El acto institucional en el Congreso de los Diputados se convirtió en escenario de reproches cruzados entre Gobierno y oposición, con Sánchez y Feijóo acusándose mutuamente de vulnerar la Carta Magna. La celebración registró ausencias significativas de Vox y los socios nacionalistas del Ejecutivo, mientras el caso Salazar y las privatizaciones sanitarias dominaron el debate político.
El patio del Congreso de los Diputados acogió el pasado 6 de diciembre una celebración del 47 aniversario de la Constitución española marcada por la división política y la confrontación. Lejos de la solemnidad habitual, el acto institucional se convirtió en un nuevo episodio de la polarización que atraviesa España, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, protagonizando un intercambio de acusaciones sobre quién incumple o ataca con mayor intensidad el texto constitucional. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, intentó elevar el tono con un llamamiento a recuperar el espíritu de la Transición y adaptar la Constitución a la diversidad territorial, pero sus palabras quedaron eclipsadas por la confrontación en los pasillos del hemiciclo.
La celebración, que debía simbolizar la unidad democrática forjada en 1978, evidenció las fracturas del sistema político español. Vox anunció su ausencia argumentando que no participará en una celebración que proyecta una imagen internacional de estabilidad que no se corresponde con la realidad. Los socios nacionalistas e independentistas del Gobierno tampoco acudieron al acto, dejando patente la brecha entre el Ejecutivo central y buena parte de sus apoyos parlamentarios. Solo estuvieron presentes representantes del PSOE, PP y Sumar, junto con cinco presidentes autonómicos del Partido Popular: Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Juanma Moreno Bonilla (Andalucía), Jorge Azcón (Aragón), Fernando López Miras (Murcia) y Juanfran Pérez Llorca, que se estrenaba en estos actos tras convertirse recientemente en presidente de la Comunidad Valenciana.
Sánchez defiende la sanidad pública y responde al caso Salazar
Pedro Sánchez utilizó el artículo 43 de la Constitución, que reconoce el derecho a la protección de la salud, para enmarcar su crítica al modelo sanitario del Partido Popular. El presidente acusó al PP de defender un sistema basado en privatizaciones que beneficia a empresas afines a administraciones conservadoras, en directa alusión al escándalo del Hospital de Torrejón de Ardoz gestionado por Ribera Salud. Sánchez afirmó que el artículo constitucional consagra el derecho a la salud pública de todos y no el negocio de unos pocos, señalando que siempre son las mismas empresas las que llenan sus cuentas de resultados. El jefe del Ejecutivo también respondió al mandatario estadounidense Donald Trump, quien había advertido sobre la desaparición de la civilización europea, replicando que Europa no será tutelada por nadie y que su fortaleza reside en la defensa de una sociedad abierta.
En los pasillos del Congreso, Sánchez abordó por primera vez públicamente el caso Salazar, el escándalo que rodea a su exasesor en Moncloa y exmiembro de la ejecutiva del PSOE acusado de acoso sexual por varias trabajadoras. El presidente asumió en primera persona un error en la velocidad de tramitación de las denuncias y negó cualquier connivencia con su excolaborador, asegurando que cortó toda relación cuando conoció el escándalo por la prensa. Sánchez se comprometió a reforzar el comité interno antiacoso del PSOE tras reconocer fallos en la interacción con las denunciantes, cuyas acusaciones desaparecieron durante meses del canal interno del partido antes de ser rehabilitadas. Ante las críticas de las feministas socialistas, el presidente respondió de forma tajante afirmando que el malestar lo tenemos todos, en un intento de contener la rebelión interna que amenaza con dañar la credibilidad del partido en políticas de igualdad.
Feijóo promete una etapa reconstituyente y ataca a Sánchez
Alberto Núñez Feijóo desplegó una ofensiva frontal contra el Gobierno acusando a Pedro Sánchez de presidir el Ejecutivo que más ha atacado la Constitución en sus 47 años de historia democrática. El líder popular se comprometió a dejar atrás lo que calificó como una época decadente y disolvente de la política española para ofrecer una etapa restituyente del texto constitucional y de las políticas constitucionales. Feijóo verbalizó su compromiso de preparar la celebración del 50 aniversario de la Carta Magna en 2028 y prometió que trabajará para que en esa efeméride haya un Gobierno constitucionalista que se sienta orgulloso de la Constitución, en contraste con lo que considera el desprecio actual del Ejecutivo socialista hacia el texto fundamental.
El presidente del PP también arremetió duramente contra Sánchez por el caso Salazar, asegurando que el presidente tenía conocimiento de las denuncias de acoso sexual contra su exasesor porque era un hombre de su absoluta confianza y uno de los muñidores de las primarias del PSOE que llevaron a Sánchez a la Secretaría General. Feijóo subrayó que lo ocurrido evidencia la hipocresía de las políticas de igualdad del Gobierno y del Partido Socialista, señalando que Salazar estuvo seis años conviviendo con Sánchez en Moncloa. Sobre la situación en la Comunidad Valenciana tras la catástrofe de la DANA que dejó 229 fallecidos, Feijóo optó por cerrar filas con el nuevo presidente Juanfran Pérez Llorca y afirmó que el PP ha pasado página definitiva, subrayando que el expresidente Carlos Mazón dimitió y asumió sus responsabilidades políticas al máximo nivel, algo que según él el PSOE nunca hace.
