zaragoza, ha sido una de las voces más críticas con el proceso. «Torró mantiene la misma posición de absoluta condena y de absoluto rechazo ante cualquier conducta machista», señalaron fuentes del partido. La dirigente zaragozana ha expresado públicamente su rechazo a la posibilidad de que el informe final minimice la gravedad de las denuncias.
Diana Morant, ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE valenciano, también ha manifestado su posición sobre la responsabilidad de los cargos públicos. Junto a Pilar Bernabé, responsable de Igualdad en la dirección federal, estas dirigentes han insistido en que el partido debe llegar «hasta el final» en la investigación y garantizar consecuencias proporcionales a la gravedad de los hechos.
En contraste, otros sectores del partido consideran que el proceso se ha alargado excesivamente. Según diversas fuentes gubernamentales, existe presión para cerrar el caso rápidamente, argumentando que la legislación interna no contempla los mecanismos que exigen quienes critican la lentitud del procedimiento. «Los términos serán muy duros, el PSOE no puede hacer nada más si alguna medida jurídica ni ningún procedimiento interno porque se ha dado de baja del partido», afirmaron estas fuentes.
El expediente y las denuncias acumuladas
El proceso interno se aceleró significativamente la semana pasada, después de que Pedro Sánchez contactara personalmente con Rebeca Torró. Según el relato de diversas fuentes, el presidente del Gobierno explicó que el comité antiacoso estaba ultimando un informe que se daría a conocer próximamente, aunque sin precisar cuándo. El documento recogerá las conclusiones de la investigación sobre las denuncias de acoso sexual presentadas por varias militantes.
Las acusaciones contra Salazar incluyen comportamientos inapropiados durante años, con testimonios de mujeres que señalan haber sufrido acercamientos no consentidos en diversos contextos relacionados con la actividad política. El caso se tramitó inicialmente de forma reservada, pero la presión mediática y las críticas de sectores feministas dentro del PSOE obligaron a la dirección a dar visibilidad al proceso.
El informe del comité antiacoso, cuya elaboración ha consumido varios meses desde que se formalizaron las denuncias, determinará si proceden sanciones disciplinarias o si se considera que la baja voluntaria de Salazar del partido constituye una resolución suficiente. La posibilidad de que no se impongan medidas adicionales ha generado críticas tanto internas como externas.
Comparecencia en el Senado
Paralelamente al proceso interno, el Partido Popular ha anunciado que citará a Francisco Salazar para que comparezca en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado. Según confirmó la portavoz popular en la Cámara Alta, Alicia García, en un vídeo distribuido a la prensa, Salazar será llamado a declarar en su condición de exasesor de la Moncloa y exmilitante socialista.
«El caso Salazar es un nuevo caso de encubrimiento, de complicidad de Pedro Sánchez con el delito, pero en esta ocasión de acoso sexual», afirmó García en sus declaraciones. La portavoz del PP argumentó que la decisión de citar a Salazar responde a que «Paco Salazar sabe demasiado, sabe de las primarias, sabe de los chanchullos y sabe de la banda del Peugot de la que formó parte».
La estrategia del PP busca vincular el caso Salazar con otros escándalos que afectan al entorno del presidente del Gobierno, incluyendo las tramas del caso Koldo y las primarias del PSOE. Sin embargo, desde el PSOE han rechazado esta vinculación, calificándola de «instrumentalización política» de un asunto de acoso sexual que debe resolverse en el ámbito interno del partido y, eventualmente, en los tribunales si procede.
Críticas al protocolo interno
Diversas militantes feministas del PSOE han cuestionado la efectividad de los protocolos internos del partido para gestionar casos de acoso. En declaraciones recogidas por medios de comunicación, algunas de estas voces han señalado que el proceso ha sido excesivamente lento y que la falta de transparencia genera desconfianza sobre la voluntad real de la dirección para abordar este tipo de situaciones.
«Se llegará hasta el final», ha repetido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en diversas intervenciones públicas. Sin embargo, sectores críticos dentro del partido consideran que esta afirmación carece de contenido concreto si no se especifican las medidas disciplinarias que se aplicarán o si el informe contempla procedimientos adicionales más allá de la expulsión ya materializada.
El caso Salazar se suma a otros episodios que han generado tensiones internas en el PSOE relacionados con la gestión de denuncias de acoso o comportamientos inapropiados. La resolución de este expediente se considera un test sobre la capacidad del partido para aplicar sus propios protocolos de igualdad y garantizar que las víctimas de acoso encuentren respuestas institucionales adecuadas. La publicación del informe del comité antiacoso, cuya fecha exacta aún no ha sido confirmada oficialmente, determinará si el proceso culmina con sanciones adicionales o si la dirección federal opta por considerar cerrado el caso tras la salida de Salazar del partido.