Armengol llama a adaptar la Constitución al siglo XXI
La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, pronunció el discurso institucional más profundo de la jornada al ensalzar el legado de la Transición y la integración española en la Unión Europea. Armengol defendió que la forma útil de hacer política es dialogar, pactar y pensar en el interés general, recordando que solo a través del consenso se llega a propuestas que beneficien a la mayoría. La dirigente socialista puso como ejemplos la reforma del artículo 49 aprobada el año pasado, la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2025 y el desarrollo normativo para la atención a pacientes con ELA, iniciativas que según ella demuestran que el consenso sigue siendo posible. Su discurso concluyó con un aplauso unánime de todos los presentes en el Salón de Pasos Perdidos.
Armengol abogó por adecuar la Constitución a la diversidad territorial de España para hacer de ella un texto del siglo XXI y reclamó la incorporación de nuevos derechos y libertades. La presidenta del Congreso recordó que el Gobierno ya ha iniciado el proceso para reformar el artículo 43 e incluir en la Constitución el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, lo que situaría a España entre los pocos países del mundo en blindarlo a nivel constitucional. También reclamó medidas públicas transformadoras para garantizar el derecho a la vivienda, dirigiéndose a los jóvenes con un mensaje claro sobre la crisis habitacional. Armengol insistió en que no está escrito en ningún sitio que una generación tenga que vivir peor que la anterior, alertando además del crecimiento de la desinformación y de los discursos racistas que socavan los valores democráticos en un contexto donde resurgen ecos del totalitarismo en Europa.
Las ausencias reflejan la fragmentación política
La celebración del 47 aniversario de la Constitución dejó patente la fragmentación del sistema político español a través de las ausencias significativas. Vox rechazó participar del homenaje porque no quiere formar parte de la imagen internacional de estabilidad que en su opinión se pretende dar con esta ceremonia y que no se corresponde con la realidad. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, declaró que su formación no participará en ninguna celebración de un Gobierno cercado por la corrupción política y económica y que ahora también tiene en su haber denuncias de acoso social desatendidas, en referencia al caso Salazar. Los socios nacionalistas e independentistas del Gobierno también brillaron por su ausencia, evidenciando la distancia entre el Ejecutivo de Sánchez y las formaciones que le dan apoyo parlamentario.
La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, advirtió que avanzar hacia el reconocimiento de la plurinacionalidad y la regeneración democrática de todos los estamentos del Estado implica necesariamente valentía y convicción, dejando claro que su formación no considera la Constitución de 1978 como un marco válido para el futuro de España. Otros territorios expresaron visiones contrapuestas sobre el significado de la efeméride. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, reivindicó la Constitución como un marco que reconoce la diversidad territorial y garantiza el autogobierno gallego, afirmando que Galicia seguirá defendiendo una España plural y con derechos para todos. Por su parte, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso protagonizó una de las intervenciones más críticas al acusar al Gobierno de romper la convivencia que nació en 1978 y de generar un clima de bandos y sospechas que erosiona los fundamentos democráticos.
El debate sobre el futuro de la Carta Magna
La conmemoración del 47 aniversario de la Constitución ha reabierto el debate sobre la necesidad de reformar o actualizar el texto fundamental para adaptarlo a los desafíos del siglo XXI. Francina Armengol expresó que la Carta Magna se escribió mirando a Europa y que ahora es posible situar Europa en la Constitución española, adecuándola a la diversa realidad territorial del país. La presidenta del Congreso subrayó que algunos de los retos que hay que enfrentar son la crisis de la vivienda, la violencia machista, el cambio climático y la defensa de los principios democráticos, cuestiones que considera deben incorporarse al texto constitucional. Armengol también hizo hincapié en la necesidad de defender el Estado del bienestar con la misma convicción con la que se construyó, rechazando que se cuestione o destruya la herencia europea de sanidad y educación pública.
El presidente del Gobierno reiteró su intención de agotar la legislatura y convocar las próximas elecciones generales en 2027, asegurando que cuenta con apoyos para sacar algunas iniciativas en el Congreso pese a la ruptura anunciada por Junts. Sánchez admitió que en este momento no hay contactos entre los socialistas y los de Carles Puigdemont y pidió paciencia, pero reiteró su propósito de completar la legislatura. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, calificó a Junts como un kleenex durante toda la legislatura, afirmando que el partido independentista ha consolidado a Salvador Illa en la Generalitat de Cataluña y no ha obtenido más que nervios y una ruptura con su electorado tras haber hecho un negocio ruinoso. El líder del PP insistió en que su compromiso es preparar una alternativa constitucionalista para las próximas elecciones generales.
